Tras haber prestado su declaración ante la comisión de fiscales que indaga el asalto militar del miércoles 26 de junio a la plaza Murillo, el mayor Vladimir Lupa, comandante del grupo de élite F10, espera la audiencia cautelar que definirá su situación judicial en el caso Zúñiga.

El Ministerio Público indaga lo sucedido bajo el paraguas de dos delitos: terrorismo y alzamiento armado contra la seguridad y la soberanía del Estado. Este martes indicó que hay más de 30 implicados en el zafarrancho protagonizado por el general Juan José Zúñiga.

Ese miércoles, Zúñiga irrumpió en el epicentro del poder político, con efectivos armados, vehículos blindados y tanquetas. En una conferencia en puertas del Palacio Quemado, anunció su intención de “tomar” la Casa Grande del Pueblo de la ciudad de La Paz.

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Al ingresar al Palacio de Gobierno, fue abordado por el presidente Luis Arce, ante quien se insubordinó. No obstante, no pasó a mayores; ya que el entonces comandante del Ejército abandonó la plaza a las 17.27 y hora y media después fue aprehendido por la Policía.

Caso Zúñiga

Según las investigaciones, bajo el mandato de Zúñiga se trasladó a integrantes del grupo de élite F10 de Cochabamba. Se logró el transporte por avión de cinco “francotiradores” y se pretendió que en otro vuelo del Hércules se traiga a La Paz otros 14 efectivos.

El lunes, se llevaron a cabo operativos en guarniciones castrenses de Cochabamba, donde Lupa fue aprehendido y trasladado a la sede de gobierno. Según el viceministro de Régimen Interior, Jhonny Aguilera, se secuestraron documentos clave, como el libro de novedades del F10.

Al mediodía de este martes, Lupa se enfrentó a la comisión del Ministerio Público y luego fue trasladado nuevamente a celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC); a la espera de su audiencia de medidas cautelares, para ve si se defiende en libertad o encarcelado.

Operativos en Cochabamba por las investigaciones del asalto militar del miércoles 26 de junio. Este lunes, se procedió a la aprehensión del comandante de las Fuerzas Especiales F10, Vladimir Lupa, en Cochabamba, mientras que otros dos efectivos castrenses brindan sus declaraciones como arrestados.

La anterior semana, el viceministro de Régimen Interior, Jhonny Aguilera, indicó que el plan del entonces comandante del Ejército, Juan José Zúñiga, involucró a cinco oficiales de las F10 que llegaron de Cochabamba a La Paz en esa tensa jornada, con fusiles de francotiradores.

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El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, dijo el domingo que los cinco “francotiradores” ya brindaron sus declaraciones ante la Fiscalía, inicialmente como testigos. Por lo acontecido el miércoles anterior, hasta el domingo había 21 detenidos, 10 fueron enviados a la cárcel.

El comandante de las F10 es traído a La Paz, para ser puesto a disposición de la comisión de fiscales que indagan lo sucedido. Mientras que otros dos uniformados aún emiten sus testimonios y se definirá su situación, indicó el director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), coronel Freddy Medina.

El miércoles 26 de junio, efectivos del Ejército, bajo el mando del general Zúñiga, irrumpieron en la plaza Murillo de la ciudad de La Paz. El entonces comandante afirmó ante los medios que había intención de tomar la Casa Grande del Pueblo y se insubordinó al presidente Luis Arce.

El asalto militar del miércoles 26 de junio ha provocado una ola de pronunciamientos en el país, la región y el mundo. Llegó el turno de Estados Unidos, que señaló que lo acontecido “deja claro que la democracia sigue siendo frágil en algunas partes” del hemisferio.

Vedant Patel, portavoz adjunto principal del Departamento de Estado, indicó que su país sigue observando la situación boliviana, “como imagino que hacen muchos en la comunidad internacional. Entendemos y hemos tomado nota (de) los muchos puntos de vista que han surgido en los últimos días, y acogemos con agrado un análisis independiente de los acontecimientos del 26 de junio”, dijo ante la pregunta de una periodista en la conferencia.   

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Sin embargo, continuó, “lo que quiero decir en términos generales es que estos acontecimientos en Bolivia dejan claro que la democracia sigue siendo frágil en algunas partes de nuestro hemisferio, y Estados Unidos tiene la intención de trabajar, conjuntamente en línea con la Carta de la OEA (Organización de Estados Americanos) y la Carta Democrática Interamericana, para proteger las instituciones democráticas de los países miembros y de otros países”.

El miércoles 26 de junio, efectivos del Ejército, bajo el mando del general Juan José Zúñiga, irrumpieron en la plaza Murillo de la ciudad de La Paz. El entonces comandante afirmó ante los medios que había intención de tomar la Casa Grande del Pueblo.

Pero no consiguió ninguno de sus supuestos planes. En la noche, fue aprehendido y ahora se encuentra en la penitenciaría de El Abra, en Cochabamba. El Gobierno cataloga a lo sucedido como un “golpe de Estado fallido”, empero, hay voces opositoras que hablan de un “autogolpe”.

El gobierno ultraderechista de Javier Milei en Argentina indicó que el gobierno de Luis Arce hizo una “falsa denuncia de golpe de Estado”, al referirse a la toma de la plaza Murillo por parte de efectivos del Ejército el miércoles 26, liderados por el general Juan José Zúñiga.

“La Oficina del Presidente repudia la falsa denuncia de golpe de Estado realizada por el gobierno de Bolivia el día miércoles 26 de junio y confirmada como fraudulenta en el día de la fecha”, señala un comunicado oficial publicado en las redes sociales.

Añade que “gracias a los reportes de inteligencia, el Gobierno Nacional mantuvo la calma y la serenidad frente a los hechos denunciados. El relato difundido era poco creíble y los argumentos no encajaban con el contexto socio-político del país latinoamericano. El partido político gobernante controla el Poder Legislativo, el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo y las Fuerzas Armadas”.

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El documento remarca que “hace tiempo la democracia boliviana está en peligro. No por un golpe militar, sino porque históricamente los gobiernos socialistas derivan en dictaduras. Sobran ejemplos: Cuba, Venezuela, Nicaragua, Corea del Norte”.

Postula que en Bolivia hay más de 200 “presos políticos”, entre los que incluye a la expresidenta transitoria Jeanine Áñez y al gobernador cruceño Luis Fernando Camacho, quienes son investigados por los casos Golpe de Estado I y II.

“La República de Argentina espera que prevalezca la democracia que hace años está siendo atacada en el Estado Plurinacional de Bolivia, e insta a las fuerzas políticas de ese país a garantizar el Estado de Derecho en su territorio” (sic), culmina el comunicado.  

Luego que el exmandatario Evo Morales sembró más dudas sobre el asalto militar del miércoles en la plaza Murillo, el presidente Luis Arce le pidió que no se equivoque “una vez más”, ya que lo ocurrido fue un “golpe militar fallido”.

En su cuenta de la red X, Arce publicó. “Evo Morales, ¡no te equivoques una vez más! Claramente lo que ocurrió el 26 de junio fue un Golpe Militar Fallido en Bolivia. ¡No te pongas del lado del fascismo que niega lo ocurrido! Los responsables que buscaron tomar el poder por las armas, están siendo procesados y serán juzgado, como fue el caso de los golpistas de 2019”.

Este domingo, Morales indicó que Arce “mintió” sobre lo acontecido y que “esas cosas me están convenciendo de que es un autogolpe”. “Yo quiero aprovechar esta oportunidad para decir al mundo entero, pedir disculpas, lamentablemente Lucho mintió, engañó al pueblo boliviano y al mundo entero con este golpe o autogolpe”.

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Más aún, se abrió una pulseta por el tema. Arce, en una entrevista brindada a El País de España, señaló que Morales “va a utilizar todo, incluso poner en duda el golpe fallido, por sus aspiraciones políticas personales”, que apuntan a ser candidato presidencial para 2025.

El miércoles, un grupo del Ejército dirigido por el general Juan José Zúñiga tomó la plaza Murillo, lo que fue catalogado por el Gobierno como “intento fallido de golpe de Estado”. El excomandante fue aprehendido esa misma noche y ahora se encuentra recluido, con detención preventiva, en la penitenciaría de El Abra de Cochabamba, por seis meses.