La Asamblea Legislativa Plurinacional recibirá en tres jornadas, entre el martes y jueves, el informe en conclusiones de la comisión que investigó la privatización y capitalización de las empresas estratégicas del Estado entre 1985 y 2005. Se estableció que el daño causado en ese entonces asciende a $us 10.200 MM y que actualmente la cifra sube a $us 21.000 MM.

El diputado del oficialismo Sergio Medinacelli informó que en la investigación no se identificó a los responsables porque ese trabajo corresponde a otras instancias, aunque sí, explicó, se determinaron las múltiples irregularidades cometidas en los procesos encaminados por los que denominó gobiernos neoliberales.

Los daños están cuantificados, aunque pueden ser mayores porque solo se tomó en cuenta aquellas cifras documentadas. “Sumando los costos estamos en 10.200 millones de dólares de entonces, que si los actualizamos al dólar de ahora estamos hablando de 21 mil millones de dólares; esa sería una estimación bien conservadora”, explicó.

En febrero de 2015, el Legislativo aprobó conformar la comisión especial con la participación de las tres fuerzas políticas con representación parlamentaria, que concluyó con un primer informe en 2017. La documentación encontrada hasta el momento llega a las 2.710 páginas, que están contenidas en tres tomos.

La documentación es amplia y no será suficiente una sola sesión legislativa, por lo que el informe será presentado en tres sesiones consecutivas, entre el martes y jueves. Todo lo encontrado será entregado a la Contraloría General del Estado, a la Procuraduría General del Estado y al Ministerio de Justicia.

“Identificamos las irregularidades, lo que hay que hacer ahora es tipificar esas irregularidades y establecer responsabilidades”, explicó el legislador, quien fue una de las personas que formó parte de la investigación.

 El Tribunal de Sentencia determinó que el tiempo que cumplió el exprefecto de Pando Leopoldo Fernández en detención domiciliaria no será computada en la sentencia de 15 años de cárcel, lo que fue calificado como un “exabrupto jurídico” por la defensa de la exautoridad. Anunció una apelación.

“(La sentencia) establece que no se va a computar la detención domiciliaria y esto es un exabrupto total porque existe una sentencia constitucional que establece que se computa la sentencia domiciliaria”, afirmó el abogado de Fernández Karlo Brito tras escuchar la lectura completa de la sentencia hecha conocer el viernes último.

Se benefició con detención domiciliaria desde febrero de 2013 luego de que la Justicia tomara en cuenta su delicado estado de salud. Guardó detención preventiva desde el 16 de septiembre de 2008 hasta febrero de 2013, en la cárcel de San Pedro y durante un corto tiempo en el penal de Chonchocoro.

Durante el proceso, la Fiscalía afirmó que se pudo demostrar que Fernández, como máxima autoridad de Pando en septiembre de 2008, ordenó que se cabe zanjas cerca de Porvenir para que no puedan transitar libremente los campesinos que presuntamente iban a tomar la Prefectura. Al forzar los marchistas su paso por las zanjas se produjo el enfrentamiento entre campesinos y funcionarios de la exprefectura afines a los cívicos de ese entonces con el saldo de 13 muertos.

Mary Carrasco, abogada de los familiares de las víctimas, afirmó en reiteradas oportunidades que la exautoridad sentenciada cumplió solo tres años de cárcel, por lo que deberá cumplir con el saldo de su condena.

El exprefecto fue condenado por el delito de homicidio en el grado de autoría mediata y se le absolvió de los delitos de terrorismo, asesinato, lesiones graves y gravísimas, y de asociación delictuosa.

También fueron condenados Edwin Ventura, exalcalde de Porvenir, Juan Marcelo Mejido y Hernán Justiniano.

“Lo que se ha determinado es que Leopoldo Fernández va a continuar en detención domiciliaria mientras que esta sentencia no sea ejecutoriada”, sostuvo.

Pasadas las 00.30 de este miércoles llegó desde Viloco hasta La Paz el cooperativista Ángel Arapaya en compañía del defensor del Pueblo, David Tezanos Pinto. Reivindicó su inocencia y reconoció que estuvo en la movilización de Panduro, sin embargo negó que haya estado en el lugar en el que murió el exviceministro Rodolfo Illanes.

El cuentapropista y Tezanos Pinto llegaron a instalaciones de la Fiscalía Departamental de La Paz, en el centro paceño. La autoridad viajó a Viloco y logró convencer al minero para que declare ante la comisión de fiscales sobre la muerte de Illanes en medio del conflicto cooperativista en Panduro, en la vía La Paz-Oruro, la jornada del 25 de agosto.

“Soy inocente, en ningún momento he participado (en la muerte del exviceministro). Tenía miedo que me torturen, lo que han hecho a otros compañeros. Sí estaba en Panduro pero yo no he participado en lo que indica el ministerio de Gobierno (Carlos Romero)”, afirmó escuetamente Arapaya en puerta del Ministerio Público.

Tezanos Pinto informó que el cooperativista le pidió en Viloco lo acompañe para prestar sus declaraciones con el objetivo de precautelar su seguridad física y derechos constitucionales.

“Vamos a tratar de velar para que aquellos descargos que ofrezca puedan ser debidamente atendidas en resguardo del derecho de partes”, explicó la autoridad, quien anticipó que solo estará en la instalación de la audiencia de toma de declaraciones.

La Policía ejecutó un operativo en Viloco con la intención de aprehender al que el Ministerio de Gobierno considera el principal implicado en la muerte de la exautoridad. La acción fracasó debido a la movilización de los pobladores, quienes lograron poner a buen recaudo al cuentapropista.

La Fiscalía allanó la tarde de este jueves los locales nocturnos Caballito y La Diosa tras la aprehensión de Ernesto C., quien tiene una denuncia por trata y tráfico de personas que fue presentada en abril. Un CPU, documentos y una mochila fueron secuestrados de los ambientes de La Diosa, que estaba al frente del Katanas.

Los fiscales Karina Cuba, Mónica de la Riva y Marco Antonio Vargas realizaron el allanamiento a ambas instalaciones ubicadas en diferentes zonas de la ciudad de La Paz en el marco de la pesquisa por trata y tráfico de personas. Al lugar llegó el abogado Rodrigo Carlo y aseguró que el negocio pertenece a su cliente de apellido F. y no al acusado.

Ernesto C. permanece en celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC). Se presentó el miércoles ante la Fiscalía para prestar declaraciones sobre la acusación en su contra y, desde entonces esta recluido en celdas policiales a la espera de su audiencia de medidas cautelares, en la que se determinará si se defiende de la denuncia en libertad o desde la cárcel.

Cuba informó que en La Diosa fueron secuestrados un CPU de computadora, documentos y una mochila, además –dijo- que en el interior estaba una mujer que fue llevada a la Fiscalía.

El Ministerio Público recientemente inició una investigación por trata y tráfico de personas, y organización criminal contra Marco C., dueño del local Katanas, que fue demolido.

El Caballito, es conocido como un local de «remate».

La Justicia rechazó el pedido de cesación de detención de la exministra Nemesia Achacollo y ratificó su detención preventiva en la cárcel de Miraflores. El fiscal del caso Angelo Saravia se opuso, en la audiencia, a viabilizar el pedido y reveló que resta aprehender a técnicos del gabinete y a un sobrino de la exautoridad.

Saravia informó en la audiencia que Achacollo favoreció con un proyecto de Bs 600.000 al senador Jorge Choque, mientras que la acusada reconoció que en 2011 ya tenía conocimiento de irregularidades en el entonces Fondo Indígena y que denunció los hechos en al menos 26 notas al directorio de la entidad.

La Sala Penal Tercera declaró improcedente el pedido de cesación de detención  y ratificó la detención preventiva de la acusada por los delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica.

El fiscal reveló que resta aprehender a algunos técnicos del gabinete y a un sobrino de Achacollo, quien estuvo por cinco años al frente del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras y del directorio del Fondo de Desarrollo para los Pueblos Indígenas Originarios y Comunidades Campesinas (Fondioc), que se financiaba con de parte de los impuestos petroleros.