Luego que, en Cusco, Perú, se detectará gripe aviar, las autoridades sanitarias de Bolivia determinaron intensificar los controles en las zonas fronterizas entre ambos países para evitar el ingreso de la enfermedad.

El Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (Senasag), a través del Jefe Nacional de Sanidad Animal, Esper Burgos, informó que se impide el ingreso de aves o productos derivados de éstos para evitar el contagio de la enfermedad en el país.

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“Lo que se ha pedido es Intensificar el control de ingreso de animales, en este caso aves o vehículos que transporten aves o algún subproducto que tengan que ver de origen aviar”, informó Burgos a Radio Fides. 

Informó que se hizo la representación ante el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) de Perú para que pueda informar sobre el brote de fiebre avícola en Cusco la semana pasada por lo que se tomaron las medidas restrictivas para el ingreso de aves desde Perú a territorio nacional.

Los controles se hacen particularmente en Yunguyo y Casani, principal paso fronterizo entre Bolivia y Perú.

Ante la detección de la gripe aviar en Cusco, las autoridades sanitarias del país vecino declararon 30 días de cuarentena para controlar la enfermedad.

La gripe aviar fue detectada el 25 de junio en la avenida El Ejército de la ciudad de Cusco, donde ser comercializa aves y donde se ha reportado alta patogenicidad de la enfermedad.

Emergencia

En Bolivia, el 27 de enero del año pasado se confirmó el brote de gripe aviar de alta patogenicidad en una granja de aves de postura (gallinas ponedoras de huevo) en el municipio de Sacaba, Cochabamba.

Ante ello, el Gobierno declaró emergencia zoosanitaria y activó un plan, que cumplió con los parámetros internacionales, para controlar y erradicar la enfermedad.

Cinco meses después, en junio, el Gobierno creó un fideicomiso de hasta Bs 22 millones para financiar con créditos la reactivación de los productores de gallinas de postura comercial afectados por la influenza aviar de alta patogenicidad en Cochabamba.

La enfermedad en Bolivia ocasionó la pérdida de unas 590.000 aves, entre muertas y sacrificadas, cifra menor respecto a otros países de la región como Ecuador, que registró el deceso de 1,3 millones de aves.

El Banco Central de Bolivia (BCB) prevé que las transacciones con activos digitales o criptomonedas cierre en $us 227 millones este año, luego que la semana pasada se autorizó el uso de este tipo de operaciones como alternativa para favorecer al comercio de bienes y servicios.

El presidente del BCB, Edwin Rojas, indicó que, pese a que el número de operaciones y los montos tranzados por este mecanismo digital han disminuido, se proyecta que vaya en aumento luego de autorizar su uso a través de la resolución de directorio 082/2024.

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“Las transacciones (con criptoactivos) han ido bajando de 727 millones de dólares en 2022 a 300 millones en 2023 y este año hemos calculado que esté alrededor de los 227 millones de dólares, claramente se ha visto que ha ido disminuyendo”, explicó.

Con las operaciones realizadas en el primer semestre, Rojas indicó que, en junio de este año, se tenga aproximadamente, en promedio unas 7.800 operaciones con montos menores a los Bs 100.000 mediante el uso de las plataformas digitales.

Además, se proyecta un monto de unos $us 50 millones en el primer semestre de este 2024 con las operaciones de activos digitales.

“En promedio, aproximadamente en el país estas transacciones estaban en el orden de las 12.000 operaciones, estas han reducido. En junio, nosotros calculamos que esté en el orden de los 7.800 el número de operaciones con valores menores a los 100.000 bolivianos”, dijo.

No obstante, el BCB enfatizó que la única moneda de curso legal en el país es el Boliviano conforme a la Ley 901 de 28 de noviembre de 1986. En este sentido, un activo virtual no es una moneda de curso legal, no es efectivo y no existe obligación, por parte de la población, para recibirlos como medio de pago, por lo que los riesgos inherentes al uso y comercialización de los mismos serán asumidos por los usuarios de dichos activos.

El Banco Central de Bolivia (BCB) reveló que entre 2022 y 2023 se realizaron en el país transacciones con activos virtuales o criptomonedas por un monto aproximado de $us 1.000 millones.

El presidente del ente emisor, Edwin Rojas, indicó que estas transacciones fueron en descenso desde 2022, siendo que ese año se llegaron a cerca de los $us 700 millones y en la gestión pasada se logró aproximadamente $us 300 millones.

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En “Bolivia aproximadamente se han tranzando durante 2022 y 2023 un valor estimado de 1.000 millones de dólares”, informó Rojas en conferencia de prensa.

Explicó que las transacciones al exterior menores a Bs 100.000 bajaron de 12.000 operaciones mensuales a 5.000 y que ahora los activos digitales pueden ayudar a recuperar este nivel.

Recomendación

El directorio del Banco Central de Bolivia (BCB) autorizó, mediante la Resolución 082/2024 del 25 de junio, el uso de los activos digitales o criptomonedas como recomendó el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat).

Rojas confirmó que, según la plataforma digital Dínamo, a través del cual se realizan las transacciones, en Bolivia unas 252.000 personas efectuaron las operaciones a través de estos canales virtuales y que en promedio se tranzaron por día unos $us 238.000.

“La plataforma, que es muy utilizada en nuestro medio, que es Dínamo, nos muestra lo que se tranza en promedio en Bolivia. Hasta hace poco estaba en el orden de 238.000 dólares diariamente, es un monto bastante interesante”, consideró el titular del BCB.

El domingo, Rojas señaló que el uso de los activos digitales puede ser muy útil y práctico para los comerciantes o para las familias que transfieren recursos al exterior para sus realizar sus diferentes actividades. No obstante, el uso de estas criptomonedas tiene sus beneficios como sus riesgos.

“Como Banco Central no estamos diciendo que los realice porque conlleva los riesgos, pero sí es una posibilidad que permite, de manera alternativa, los mecanismos tradicionales para el pago de todos los bienes y servicios”, agregó

La Cámara Nacional de Industrias (CNI) reiteró su planteamiento de llevar adelante una lucha frontal contra el contrabando en el país y en la región durante el noveno encuentro de la Alianza Latinoamericana Anticontrabando (ALAC), realizada en Santa Cruz.

El presidente de la CNI, Pablo Camacho, pidió a la Asamblea Legislativa aprobar las modificaciones a las normativas que sancionan a los contrabandistas, planteamiento presentado por el sector industrial.

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Señaló que la afectación del contrabando en Bolivia es de más de $us 3.300 millones al año, por lo que la lucha contra este ilícito debe ser una tarea conjunta.

“La CNI ha planteado a la Asamblea Legislativa disminuir la penalización de 200.000 a 10.000 UFV (Unidad de Valor de Vivienda) el valor del monto para que sea considerado como delito aduanero. Este año sólo uno o dos comisos llegaron a ese monto. Debe haber un compromiso del Gobierno y la Asamblea en aprobar esas modificaciones”, manifestó.

Recordó que la economía se ve afectada por el contrabando y, en el caso del sector industrial, afecta a más de 39.000 industrias y 600.000 empleos.

Camacho puntualizó que otra de las propuestas se refiere a la incorporación de los gobiernos municipales y departamentales en la lucha contra el contrabando, que debe darse a nivel del Estado.

Encuentro

El encuentro de la ALAC fue organizado por la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) y la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), como una iniciativa del sector privado con el objetivo de construir con los gobiernos de la región una agenda conjunta de cara a la reducción del contrabando.

De esta forma, la ALAC se constituye en el canal que facilita el intercambio de información y genera alianzas estratégicas, que trascienden las fronteras de los países y la articulación de los sectores público y privados.

Al encuentro asistieron más de 150 autoridades, voceros de organizaciones empresariales, actores del sector público y empresas privadas, para construir agendas conjuntas que mitiguen el comercio ilícito, así como compartir buenas prácticas y generar sinergias entre las diferentes partes.

Tres personas quedaron aprehendidas luego de ser encontradas en flagrancia cuando intentaban robar rieles cerca de la comunidad de Paria, en Oruro. La empresa Ferroviaria Andina SA denunció robos constantes de las barras metálicas.

“La Empresa Ferroviaria Andina SA comunica y alerta a la opinión pública en general y a la ciudadanía de Oruro, Potosí y Sucre, en particular, que no permitirá que delincuentes-antisociales roben rieles de sus vías, atentando la normal operación que realiza”, señala el comunicado.

La empresa señala que el robo de las rieles atenta contra la vida de su personal ferroviario y afecta el flujo de la carga minera de exportación, “impactando negativamente en las regalías regionales”.

Hace unos días también se registró otro robo en la localidad de Yotala, en Sucre. Los responsables también quedaron aprehendidos; uno de ellos recibió sentencia y otras 10 esperan la resolución de la Justicia.

A raíz de estos hechos, Ferroviaria Andina señala en la nota que intensificó los patrullajes. También hizo alianzas con las comunidades y coordina con las autoridades para denunciar los robos e identificar y detener a los autores.

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“Se utilizará tecnología para detectar a quienes intenten robar rieles. Se está desarrollando investigaciones y operativos para encontrar a los comercializadores de rieles en las ciudades”, se lee en el comunicado.

Ferroviaria Andina advierte además que no escatimará recursos y esfuerzos para detener el robo de rieles y así evitar el perjuicio al trabajo de la empresa boliviana “que genera empleos, cumple la normativa y con el pago de impuestos y regalías puntualmente”.