El Instituto Nacional de Innovación Agropecuaria y Forestal (Iniaf) lidera un ambicioso proyecto para transformar la producción de banano y plátano en el país. A través de su laboratorio de biotecnología, la institución trabaja en el desarrollo de semillas de alta calidad genética, con el objetivo de elevar el rendimiento agrícola de 25,6 toneladas por hectárea a 33,6 toneladas por hectárea en las principales zonas productoras del país.

Según explicó Joel Mamani, técnico del Iniaf, se realizan tareas de conservación de material genético en huertos madre y bancos de germoplasma ubicados en el Trópico de Cochabamba y los Yungas de La Paz.

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Biotecnología

Este proceso garantiza la producción de semillas seleccionadas de calidad, que luego son entregadas a los productores para optimizar sus cultivos.

Este proyecto forma parte de las acciones coordinadas entre el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, el Fondo Nacional de Desarrollo Integral (Fonadin), el Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (Senasag) y los propios productores de banano y plátano.

A través del Programa de Mejora de la Producción y Comercialización de Banano y Plátano, se busca mejorar los sistemas de producción, cosecha y poscosecha, con un enfoque orientado tanto al mercado interno como a la exportación.

“El Iniaf desarrolla plantas de banano de alta calidad genética mediante cultivos in vitro, libres de patógenos, lo que permite alcanzar una mayor producción y garantizar la sanidad fitosanitaria de los cultivos”, destacó el Ministerio de Desarrollo Rural en un comunicado oficial.

Con este impulso tecnológico, se espera que los productores alcancen un mínimo de 33,6 toneladas por hectárea, lo que fortalecerá la sostenibilidad financiera de las familias productoras y contribuirá al desarrollo agrícola del país.

El Gobierno, a través del Iniaf, reafirmó su compromiso con la innovación tecnológica, la protección del medio ambiente y el desarrollo sostenible de la agricultura en el territorio nacional.

La Confederación Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (Conamype) denunció públicamente que el Gobierno adquirió gorras de fabricación china para las celebraciones del Bicentenario, dejando de lado a los productores bolivianos.

Esta acción, de acuerdo con el sector, contraviene el Decreto Supremo 4505, que promueve la compra de productos nacionales como parte de la política de sustitución de importaciones.

“Rechazamos de manera categórica que el Gobierno compre gorras hechas en China, menospreciando la mano de obra calificada de los manufactureros nacionales y violando el decreto que impulsa lo ‘Hecho en Bolivia’”, afirmó Juan Carlo Vargas, dirigente de Conamype.

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Gorras

El sector manufacturero, especialmente los confeccionistas, esperan una respuesta del presidente Luis Arce y del Ministerio de Culturas, entidad señalada como responsable de la compra.

Los dirigentes demandan que se priorice la producción nacional, sobre todo en un contexto de crisis económica donde muchas familias dependen de este sector.

Por su parte, la dirigente paceña Cinthya Magueño resaltó la capacidad de los productores locales para cubrir la demanda de productos como estas gorras.

“Se ha realizado una adquisición de más de 20.000 gorras, cuando cientos de familias bolivianas podrían haberlas fabricado”, criticó.

Ante estos reclamos, el viceministro de Defensa al Consumidor, Jorge Silva, indicó que aún no se ha recibido una denuncia formal, pero advirtió que, de comprobarse la compra, se aplicarán sanciones a los responsables.

“Es política de Estado fomentar la producción nacional, y las autoridades que no respeten esta línea pueden ser sancionadas”, señaló Silva.

Los pequeños productores ponen en duda el compromiso del Gobierno con la industria nacional y el cumplimiento de las normativas que buscan fortalecer el mercado interno y la capacidad productiva de los pequeños negocios en el país.

Una Planta Procesadora de Alimentos, implementada por la Gobernación de Cochabamba, comenzará a operar en tres meses. Se producirán 90 toneladas de papa en tres variedades de productos.

La factoría está emplazada en la comunidad de Vila Vila, en el municipio de Sipe Sipe. Actualmente se realizan pruebas piloto para ingresar a la fase de comercialización de la papa.

“Vamos a comenzar la era de la industrialización y comercialización de la papa que se produce en la región andina del departamento. Hemos visto con satisfacción los primeros pasos que está dando esta industria. Se están realizando pruebas para que ya pueda salir al mercado con productos este año», señaló el gobernador Humberto Sánchez, en una inspección a la planta.

El responsable de la planta, Rubén Ferrufino, detalló que se industrializará 90 toneladas de papa y se lanzará al mercado tres productos: harina de papa, papa frita precongelada y papilla mixta para bebés.

Agregó que los productos tendrán el nombre de “Llajta Papa” y “Llajta Papilla” y serán comercializados en mercados, supermercados, restaurantes y toda una cadena de distribución, por lo que se consolidarán alianzas estratégicas con empresas.

INDUSTRIALIZACIÓN

El director de Complejos Productivos de la Gobernación, José Antonio García, explicó que la industrialización de la papa forma parte del proyecto Implementación del Complejo Productivo de Papa, en la Región Andina del departamento de Cochabamba. En 2018 se firmó un acuerdo entre la Gobernación y el Fondo Nacional de Desarrollo Integral (FONADIN). El documento tiene tres componentes: apoyo a la producción con semilla de papa, capacitación técnica y producción de los tres productos mencionados.

«Es un proyecto que comprende desde el apoyo a los productores hasta la industrialización de la papa. Productos hechos en Cochabamba con alto valor nutritivo», sostuvo.

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Asimismo, el proyecto beneficiará a productores de papa de nueve municipios de la región andina. Ellos entregarán la materia prima a la Planta Industrializadora de Alimentos. Entre ellos: Cocapata, Independencia, Morochata, Arque, Bolivar, Tapacarí, Tacopaya, Sipe Sipe y Capinota.

García señaló que para la producción de la papa frita precobgelada se utilizará papa de la variedad desirée y para la papilla mixta para bebés, las papas nativas como pinta bocas.

Finalmente se informó que este proyecto se implementa también en el marco de la Ley de Empresas Público Departamentales 994.

Los recursos que se generen serán invertidos en la sostenibilidad de la planta y para continuar apoyando a los productores de papa del departamento.

Luego de recibir un nuevo plazo de 72 horas para eliminar la disposición adicional séptima del Presupuesto General del Estado (PGE), que autoriza el control y decomiso de productos, el viceministro de Defensa de los Derechos del Usuario y del Consumidor, Jorge Silva, calificó a estos pedidos como irresponsables e inviables.

«Algunos dirigentes están buscando protagonismo político al estilo Camacho (Luis Fernando), con cartitas y plazos que son irresponsables e inviables. Dar 72 horas para derogar o abrogar una ley refleja desconocimiento total de las competencias del Ejecutivo y es una burda politiquería con temas que son fundamentales para la economía de la población boliviana», protestó la autoridad.

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Disposición

Productores, transportistas, industriales, empresarios, exportadores, comerciantes y gremiales piden la derogación de la norma, debido a que consideran que vulnera una serie de derechos constitucionales y afectará a la producción nacional.

En Santa Cruz le dieron un plazo al Gobierno hasta el 28 de enero para eliminar la disposición confiscatoria; mientras que, en La Paz, los gremiales y la Central de Trabajadores de Bolivia (CBT) establecieron el lunes 20 como fecha máxima para que la ley desaparezca del PGE. Caso contrario, iniciarán movilizaciones y medidas de presión.

Por ello, el viceministro Silva recalcó que estas medidas no son viables y, sobre todo, reflejan un claro trasfondo político en sus advertencias. En ese sentido, hizo un llamado para no dejarse manipular con ese tipo de declaraciones.

«Es inaceptable que algunos dirigentes, en lugar de defender los intereses reales de su sector, indirectamente respalde actividades que perjudican a la población, a las organizaciones criminales que almacenan productos no para abastecer el mercado interno, sino para fomentar el contrabando, afectando la economía de todos los bolivianos”, protestó Silva.

Asimismo, reiteró que la disposición busca combatir el agio, la especulación y el contrabando, por lo que no afectará a quienes operen de manera regular, bajo la normativa vigente.

La reciente decisión del Gobierno de ampliar de uno a tres años la autorización para la importación de diésel y gasolina fue bien recibida por el sector productivo cruceño. Sin embargo, advierte que la falta de dólares sigue siendo un obstáculo clave para que esta medida se traduzca en resultados efectivos.

El gerente general de la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo), Jaime Hernández, destacó que la simplificación de trámites siempre será positiva, pero enfatizó que el acceso restringido a divisas limita la capacidad de los privados para concretar importaciones. 

“Consideramos que el acceso a divisas es la principal limitante para encarar estos procesos de importación”, sostuvo.

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Importación

El Decreto Supremo 5313, aprobado el pasado miércoles, flexibiliza los requisitos para la importación de combustibles.

Ya no será necesaria la homologación del certificado de calidad por parte del Instituto Boliviano de Normalización y Calidad (Ibnorca), bastando su presentación ante la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH). Además, las certificaciones de calibración podrán ser realizadas por otras instituciones, y no exclusivamente por el Instituto Boliviano de Metrología (Ibmetro).

De acuerdo con el viceministro de Industrialización, Comercialización, Transporte y Almacenaje de Hidrocarburos, Adams Hurtado, la normativa busca agilizar los procesos para importadores y compradores de combustibles. Hasta el momento, 36 empresas han obtenido autorización para importar más de 25 millones de litros de diésel.

Dólares

Pese a estas facilidades, Hernández advirtió que solo quienes logren acceder a divisas podrán aprovechar la nueva normativa para garantizar su provisión de combustibles. Además, recordó que Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) sigue teniendo la responsabilidad de asegurar el abastecimiento de carburantes en el mercado interno.

El ministro de Hidrocarburos, Alejandro Gallardo, señaló al respecto que los sectores del agro sí tienen acceso a dólares, debido a que la mayor parte de su producción se destina a las exportaciones, por lo que se les paga en divisas.

La medida busca aliviar la presión sobre el suministro de combustibles en el país y generar nuevas fuentes de ingreso para los sectores que se vieron desabastecidos durante 2024.