La quinta reunión del Comité Multisectorial determinó este lunes mantener las movilizaciones en todo el país en rechazo a la disposición séptima sobre decomisos y se sumó al Comité Cívico Potosinista (Comcipo), en este caso para rechazar los contratos de litio.

El encuentro se realizó este lunes en Potosí con la participación de más de 30 gremios y Comcipo.

César González, secretario ejecutivo de la Confederación Nacional de Gremiales, presentó una resolución con ocho conclusiones.

“La propiedad privada, la estabilidad de las cadenas de abastecimiento y nuestras fuentes de trabajo están siendo atentadas por la Ley Financial que contiene una disposición que facilita las confiscaciones, decomisos; que dará lugar a una pelea interna entre los diferentes sectores económicos que son parte de la cadena productiva”, dijo González.

Asimismo, explicó que los sectores continúan en emergencia y exigen al Poder Legislativo la derogación inmediata de la disposición séptima.

Según el documento presentado, con esa norma prevén que habrá conflictos en lo económico, social y político.

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Litio

Recordó que los sectores están atravesando ya por varios problemas debido a la crisis económico, falta de dólares; desabastecimiento de combustible, alza en los pasajes, la carne de res y otros alimentos.

Remarcó, además, que ninguna de las instituciones que participó del ampliado y las que son parte de las cadenas de abastecimiento, asistirá a las reuniones con el Gobierno para tratar la reglamentación de esa disposición.

Aseguró que es necesario que las autoridades dejen trabajar a los grupos económicos congregados en el Comité Multisectorial.

González indicó que a pedido de los cívicos de Potosí decidieron incluir en sus demandas, que se cuente con una Ley del Litio; antes de cualquier acuerdo de explotación de este recurso.

“Las movilizaciones seguirán de manera escalonada. En caso de que no se derogue la disposición séptima, radicalizaremos las medidas a nivel nacional”, explicó, y dijo que el próximo martes se volverán a reunir para anunciar las medidas.

Determinaciones

1. Exigir al Órgano Legislativo la derogación inmediata de la disposición adicional séptima de la Ley del Presupuesto 2025 (ley “confiscatoria”).

2. Ninguna de las instituciones integrantes de este ampliado y las que son parte de las cadenas de abastecimiento asistirá a ninguna reunión para tratar la reglamentación de dicha disposición.

3. Pedimos a nuestras autoridades que piensen en la población y nos dejen trabajar para continuar produciendo; haciendo circular el dinero, generando fuentes de trabajo en favor de los bolivianos.

4. El Comité Cívico Potosinista, junto a toda la institucionalidad de Potosí, acuerda al pedido de anulación de la disposición confiscatoria manifestando que no se permitirá que se confisquen, que se decomisen o que se quite mercadería de los integrantes de las cadenas de abastecimiento.

5. El Comité Multisectorial a pedido del Comité Cívico Potosinista incluye en su lista de demandas urgentes el pedido de contar con una Ley del Litio; antes de cualquier acuerdo de explotación de este recurso.

6. Continuaremos realizando reuniones y escuchando a todos los departamentos y sectores, mientras continúan las movilizaciones escalonadas y en caso de que no se derogue, radicalizaremos las medidas nacionales.

7. Rechazamos de manera unánime los contratos contraídos con Uranium One Group y la Hong Kong CBC correspondientes a los proyectos de Ley 170 y 197 de la gestión 2024/2025.

8. Convocamos al sexto encuentro multisectorial para el martes 25 en la ciudad de Oruro

La Asociación de Productores de Oleaginosa y Trigo (Anapo) denunció este lunes que el Gobierno no está entregando el Certificado de Abastecimiento Interno, principal requisito para autorizar la exportación de soya.

Los productores se mantienen en alerta y temen la pérdida de mercados en el exterior debido a que este año no fue expedido el documento.

El gerente de Anapo, Jaime Hernández, explicó que el Decreto Supremo 3920, de 2019, establece que cada gestión, a principios de enero; se debe liberar el equivalente a un 60% de la producción de soya del año anterior.

“Se autoriza la exportación de grano de soya equivalente al sesenta por ciento (60%) de la producción nacional de la gestión anterior según datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística–INE; previa verificación de suficiencia y abastecimiento en el mercado interno a precio justo”, dice el artículo 1 del mencionado decreto.

Según los soyeros, el certificado debía emitirse hasta el 10 de enero; sin embargo, hasta este 17 de febrero aún no se ha emitido.

Soya

“Debido a esa situación desde enero de 2025 no se ha exportado ni un solo grano de soya; causando un gran perjuicio a los productores que ven en este mecanismo la posibilidad de poder negociar mejor sus precios con los compradores, es el reclamo que haremos”, indicó Hernández en Unitel.

El gerente de la entidad productiva dijo que se hicieron las gestiones con el Ministerio de Desarrollo Rural y con el de Desarrollo Productivo, pero aún no tienen ninguna respuesta.

“Entendemos que el Viceministerio de Comercio Interno que depende del Ministerio de Desarrollo Productivo es la instancia que no está dando cumplimiento a la emisión del certificado de abastecimiento interno para el grano de soya”, denunció.

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Perjuicio

Los soyeros están en emergencia, pues temen perder la credibilidad de los compradores en mercados del exterior. Indicó que les preocupa es que el precio vaya a disminuir en plena cosecha de la campaña de soya de verano.

Temen, además, que al no exportar no podrán cubrir los costos de producción y que el Gobierno asuma la misma decisión con otros granos como el sorgo, maíz y trigo.

Hernández indicó que en el país hay más de 14.000 productores, entre pequeños, medianos y grandes; que están siendo perjudicados con el incumplimiento de Gobierno.

En noviembre de 2024, La Razón informó que a septiembre de ese año las exportaciones de soya y sus derivados cayeron drásticamente en el país, con una reducción de $us 523 millones y 708.000 toneladas, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).

Los soyeros esperan recuperar este 2025 las ventas y acercarse a las cifras de 2023, cuando la soya generó divisas por más de $us 1.750 millones; gracias a la exportación de 3,2 millones de toneladas, consolidándose como “la reina de las exportaciones” en Bolivia.

La reunión multisectorial que analizará nuevas medidas para exigir la derogación de la disposición séptima del Presupuesto General del Estado (PGE) se instaló la mañana de este lunes en instalaciones del Comité Cívico Potosinista (Comcipo).

En el encuentro participarán también dirigentes de Comcipo que reclaman contra dos contratos de litio firmados con una empresa china y otra rusa y que están en revisión de la Asamblea Legislativa Plurinacional.

El presidente de Comcipo, Alberto Pérez, criticó que el Gobierno por tomar decisiones en solitario, sin consultar a las instituciones. 

“Queremos ser más estratégicos y queremos ir juntos con nuestras demandas para hacer fuerza. Entonces, el día lunes (por hoy) vamos a tratar ambos temas: la Disposición Séptima y el tema del litio”, confirmó el dirigente.

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Más de 45 gremios participan del encuentro, además de industriales y empresarios que reclaman contra la disposición séptima sobre confiscaciones.

Los sectores protagonizaron la semana pasada un paro de 24 horas; sin embargo, éste tuvo fuerza solo en Santa Cruz.  Luego de esa medida, anunciaron que realizarán movilizaciones escalonadas hasta conseguir la derogación de esa norma.

Los sectores productor, empresarial, industrial y gremial consideran que la norma atenta contra la propiedad privada y se puede aplicar de manera arbitraria.

La disposición séptima de la Ley 1613, del Presupuesto General del Estado (PGE) 2025, faculta realizar “confiscación y/o decomiso de productos”. Esto en relación a “los actores de comercialización de alimentos, que almacenen o retengan y/o pretendan encarecer los precios de los mismos”.

El Gobierno convocó a varios sectores a dialogar sobre la norma observada y garantizó que ésta está en pausa hasta que sea consensuada con todos los sectores.

La empresa argentina Ferromutún importará 900.000 toneladas de hierro de la Empresa Siderúrgica del Mutún (ESM) de Bolivia durante dos años. El domingo, un convoy de 12 barcazas cargó 25.000 toneladas con destino a ese país, informó el presidente de la estatal, Jorge Alvarado.

“Nuestro cliente a quien hemos vendido el mineral se llama Ferromutún y vamos a seguir sacando esta cantidad de mineral en los meses siguientes. Tenemos un contrato con esta empresa para poder sacar 900.000 toneladas, eso lo vamos a hacer en el transcurso de unos 2 años”, informó Alvarado.

Las 12 barcazas partieron el domingo de la terminal de Puerto Busch, en Santa Cruz, cada una llevando entre 2.000 a 2.300 toneladas del mineral rumbo a Argentina. En el acto participó también el ministro de Minería y Metalurgia, Alejandro Santos.

Asimismo, asistió el presidente de la Mancomunidad de Municipios Chiquitanos, Pedro Dorado López; y el presidente de la Empresa Siderúrgica del Mutún visitaron la terminal de carga de Puerto Busch.

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Toneladas

“Están haciendo el carguío a las barcazas para sacar los 25.000 (toneladas) y seguiremos exportando el material hierro que tenemos y eso va a ser para el bien de todos los municipios de este sector tan importante para el bien del departamento de Santa Cruz y para el bien de todo el pueblo boliviano”, resaltó Santos.

Alvarado, indicó también que por día cargan entre 6.000 a 8.000 toneladas por día, un récord en la región “gracias a la destreza y experticia de sus trabajadores”.

La ESM es administradora de la terminal de carga de Puerto Busch.

El Complejo Siderúrgico del Mutún está conformado por siete plantas: Concentración, Peletización, Reducción Directa del Hierro (DRI), Acería, Laminación, Central Eléctrica y Auxiliares. Las primeras cinco son parte de la cadena productiva.

En la etapa de pruebas con carga, el Complejo Siderúrgico del Mutún produjo en enero de este año sus primeras barras corrugadas para la construcción y alambrón.

Hace unos días, el ministro Santos informó se tiene previsto inaugurar el Complejo Siderúrgico del Mutún este próximo 24 de febrero.

El viceministro de Turismo, Hiver Flores, proyecta un movimiento económico superior a los Bs 380 millones durante el Carnaval de Oruro en el año del Bicentenario.

“Pretendemos superar, en cuanto al turismo interno y receptivo, los 380 millones de bolivianos para la gestión 2025”, aseguró el domingo.

Recordó que la actividad reúne a miles de turistas extranjeros y nacionales; y en esta época del año el turismo “se fortalece y hace que la economía se diversifique”.

Asimismo, Flores dijo que el Gobierno realiza varias actividades para potenciar la cultura y el turismo en el país; y en el caso del carnaval se invitó al grupo infantil Nansana Kids Foundation de Uganda. Los jóvenes y niños arribarán el 27 de febrero; estarán en el Carnaval de Oruro y visitarán el Salar de Uyuni, en Potosí.

“Tenemos contactos a diario (con Nansana Kids) a través de videollamadas y están muy emocionados de venir. El alcance que tienen permitirá que Bolivia tenga una mayor visibilidad a nivel mundial; porque tienen seguidores en todo el mundo”, explicó.

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Carnaval

El Ministerio de Culturas oficializó el sábado el lanzamiento del Carnaval boliviano y la Vendimia del Bicentenario con la reafirmación de la defensa de la riqueza cultural. La actividad contó con la representación de las danzas de los 22 carnavales de nuestro país.

En el acto, la ministra de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización, Esperanza Guevara, informó que el ministerio que preside trabaja en la proyección, recuperación, conservación: revitalización y difusión del patrimonio material e inmaterial”, que se constituye en una tarea principal en el año del Bicentenario de Bolivia.

En año pasado, el Carnaval de Oruro generó un movimiento económico de Bs 280 millones; debido al bloqueo de carreteras.

El Carnaval de Oruro fue declarado por la Unesco como “Obra Maestra del Patrimonio Oral e Intangible de la Humanidad” el 18 de mayo de 2001.