La cuenta regresiva para el Desfile Navideño de El Alto ya empezó y los detalles están casi listos. La Alcaldía de El Alto confirmó para el sábado 21 de diciembre el que esperan sea un multitudinario evento para compartir con la familia.

El recorrido está confirmado. Los grupos participantes tomarán el carril de subida de la avenida Ladislao Cabrera. Allí se desplegará al menos 70 guardias municipales, para el ordenamiento del tráfico vehicular.

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“En primer lugar vamos a desplazar a dos efectivos de Guardia Municipal de Transporte por diferentes puntos en toda la avenida Ladislao Cabrera en el carril de subida a la Terminal Metropolitana. Esa avenida va a estar totalmente cerrada desde el Cruce Villa Adela”, detalló el secretario municipal de Movilidad Urbana, Reynaldo Cusi.

DESFILE NAVIDEÑO

La municipalidad indicó que se realizará el corte al paso de motorizados por todo este carril de la avenida, desde La Rotonda cerca de la avenida Bolivia y la arteria Oleoducto, donde será el punto de inicio.

“Ese día solamente va a estar habilitada la vía de bajada de la avenida Ladislao Cabrera, pero tampoco podrán parquear vehículos en ese sector porque va a ser de doble sentido”, señaló el funcionario.

El corte de vía se realizará desde mediodía y hasta al menos las 20.00, por lo que se pidió tomar recaudos. Como parte de los operativos, la Alcaldía dispondrá de cuatro ambulancias y dos carpas de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia.

El evento congregará a las familias y a decenas de grupos participantes, que alegrarán las fiestas con sus carros, coreografías y disfraces. Uno de los números confirmados es el de la Escuela Municipal de Danza (EMDA).

“Vamos a presentar distintas coreografías, entre villancicos y temas navideños para lo cual estamos preparando a nuestros estudiantes además de los elencos que tiene el ballet folklórico”, informó la directora del Ballet Folklórico Municipal de El Alto, María Copa.

La denuncia de un viajero a través de un código QR permitió alertar sobre los cerca de 700 bidones de aceite sin registro sanitario que ingresaron al país desde Villazón.

“A través de una denuncia digital, realizada por el QR publicado como enlace directo de denuncias, se pudo evidenciar que un bus procedente de Villazón trasladaba bidones de aceite desde el vecino país de Argentina”, informó un comunicado de la Entidad Descentralizada de la Terminal de Buses de La Paz.

En pasados días, tres instituciones, la administración de la Terminal de Buses de La Paz, la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transporte (ATT) y la Policía Boliviana, habilitaron un código QR para que los viajeros denuncien cualquier hecho irregular durante los viajes.

La directora de la repartición, Iveliz Asturizaga, destacó sobre la importancia del uso de ese tipo de soluciones digitales. Porque, en su opinión, acerca a la población con las diferentes instituciones que trabajan dentro de la terminal. De esa forma se puede buscar soluciones a las denuncias que presentan.

El miércoles, tras conocer de esta denuncia, la ATT convocó al Viceministerio de Defensa al Consumidor, a la Aduana Nacional. También al Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (Senasag), la Terminal de Buses. Además de la Subalcaldía Periférica y la Unidad de Defensa al Consumidor, que se unieron para realizar el decomiso. Los bidones tenían entre 1; 4,5 y 5 litros de aceite que no contaban con registro sanitario.

Al anoticiarse sobre la cantidad de aceite que había en el patio de la Terminal de Buses, mucha gente llegó al lugar en busca de adquirir el producto. Pero, como su pedido se rechazó, comenzaron agredir a un contingente policial con golpes, piedras y palos.

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Uno de ellos quedó lesionado debido a que la Policía usó agentes químicos para dispersar a la gente. Arrestaron a tres personas.

DOCUMENTACIÓN

Asturizaga precisó que ahora se espera que la propietaria de la carga presente su documentación que acredite la legalidad del producto.

La funcionaria recordó que, a través del QR, los viajeros pueden denunciar desde el incumplimiento de horario de salida de los buses hasta ingreso de pasajeros a medio camino y exceso de velocidad, entre otros.

La aplicación está disponible las 24 horas del día y los siete días de la semana. Pero también está habilitado el número de celular 7127944 para ponerse en contacto con la Policía.

Si debe viajar, el tiempo es limitado este fin de semana. Debido a las elecciones judiciales, se han fijado horarios para la salida de buses de transporte público en las terminales, una de ellas es la Terminal Metropolitana de El Alto, que tendrá servicio hasta este sábado.

“Mostramos a la población la modificación en horarios de salida de buses a destinos interdepartamentales e internacionales desde la Terminal Metropolitana El Alto, a causa de las próximas Elecciones Judiciales 2024 fijadas para el domingo 15 de diciembre de la presente gestión”, señala la publicación de la terminal, en su página de Facebook.

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Durante este viernes, las salidas serán normales tanto de buses con destinos nacionales, como de internacionales. No obstante, el panorama cambia para este sábado.

De acuerdo con la lista de la terminal, el sábado 14 de diciembre, los buses a Oruro saldrán hasta las 19.00. Hacia el departamento de Potosí, solo será hasta las 09.00; Cochabamba, 15.00; Chuquisaca, también 09.00; y al municipio de Uyuni (Potosí) el límite será las 13.00.

En cuanto a las salidas nacionales del sábado a Tarija, Santa Cruz, Tupiza, Villazón; e internacionales a Argentina, Brasil, Perú y Chile, se encuentran suspendidas.

La institución detalló que esta medida se asume en el marco del Decreto Departamental 172, que establece el auto de buen gobierno. Y es que, dado que el domingo son las elecciones judiciales, se ha emitido una prohibición de circulación vehicular en esa jornada; por lo que los viajes terrestres deben prever aquello tanto en salidas como arribos.

Luego de ocho días de luchar por su vida, Edwin Arroba (24) falleció a las 03.30 de este viernes en la Unidad de Terapía Intensiva del Hospital Los Pinos, donde se encontraba internado desde el jueves 5 de diciembre, cuando sufrió un ataque de parte de antisociales en la zona de Chasquipampa de La Paz.

Aunque la víctima se aferraba a la vida, su corazón no resistió más y dejó de latir, pues las heridas que le causaron los antisociales habían comprometido varios órganos de su cuerpo. Ahora, su familia clama por justicia.

Cerca de las 21.00 de ese trágico jueves, Edwin retornaba a su domicilio luego de comprar unos medicamentos para su hijo enfermo. A unos pasos de llegar a su casa, fue interceptado por tres antisociales.

Lo golpearon y le quitaron todas sus pertenencias. No conformes con ello, le asestaron múltiples puñaladas en el abdomen, la cabeza y otras partes de su cuerpo.

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“Lastimosamente, luego del brutal ataque ha quedado en un estado de coma”, indicó Freddy Rivera, abogado de la víctima.

El jurista indicó que, según la hipótesis del hecho, fue un clan de auteros que atracó al joven, su objetivo era matarlo.

Aun consternados por el hecho, los padres de Edwin claman ahora por justicia y piden la Policía dar con el paradero de dos de los tres asaltantes, pues uno ya fue identificado y enviado a la cárcel de San Pedro, acusado por el delito de tentativa de homicidio; sin embargo, con la muerte del joven la figura legal cambia a homicidio.

Edwin deja luto y dolor entre sus familiares y a un menor de cuatro años en la orfandad.

El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) ratificó la obligación del alcalde de La Paz, Iván Arias, de destituir al secretario ejecutivo, José Carlos Campero, en cumplimiento con la Ley 499, de Fiscalización.

La resolución también confirma la vigencia de las censuras emitidas por el Concejo hacia un grupo de autoridades jerárquicas que no se presentaron al acto de interpelación y que ya no trabajan en el Ejecutivo municipal.

“El alcalde no puede seguir evadiendo la ley como lo ha hecho hasta ahora. Es su deber destituir al secretario ejecutivo y cumplir con la Ley de Fiscalización, tal como lo ha reconocido el Tribunal Constitucional Plurinacional”, advirtió el concejal Javier Escalier.

La Sala Segunda del TCP confirmó la Resolución 49/2024, emitida previamente por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz. En su fallo, hecho público este viernes, el TCP concluye que el alcalde incumplió con los artículos 23 y 25 de la Ley 499, de Fiscalización, promulgada en septiembre de 2022.

Este incumplimiento también derivó en la orden judicial de destituir de inmediato a las autoridades censuradas por el Concejo Municipal.

Escalier recordó que “la censura implica la destitución inmediata de las autoridades observadas. En este caso, el alcalde Arias no solo incumplió con esta disposición, sino que reincorporó a funcionarios ya censurados, incurriendo en desobediencia judicial”.

CENSURA

En la sesión 015/24, el Concejo censuró a 15 altos funcionarios del Ejecutivo edil, entre ellos el secretario ejecutivo, José Carlos Campero; el secretario municipal de Gestión Ambiental, José Eduardo Galindo, y los subalcaldes Fausto Terrazas (Cotahuma), Grover Lazo (Max Paredes) y Jimmy Osorio López (Centro), quienes no asistieron al acto de interpelación requerido por la Ley de Fiscalización 499.

Estos funcionaros, a excepción de Campero, dejaron de prestar sus servicios en el gobierno municipal de La Paz.

El concejal Escalier explicó que la ley establece que, al ser censuradas, estas autoridades pierden la confianza del Concejo Municipal, lo que obliga su destitución inmediata. Sin embargo, Arias reincorporó a cinco de estos funcionarios en febrero de este año, desatendiendo las disposiciones legales.

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“Estas acciones no solo violan la Ley de Fiscalización, sino también constituyen un acto de desobediencia a resoluciones judiciales”, enfatizó Escalier.

LEY DE FISCALIZACIÓN

Además, la Ley de Fiscalización prevé que a las autoridades censuradas no se las puede reincorporar a su mismos cargos o similares. Esta norma fue aprobada y promulgada por el Concejo; empero, el Ejecutivo se niega a su cumplir la disposición.

“El alcalde Arias debe entender que ninguna autoridad está por encima de la ley. Su incumplimiento reiterado pone en riesgo el respeto al Estado de Derecho y puede derivar en procesos penales en su contra”, concluyó el concejal Escalier.

En 2023, el primer proceso derivó en una orden de cumplimiento emitida por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia. Este fallo fue elevado al TCP, que ahora ha ratificado la obligación del alcalde de cumplir con la ley y las resoluciones judiciales.