Luego de concentrarse en la Cruz Papal de la ciudad de El Alto, una facción de la Federación Departamental Única de Trabajadores Campesinos Túpac Katari inició el recorrido a la ciudad de La Paz con el objetivo de cercar la plaza Murillo.

“Vamos a dirigirnos a sede de Gobierno a levantar la voz, a reclamar, a exigir todas nuestras demandas y reivindicaciones que estamos exigiendo desde el año pasado”, afirmó David Mamani, ejecutivo de la Federación.

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Federación

De acuerdo con el dirigente, participarán miembros y representantes de las 20 provincias de La Paz, que llegaron pese al bloqueo de choferes de El Alto.

Mamani explicó que el objetivo es cercar la plaza Murillo durante 24 horas para que el Gobierno tome consciencia de la difícil situación económica que atraviesan algunos sectores.

“Para que el Gobierno sienta y sepa escuchar a este gran pueblo que está clamando una vida digna, porque esos días estamos duramente golpeados por esta crisis”, señaló el ejecutivo.

En las últimas semanas, la escasez de combustibles, originada por la falta de divisas, genera el perjuicio de varias actividades y tiene como resultados el desabastecimiento y encarecimiento de algunos productos de la canasta familiar.

Por ello, la Federación Túpac Katari otorgó un plazo de 72 horas al presidente Luis Arce para que destituya a los ministros de Obras Públicas, Édgar Montaño, y de Hidrocarburos, Alejandro Gallardo; y al gerente de la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa), Franklin Flores.

“Tienen que irse, tienen que renunciar porque no han podido resolver problemas estructurales de economía, de política social”, protestó Mamani.

Asimismo, descartó participar en cualquier diálogo con el Gobierno, mientras no se realice el cambio de autoridades.

Mamani cuestionó al presidente Arce por realizar reuniones con “políticos fracasados”, en referencia a la Cumbre por la Democracia y la Estabilidad a la que convocó el Gobierno el martes, y señaló que el encuentro no brindó ninguna solución al tema económico que preocupa al país.

Este miércoles, la directiva de la Cámara de Diputados convocó a sesión para el jueves a las 08.30, en cuya agenda puso cuatro proyectos de créditos por un total de $us 330 millones de financiamiento externo.

El primero de ellos es el Proyecto de Ley 267/2024-2025 «que aprueba el contrato de préstamo «Programa Nacional de Emergencia para la Generación de Empleo fase II», suscrito el 10 de mayo de 2024 con el Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata (Fonplata), por un monto de hasta $us 100 millones.

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Créditos

Otro es el Proyecto de Ley 268/2024-2025 que aprueba recursos para el «Programa Nacional de Infraestructuras Complementarias para Espacios Deportivos en Unidades Educativas”, suscrito el 29 de agosto de 2024 con Fonplata, por un monto de hasta $us 50 millones.

El tercero es el Proyecto de Ley 271/2024-2025 «que aprueba el contrato de préstamo para el «Programa Nacional De Puentes Para El Desarrollo Mi Puente», suscrito el 5 de diciembre de 2024 con la Corporación Andina de Fomento (CAF), por un monto de hasta $us 110 millones.

Por último, el Proyecto de Ley 219/2024-2025 aprueba el contrato de préstamo para el «Programa Nacional De Implementación De Plazas Y Museos Del Bicentenario», suscrito el 6 de junio de 2024 con la CAF por un total de hasta $us 75 millones.

De acuerdo con el Gobierno, la solución a la crisis económica y escasez de carburantes depende de la aprobación de los 15 proyectos pendientes en la Asamblea Legislativa.

Con la sanción de un crédito por $us 75 millones, el martes en la Cámara de Senadores, quedan pendientes 15 proyectos por $us 1.592 millones.

Sin embargo, los legisladores de oposición se mantienen reacios a la aprobación de los proyectos, pues consideran que se incrementa el endeudamiento del país y que el Gobierno pretende desviar los recursos hacia otros rubros.

Según las autoridades, la aprobación de créditos permitirá un mejor flujo de divisas en el país, lo que viabilizará la importación de carburantes y el pago de la deuda externa, gastos que explican la falta de dólares.

En la sesión del jueves también se tratarán otros proyectos en materia electoral de cara a los comicios del próximo mes de agosto.

La Defensoría del Pueblo emitió un pronunciamiento este miércoles ante el aumento de la conflictividad social derivada de la crisis económica en el país, marcada por la escasez de dólares, el desabastecimiento de combustibles y el alza de precios de alimentos, medicamentos e insumos básicos.

El organismo destacó que sectores como transportistas, empresarios y comerciantes han expresado su malestar y anunciado medidas de presión, exigiendo respuestas urgentes del Estado. Este miércoles, por ejemplo, dos sectores anunciaron protestas por el encarecimiento de la vida en general y por la escasez de combustibles.

“Se exhorta a las autoridades de Gobierno, en sus diferentes niveles, a optimizar la gestión de la conflictividad en el país. Esto implica priorizar el diálogo como mecanismo de resolución de controversias y atender las demandas de los sectores movilizados, con el propósito de prevenir la agudización de los conflictos, proponer soluciones viables y transparentes”, señala al respecto el pronunciamiento.

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Defensoría

La Defensoría reconoció que la Constitución Política garantiza el derecho a la protesta como «mecanismo legítimo para expresar demandas», pero advirtió que este derecho «tiene límites cuando se adoptan actitudes hostiles». Por ello, instó a los movilizados a actuar «de manera pacífica y dentro del marco legal».

Citando jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el organismo recordó que las fuerzas policiales deben emplear la fuerza de manera «legítima, necesaria y proporcional», respetando los derechos humanos durante las intervenciones.

Exhortó a las autoridades a buscar el diálogo para gestionar la conflictividad, para de esta manera “asegurar el bienestar general y la convivencia pacífica de todas y todos los bolivianos”.

La Defensoría señaló que la escasez de divisas y combustibles ha generado un «encarecimiento de la canasta familiar» y afectado actividades económicas, lo que ha derivado en protestas en varios departamentos.

El organismo anunció que mantendrá un monitoreo constante de la situación para «proteger los derechos humanos» y promover «iniciativas que fortalezcan la convivencia pacífica».

Sin tomar partido, la Defensoría subrayó su rol constitucional de velar por la dignidad humana y pidió a todos los actores priorizar el diálogo en un escenario donde la tensión social podría escalar si no se abordan las causas estructurales de la crisis.

Un grupo de al menos 500 transportistas destruyó el martes con maquinaria pesada un puesto de cobro de peajes de Vías Bolivia en Ivirgarzama, Cochabamba, en medio de protestas vinculadas a la escasez de combustibles.

El viceministro de Transporte, Enrique Ponce de León, anunció que se iniciarán acciones legales contra los responsables bajo el artículo 223 del Código Penal, que sanciona la destrucción de bienes estatales.

Según el funcionario, los atacantes superaron en número a los cinco policías y personal de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) que custodiaban el lugar.

«Condenamos estos actos y llamamos a respetar las leyes que mantienen el orden jurídico», declaró Ponce de León, tras señalar que el incidente se enmarca en convocatorias de algunos sectores del transporte a no pagar peajes ni impuestos.

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Transportistas

El dirigente del Transporte Pesado de Oruro, Jorge Gutiérrez, había anunciado el lunes que su sector suspendería el pago de tributos y peajes ante la imposibilidad de acceder a divisas para adquirir combustibles, medida que propuso el Gobierno para aliviar la escasez de carburantes.

El viceministro advirtió que tales llamados constituyen «instigación pública a no pagar tributos», delito penado por el Código Tributario.

El Gobierno reiteró que la red vial nacional depende financieramente del cobro de peajes, y que su destrucción afecta la mantención de carreteras, por lo que la medida es contraproducente para el propio sector. Por ello, Ponce de León instó a los transportistas a no seguir consignas que violen la ley, mientras la tensión por la falta de diésel y gasolina agudiza el conflicto entre el sector y el Estado.

Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) anunció el domingo que esta semana se debe regularizar el suministro de combustible, pero el transporte pesado denuncia que no se cumplió el compromiso, por lo que se declaró en quiebra.

El presidente de la Cámara Nacional de Industrias, Pablo Camacho, afirmó en una reciente entrevista que la economía del país no se regulará mediante decretos gubernamentales, sino con políticas estructurales que generen estabilidad y crecimiento. Camacho enfatizó que las medidas anunciadas por el gobierno tienen un impacto marginal y que el empresariado boliviano ha logrado unificar esfuerzos como nunca antes en su historia.

Un empresariado unido ante la crisis

En diálogo con el programa Piedra, Papel y Tinta, Pablo Camacho señaló que más de cincuenta instituciones de distintos sectores se reunieron en torno al comité multisectorial, con el objetivo de defender la seguridad jurídica y la estabilidad económica del país. Este movimiento, que ha reunido a gremios de diversas regiones, responde a la preocupación por las recientes medidas del gobierno, que afectan el sector productivo.

“Imagínate tener a la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), FEAGRO, CANIOP, los sectores de la leche, cárnicos y exportadores, todos unidos. Esto es histórico”, destacó Camacho.

Sin embargo, aún existen divergencias dentro del empresariado. La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) no se ha sumado al comité multisectorial, pese a haber sido invitada. Aun así, Camacho subrayó que el espacio sigue abierto para todos los sectores que deseen integrarse.

Decisiones gubernamentales con impacto limitado

Respecto a las recientes medidas económicas del gobierno, Camacho expresó dudas sobre su eficacia. Considera que acciones como la ampliación del horario del teleférico en La Paz o la reducción del parque automotor estatal no tienen un efecto significativo en la reactivación económica. Según camacho no se puede regular la economía con amenazas y decretos»

“Si consideramos que el parque automotor del Estado representa solo el 1.6% del total de vehículos en Bolivia, reducirlo a la mitad no genera un impacto real en la demanda de combustibles”, explicó.

Para el líder empresarial, es fundamental que se impulsen políticas económicas sostenibles, que garanticen la estabilidad del sector productivo y no dependan de medidas transitorias.

Seguridad jurídica y estabilidad económica

Uno de los puntos centrales de la discusión fue la disposición séptima, cuya aplicación fue suspendida tras la admisión de una denuncia en el Tribunal Constitucional Plurinacional. Sin embargo, Camacho advirtió que esta decisión no desactiva la preocupación empresarial ni las acciones que tenían previstas.

“Este fallo nos da una certeza temporal, pero los problemas persisten. Aún enfrentamos el desabastecimiento de diésel y la incertidumbre sobre el incremento salarial”, sostuvo.

La falta de liquidez también es una preocupación clave para el sector empresarial. Camacho señaló que la aprobación de un crédito de 1.600 millones de dólares en la Asamblea Legislativa no resolverá la crisis si no se garantizan condiciones favorables para la inversión privada.

“La economía no se va a regular con amenazas. No podemos sostener un tipo de cambio artificialmente sin respaldo real”, afirmó.

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El futuro de la movilización empresarial

Tras el fallo del Tribunal Constitucional, el comité multisectorial evaluará la continuidad de la movilización planificada para el próximo lunes. Camacho indicó que la decisión se tomará en una reunión virtual con los distintos sectores.

“Este movimiento no tiene un trasfondo político, como algunos han intentado sugerir. Se trata de proteger la propiedad privada y garantizar condiciones adecuadas para el desarrollo industrial en Bolivia”, enfatizó.

A medida que la situación económica del país evoluciona, el sector privado sigue presionando por soluciones estructurales que permitan la sostenibilidad y el crecimiento económico.