Crisis económica e inicio de clases

Roberto Aguilar Gómez
El inicio del calendario escolar, que coincide con los primeros meses del año, abre para las familias un calendario de gastos relacionados con la educación de sus hijos. Más allá de los costos de matrícula, que se aplican en las instituciones privadas, se presentan gastos adicionales como la compra de uniformes, útiles escolares, el pago de transporte, tecnología, cuotas y otros. Estos gastos, se pueden clasificar en necesarios, complementarios y prescindibles en función de las posibilidades económicas de las familias.
La categorización de los gastos, constituye una forma de visibilizar las disparidades en el acceso a la educación. Mientras que, para algunos grupos familiares, ubicados en unidades educativas privadas, el pago de pensiones, la adquisición de textos originales de la editorial prescrita o la tecnología constituyen gastos imprescindibles para el desarrollo educativo, para otros, en contextos de mayor vulnerabilidad socioeconómica, lo imprescindible se reduce a un cuaderno nuevo, el texto del hermano mayor o el pago de la cuota a la directiva de padres de familia, por más que ella este prohibida.
Esta clasificación, aunque pueda parecer arbitraria, ilustra cómo una crisis económica, que afecta los precios del transporte y la alimentación por la inflación, impacta también en otros componentes del gasto educativo. El alza de precios reubica progresivamente los materiales educativos en niveles cada vez más difíciles de adquirir, transformándolos de necesarios en complementarios y, finalmente, en prescindibles.
La reclasificación del gasto educativo familiar refleja el empobrecimiento progresivo de la sociedad, consecuencia de la pérdida del poder adquisitivo de los ingresos. En el ámbito educativo, este empobrecimiento se traduce en la disminución de las posibilidades de acceso y permanencia en el sistema educativo. La dificultad para costear materiales escolares, el transporte o las cuotas puede conducir al abandono escolar y a la deserción. Este fenómeno se agrava en contextos de vulnerabilidad, donde las familias se ven obligadas a priorizar necesidades básicas por encima de la educación.
En el pasado Bolivia enfrentó profundas crisis económicas que han impactado con mayor fuerza en los sectores pobres y han generado el empobrecimiento de los sectores medios. La historia de la educación, de igual manera, tiene registrado que el abandono escolar, el analfabetismo y el deterioro de la calidad educativa son algunas de las consecuencias más visibles de los desajustes en la estabilidad económica.
Es importante recuperar la memoria colectiva para no olvidar que la crisis derivada del neoliberalismo hasta el 2005, nos dejó precarios indicadores educativos, con tasas de analfabetismo por encima del 13%, abandono escolar con cerca del 6,5%, el acceso educativo en primaria con el 97% y en secundaria con el 82%, con un 11% de la población sin ningún nivel educativo.
Después de 14 años de estabilidad económica (2006 – 2019), fueron visibles los cambios en la estructura de indicadores de la educación: analfabetismo del 2.5%, abandono escolar del 1.7% en primaria, 99% de acceso en primaria y 92% en secundaria, con un 4.7% de la población sin ningún nivel educativo.
Nos encontramos nuevamente en el inicio de una crisis económica, con indicadores que sugieren una posible profundización. Factores como la drástica reducción de las Reservas Internacionales Netas, la escasez de dólares en el mercado, la dificultad para cubrir la demanda de combustibles y una creciente tasa de inflación, marcan un panorama preocupante.
La ausencia de políticas económicas adecuadas aumenta el riesgo de que esta crisis impacte con mayor fuerza en los sectores más vulnerables de la población, afectando derechos fundamentales como la educación. Es imprescindible establecer que el derecho a la educación no puede ser factor de ajuste (reducción de presupuesto) y se debe preservar el Artículo 77 de la CPE que garantiza que la educación sea considerada prioridad del Estado.
Roberto Aguilar Gómez es docente investigador de la UMSA y exministro de Educación.