Sectores sociales y entidades potosinas se movilizaron este lunes en defensa de las reservas de litio de ese departamento y en rechazo a los dos contratos que firmó el Gobierno con empresas de China y Rusia.

Estudiantes, docentes y administrativos de la Universidad Autónoma Tomás Frías (UATF) se movilizaron por la mañana y exigieron que se remita toda la información de los contratos para analizarlos técnicamente.

El rector Pedro López dijo que ya antes solicitaron información respecto a la tecnología que se aplicará en la explotación del litio boliviano; sin embargo, nunca les hicieron llegar la información.

Asimismo, aseguró que esos contratos no deben ser aprobados en la Asamblea Legislativa ya que se estaría cometiendo una “injusticia” contra los potosinos.

Pérez lamentó también que existan dos comités cívicos en Potosí, pues eso genera división y está afectando a la lucha del pueblo.

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Litio

Por la tarde, el Comité Cívico Potosinista (Comcipo) contestario protagonizó también una marcha de protesta.

Los cívicos consideran que esos contratos no beneficiarán al departamento pues recibirá muy pocas regalías.

“La peor ofensa es la del viernes cuando aprobaron un contrato con China. Eso no lo vamos a permitir. Hemos visto parlamentarios corruptos, vendidos porque perjudicaron al pueblo potosino. Le decimos a Luis Arce Catacora que ya no se haga la burla del pueblo potosino, que está en las calles y merece respeto», afirmó Alberto Pérez, presidente de Comcipo.

Comcipo se declaró en emergencia y no descarta más marchas y también convocarán a un concejo consultivo, donde se establecerá un comité de movilizaciones.

“Queremos regalías justas para Potosí. El domicilio nacional de YLB (Yacimientos de Litio Bolivianos) tiene que ser en Potosí. La socialización es con el pueblo potosino, el pueblo boliviano, con quienes están emplazados en el lugar de este proyecto. No vamos a perdonar que siga maltratando y robando al pueblo», agregó.

Las movilizaciones se activan después de que el viernes la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados aprobara el contrato del litio con la empresa china CBC.

El gerente de Boliviana de Aviación (BoA), Mario Borda, anunció este lunes que prevé hacer cambios en el itinerario de la estatal y “desconectar” los vuelos nacionales del eje troncal de los internacionales para evitar más demoras.

Borda asumió el cargo el viernes de la semana pasada y dijo que está trabajando para poner soluciones inmediatas en la empresa estatal que es blanco de muchas críticas, principalmente, por la demora en sus vuelos.

“Vamos a desconectar el itinerario, vamos hacer un puente aéreo La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, donde esté desconectado de vuelos internacionales y no se demoren nunca La Paz, Cochabamba y Santa Cruz; porque es troncal del país y necesitamos atender puntualmente”, dijo en radio Fides.

Asimismo, explicó que debe haber una lógica en los vuelos y éstos deben ser lineales, no circulares; “porque la gente no quiere pasear” y así se evitarán más demoras.

“No podemos demorar un vuelo de Santa Cruz a Sucre porque esperamos la conexión a Buenos Aires, demorar el vuelo a Miami porque esperamos en avión de Trinidad. Debe haber lógica de itinerario”, complementó.

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BoA

Borda aseguró que ni bien asumió el cargo se puso manos a la obra para solucionar estos problemas y dijo que el fin de semana BoA tuvo cuatro retrasos que, además, no son atribuibles a la empresa.

Además, explicó que se debe garantizar la puntualidad en los vuelos, pues BoA utiliza aviones alquilados y cada minuto de vuelo le cuesta unos $us 70 dólares y hay que buscar la eficiencia.

El ejecutivo remarcó que BoA no está en quiebra, “genera más dinero de lo que gasta” y anunció que en las siguientes semanas dará a conocer la situación económica de la empresa.

Dijo que buscará nuevas rutas y se modificarán algunos itinerarios para hacerlos más atractivos, rentables y generar más divisas para el país.

“Bolivia tiene que integrarse; por ejemplo, si vamos a Cuba, tenemos que ir por Panamá, por Caracas, o a Bogotá en función a la reciprocidad de otros países que están explotado nuestros cielos abiertos al 100%, pero BoA no va a esos lugares”.

Respecto a los vuelos internacionales, dijo que primordialmente deben salir de noche para que sean rentables, pues una aeronave requiere de un mínimo de 15 horas para pagar el alquiler.

Luego de una jornada de paro y movilizaciones que se concentró, principalmente, en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, los gremiales, productores, transportistas y exportadores advirtieron este lunes que no dialogarán con el Gobierno y radicalizarán sus medidas hasta que se derogue la ‘disposición confiscatoria’.

“No vamos a sentarnos en una mesa hasta que no esté derogada la disposición séptima, se deroga y al día siguiente estamos sentados viendo todas las exigencias de cada sector de la cadena productiva que hoy está más unida que nunca”, dijo Klaus Frerking, presidente en ejercicio de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO).

Asimismo, aseguró que, desde diciembre, durante los gabinetes agropecuarios con el Gobierno, advirtieron que “estaba entrando de contrabando esa disposición”. “No vamos a sentarnos en una mesa hasta que se derogue, la resolución de los ampliados es clara, no hay diálogo”, remarcó.

En tanto, Édgar Álvarez, dirigente gremial de Santa Cruz, calificó de exitosa la movilización de este lunes; y anticipó que las medidas continuarán con paros escalonados desde el jueves en todo el país y se radicalizarán hasta que el Gobierno atienda su pedido.

Anunció que la siguiente semana se reunirán en un nuevo ampliado multisectorial, donde cada sector hará conocer su postura y se asumirán nuevas determinaciones.

“Después de un amplio debate de evaluación de toda la cadena productiva y alimenticia tras movilizarnos hemos determinado que seguiremos movilizados; empezamos movilizaciones escalonadas en todos los departamentos”, complementó.

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Disposición

El dirigente aseguró que se mantienen en emergencia y reuniones permanentes con una demanda única: la derogación de la disposición séptima.

“Todas las instituciones hemos salido a exigirle al Gobierno que debe derogar la disposición y lo sostenemos; el Gobierno no quiere escuchar al pueblo, no vamos a parar hasta que se derogue”, anunció.

Este lunes diversos sectores realizaron un paro y movilización contra la disposición séptima sobre confiscaciones y decomisos. Sin embargo, en La Paz no se sintió la medida; mientras que en Oruro, Tarija, Sucre y Cochabamba hubo algunas marchas.

La polémica norma autoriza a las autoridades competentes el decomiso y confiscación de productos y alimentos que se acopien con el objetivo de venderse a un precio más elevado en un futuro próximo.

El sector productor, empresarial, industrial y gremial considera que la norma atenta contra la propiedad privada; y se puede aplicar de manera arbitraria.

El viceministro de Defensa del Consumidor, Jorge Silva, dijo que el Órgano Ejecutivo no tiene potestad para derogar la norma pues es una ley e instó a los sectores a dialogar para explicarles que a ellos no les afectará.

La disposición observada establece: “Con la finalidad de garantizar la disponibilidad y abastecimiento de alimentos esenciales, se faculta a las entidades competentes, activar acciones de control; fiscalización, confiscación, y/o decomiso de productos, a los actores de comercialización de alimentos; que almacenen o retengan y/o pretendan encarecer los precios de estos”.

En conmemoración de los 244 años de la gesta libertaria de Oruro, la Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo inauguró este lunes una nueva y moderna agencia de atención en esa ciudad, que beneficiará a 71.000 beneficiarios de la Renta Dignidad y 126.000 jubilados, asegurados, derechohabientes y población.

“Esta nueva agencia en Oruro es un ejemplo claro del compromiso que tiene la Gestora, que pone en el centro de atención a las personas a los trabajadores a los jubilados y a sus familias”, dijo el viceministro de Pensiones y Servicios Financieros, Franz Apaza.

Asimismo, destacó que el crecimiento de la población en Oruro demanda de mejor atención, principalmente para los trabajadores, asegurados, jubilados que ahora tendrán una oficina en pleno centro de la ciudad.

Las oficinas están ubicadas en la avenida Potosí No. 5243, entre las calles José Ignacio León y 1 de Noviembre.

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Gestora

“Con esta nueva Agencia se beneficiará a 71.000 personas de la Renta Dignidad y más de 126.000 asegurados que actualmente se tiene en el departamento de Oruro. Vamos a atender todo lo que es renta, prestaciones, operaciones, cobranzas”, destacó el gerente de la Gestora, Jaime Durán.

Además, la población en general podrá realizar trámites relacionados a la Gestora. Las instalaciones están en 218 metros cuadrados y cuenta con tres niveles.

Durán destacó, además, que 17 personas, entre coordinadores de prestaciones, de operaciones, gestores, Renta Dignidad, cobranzas, back office y jefe de agencia, atenderán al público.

En la oficina central de la Gestora en Oruro se atiende en promedio a 600 personas por día; por lo que se prevé que en la agencia se descongestionará los servicios y se espera recibir diariamente a unas 350 personas.

La Defensoría del Pueblo gestiona reuniones con las intendencias municipales de las ciudades capital y El Alto para coordinar acciones y controlar el alza de precios de varios alimentos de la canasta familiar.

Según la institución, esta labor es parte de sus atribuciones para precautelar el derecho a la alimentación de la familia boliviana.

Además, el objetivo de los encuentros es aunar esfuerzos para que la población pueda acceder a los alimentos a precios accesibles y se intensifiquen los controles interinstitucionales para evitar el agio y la especulación.

Una nota institucional indica que las acciones surgen luego del sondeo que realizó la Defensoría sobre el precio de artículos de primera necesidad de la canasta familiar. Ese estudio evidenció el incremento de precios en la cebolla, zanahoria y carne molida de res, entre otros productos, en los principales centros de abasto de diez ciudades capital del país.

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Precios

El documento evidencia que, entre agosto de 2024 y enero de 2025, el precio de la cuartilla de cebolla subió de Bs 8,94 a Bs 17,46 en la ciudad de La Paz; en Cochabamba este producto incrementó de Bs 8,85 a Bs 11,14 y en Santa Cruz, hubo un incremento de Bs 8,90 a Bs 13,86.

Asimismo, en el caso de la zanahoria, en ese periodo de tiempo, la cuartilla de este producto se incrementó de Bs 8,80 a Bs 12, 93 en La Paz; en Cochabamba de Bs 9,63 a Bs 15,83; y en Santa Cruz de Bs 8 a Bs 14,38.

Respecto al precio del kilo de carne molida de res, en La Paz el precio se elevó de Bs 30 a Bs 40,16; en Cochabamba de Bs 29,15 a Bs 41,32 y en Santa Cruz de Bs 30 a Bs 39, 32.

Similar relación de precios se reporta en Beni, Pando, Tarija, Potosí, Oruro, y El Alto, donde se realizó el sondeo de precios de 21 productos, entre alimentos secos, verduras y frutas.

Otros productos que también incrementaron sus precios en los centros de abasto de nueve de las 10 ciudades capital son el arroz de primera, fideo corto, carne de res pulpa especial, carne de pollo entero, leche pasteurizada y aceite comestible a granel.