El economista Jaime Dunn afirmó que, en Bolivia, existen más de 254.000 cuentas de personas que utilizan activos digitales y criptomonedas, pese a la prohibición —levantada recientemente— para su circulación en el país.

La semana pasada, el Banco Central de Bolivia (BCB), en coordinación con la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (Asfi) y la Unidad de Investigación Financiera (UIF), levantó las restricciones al uso de activos virtuales que fueron establecidas en diciembre de 2020.

Los criptoactivos son un tipo de activo basado en la criptografía; lo cual significa que, a diferencia de otros activos (monedas y billetes), no son tangibles (palpables). Su valor no lo determina una entidad centralizada, sino el propio mercado.

En entrevista con La Razón Radio, Dunn afirmó que se trata de un “avance importante”. Contó que cuando hubo la primera prohibición, en 2014, Bolivia quedó rezagada en el desarrollo de los actos financieros.

“Bolivia quedó como uno de los siete países en el mundo que mantenía esa prohibición. Fue tan terrible como si hubieran prohibido el internet”, reclamó.

Explicó que, a pesar de las restricciones, los ciudadanos vieron formas de acceder a estos activos y que, actualmente, existen más de 254.000 cuentas que usan criptomonedas. “Era un secreto a voces”.

Respecto a las ventajas de uso de criptomonedas, dijo que son muchas, entre ellas, la rapidez, el abaratamiento de costos y seguridad en las transacciones. “Ayudan a satisfacer las necesidades de los usuarios”.

“El envío de recursos al exterior es muy barato, prácticamente es gratis. Simplemente son minutos para hacer ese tipo de transacciones”, destacó.

Sin embargo, todavía existe mucha controversia sobre el uso de activos digitales, debido a que se han reportado robos y fluctuaciones repentinas, por lo que, los usuarios perdieron grandes cantidades de dinero en poco tiempo.

Aparte de la controversia sobre sus funciones como dinero, las criptomonedas representan otros riesgos que han hecho más difícil su aceptación estandarizada. Su aceptación se basa completamente en la confianza de los usuarios, al no existir ninguna institución que centralice su emisión y transferencia.

No obstante, Dunn destacó que los activos digitales son los activos más “encriptados y seguros” que existen. “Cuando se escuchan estafas son generalmente por hechos de que son engañados por una tercera persona. Se hacen robar claves y caen en fraudes digitales”.

Develó que, de acuerdo a estadísticas mundiales, en 2023, el número de estafas por criptomonedas son de $us 24.000 millones al año. “Se establece que las estafas que se dan por tarjetas y medios tradicionales supero los 4 trillones de dólares al año”. 

Es decir que, al menos, el 98% de las estafas se dan por los medios de pago tradicionales. Con los criptoactivos la cantidad de estafas es mucho menor”.

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El presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, Juan José Jáuregui, informó que esta jornada, a las 18.00, empezará la fase de evaluación para los postulantes paceños a la preselección de candidatos a las elecciones judiciales.

“Ya tenemos la notificación a los postulantes del departamento de La Paz por la proximidad. Tendríamos desde las 18.00 el inicio de las evaluaciones orales para que mañana procedamos con el resto de los postulantes y concluir en un plazo de seis días”, dijo en entrevista con La Razón Radio.

El entrampado proceso de preselección a las elecciones judiciales parece, por fin, ver la luz al final del túnel. Las comisiones mixtas de Constitución y de Justicia Plural retomaron sus actividades con la resolución de amparos constitucionales de postulantes inhabilitados.

Jauregui explicó que esta jornada concluirán con las resoluciones a los amparos presentados. Se prevé que esa actividad concluya hoy mismo. Después de ello, comienza el trabajo de evaluación y, luego, la elaboración del informe de la comisión que debe ser aprobado por 2/3 para ser remitido al pleno de la Asamblea Legislativa.

“Con la aprobación en el pleno, inmediatamente se remite al conocimiento del Tribunal Supremo Electoral (TSE) para la organización del proceso”, añadió.

La preselección se vio estancada en la Asamblea desde el 2023, producto de diferentes tropiezos como los amparos presentados ante la Justicia y falta de acuerdos en las tres fuerzas políticas del primer órgano del Estado.

La etapa de evaluaciones debió iniciarse a mediados de abril; sin embargo, un amparo constitucional en Santa Cruz detuvo parcialmente el procedimiento. Días después, el 30 de abril, una acción popular desahució todo el proceso; una Sala Constitucional en Pando determinó que la Ley 1549, de Elecciones Judiciales, violaba los derechos de las mujeres indígena originario campesinas.

Sin embargo, el 23 de mayo, el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) revocó el fallo y determinó que las comisiones podían seguir con el proceso. No obstante, las comisiones solo reinstalaron sesiones luego de la polémica sesión del 6 de junio en la Asamblea, cuando se emitió una resolución para dar continuidad a la preselección de candidatos.

Al respecto, Jáuregui lamentó que la preselección de postulante a las elecciones judiciales estaba con vía libre desde el 23 de mayo, cuando ya no había ningún impedimento jurídico que impida el avance del proceso. El proceso no avanzó, debido a que los legisladores no proponían una salida única al estancamiento.

Indicó que, de los 39 amparos presentados, 17 fueron interpuestos por “gente allegada” y familiares de primera línea del expresidente Evo Morales. “Vemos que sí existe razón en muchos casos, pero también vemos una intensión perversa por parte de sectores políticos”.

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El procurador general del Estado, César Siles, aseguró que el militar en servicio pasivo Aníbal Abel Aguilar Gómez, hermano del exministro de Educación Roberto Aguilar durante el gobierno de Evo Morales, fue el ‘ideólogo y cerebro’ del golpe militar fallido del 26 de junio.

“El señor Aguilar (es) sociólogo, militar en el servicio pasivo”, reveló en el programa Piedra, Papel y Tinta, de La Razón.

El acusado es hijo de Aníbal Aguilar Peñarrieta, dirigente del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR). También es hermano del exministro Roberto Aguilar, economista y político boliviano. Fue ministro desde el 7 de noviembre de 2008 hasta el 10 de noviembre de 2019, durante el primer, segundo y tercer gobierno de Morales. Fue uno de los hombres que más tiempo permaneció en el cargo, junto a David Choquehuanca, Luis Arce y Juan Ramón Quintana.

Siles dijo que Aníbal Aguilar fue “el que más puso resistencia” al momento de ser detenido. “Fue uno de los ideólogos y cerebros el señor Aguilar”. Aguilar Gómez es un experto internacional en planificación, gestión estratégica y promoción de inversiones.

La presentación de Aguilar llamó la atención cuando el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, presentó a los nuevos aprehendidos por el asalto militar del miércoles en la plaza Murillo. Fue presentado como el “Licenciado Aníbal Abel Aguilar Gómez” e “ideólogo” del zafarrancho desatado por el excomandante del Ejército Juan José Zúñiga.

Al ser presentado ante los medios, no se quedó callado y anunció que se declara en huelga de hambre seca porque se le vulneró el derecho a la defensa. Se denominó autor de la “doctrina de patriotas”.

El Gobierno y Zúñiga apuntaron a un sociólogo como ‘ideólogo’ de la intentona golpista. Siles confirmó, en la transmisión, que se trata de Aguilar. Sin embargo, afirmó que la investigación todavía se encuentra en la etapa inicial.

“La etapa preliminar y preparatoria de la investigación es clave para tener la verdad y esclarecer los hechos”, añadió.

Además, informó que, durante esta jornada, se llevará adelante la imputación formal, a las 14.15, para el excomandante del Ejército Juan José Zúñiga, el excomandante de la Armada Juan Arnez, y el excomandante de la División Mecanizada, Edison Irahola, implicados en el golpe de Estado fallido.

“A las 14.15 se va a celebrar la primera audiencia de imputación”, develó.

El Gobierno espera que estas tres personas sean detenidas preventivamente en el penal de máxima seguridad de Chonchocoro.

En la entrevista, Siles dio la lista de los 17 imputados por la intentona de golpe de Estado. Se trata de: Juan José Zúñiga, Juan Arnez, Edison Irahola, Miguel Iriarte, Aníbal Aguilar (hermano del exministro Roberto Aguilar), Franz Ordóñez, Marcelo Gutiérrez, Raúl Barberí, Juan Paulsen, Roberto Argandoña, Juan Carlos Delgadillo, Leonel Sanjinés, Waldir Mamani, Luis Balanza, Julio Buitrago, Román Cahuaya y Marco Cavie.

“Tenemos 17 imputados, todos son parte de las Fuerzas Armadas. La mayor parte (de los detenidos) estaban presentes en la plaza Murillo. Otros son del departamento de Inteligencia”, detalló.

El intento de toma del Palacio de Gobierno, del miércoles, duró entre tres y cuatro horas. El otrora comandante del Ejército, general Juan José Zúñiga, comandó la movilización en la plaza Murillo de La Paz y, horas después, fue aprehendido. El Jefe de Estado relevó a los comandantes del Alto Mando Militar para neutralizar un posible golpe de Estado.

Los miembros del Ejército violentaron la puerta del Palacio Quemado con una tanqueta para ingresar al lugar. Son imágenes que se quedarán marcadas en la historia democrática de Bolivia.

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El embajador de Bolivia ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Héctor Arce Zaconeta, informó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentará, el 7 de agosto, su informe sobre Bolivia con relación a los derechos humanos y democracia.

En entrevista con La Razón Radio, explicó que el documento indica que en Bolivia existe tendencia “a enfrentarnos constantemente” y no resolver las diferencias internas por mecanismos pacíficos. “Ese es un tema que debemos tomar en cuenta en el país. En Bolivia debemos propiciar el diálogo”.

El informe titula “Cohesión social: el desafío de la consolidación de la democracia en Bolivia” y aborda la situación de los derechos humanos en el país desde 2006. El documento toma en cuenta varios aspectos y plantea recomendaciones, las mismas que surgen de la visita a Bolivia que hicieron los representantes de esta entidad del 27 al 31 marzo de 2023.

“Hay una preocupación por la falta de cohesión social en nuestro país”, dijo.

El informe destaca que la Constitución promulgada en 2009 “introdujo un amplio catálogo de reconocimiento de los derechos humanos” en cuestiones de género y pueblos indígenas, así como una nueva estructura estatal y económica.

No obstante, el informe menciona que esas transformaciones se produjeron en un ambiente de “polarización” que ha repercutido en “una desconfianza sobre el rol de las instituciones democráticas” y que los cambios estatales han chocado con desafíos como la “subsistencia de patrones de discriminación”.

También señala que la población boliviana “desconfía profundamente” de la Justicia porque la percibe como “una herramienta de intereses políticos”, por lo que alentó al país a impulsar reformas judiciales que observen los estándares interamericanos de derechos humanos.

Propone políticas públicas que protejan los derechos de los pueblos indígenas y que enfrenten la violencia de género contra las mujeres y las personas de la comunidad LGBT+, a lo que añade la elaboración de un plan estratégico para la “reconstrucción de la confianza ciudadana en las instituciones del Estado”.

Arce recomendó al país propiciar el diálogo para resolver cualquier diferencia con el fin de mejorar la imagen en el co0netxto internacional.

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El embajador de Bolivia ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Héctor Arce Zaconeta, rescató cuatro elementos que “sofocaron” un posible golpe de Estado en el país el 26 de junio.

En entrevista con La Razón Radio, indicó que el primer elemento que detuvo un posible golpe fue la movilización espontánea de los movimientos sociales; el segundo, la determinación del presidente Luis Arce de enfrentar al excomandante Juan José Zúñiga; el tercero, el desmarque de algunas unidades militares; y el cuarto, la condena internacional.

El intento de toma del Palacio de Gobierno, del miércoles, duró entre tres y cuatro horas. El otrora comandante del Ejército, Zúñiga, comandó la movilización en la plaza Murillo de La Paz y, horas después, fue aprehendido. El Jefe de Estado relevó a los comandantes del Alto Mando Militar para neutralizar un posible golpe de Estado.

En horas de la tarde, presidentes de diferentes países y la OEA manifestaron su repudio a la rebeldía de un grupo de militares, quienes abrieron la puerta del Palacio Quemado con ayuda de una tanqueta.

En la transmisión, el embajador aseguró que fue un momento “impactante”. Contó que el golpe de Estado fallido coincidió con una reunión “habitual” de la OEA y que interrumpió el acto para denunciar lo que ocurría en Bolivia.

 “Pedimos la palabra, se cambió totalmente la agenda. Los 32 países miembros de la OEA, sin excepción, se manifestaron”, detalló. 

Confesó que al ver las imágenes de la plaza Murillo, no podía creer lo que ocurría en el país. Destacó que, apenas se conoció el intento de golpe de Estado, los representantes de los 32 países comunicaron el suceso a sus gobiernos, que luego apoyaron al presidente Arce mediante sus cuentas de X.

Reveló que, luego de ver las imágenes, se comunicó con la ministra de la Presidencia, María Nela Prada, quien le confirmó la presencia de tanques y más de 200 efectivos militares. De ese modo, Arce pidió la palabra en la reunión y denunció el hecho ante la comunidad internacional. 

El jueves, la OEA aprobó, desde Asunción, Paraguay, por unanimidad, durante la asamblea general del organismo, una resolución en repudio al intento de golpe de Estado registrado la víspera en Bolivia, al tiempo que puso el foco en las crisis de Nicaragua, Haití y la inseguridad en la región.

La resolución asegura que la Organización de Estados Americanos (OEA) resolvió “condenar enérgicamente el despliegue ilegal de unidades del Ejército del Estado Plurinacional de Bolivia” y expresa su solidaridad con el pueblo boliviano.

“La comunidad de la OEA se ha manifestado de una manera contundente”, ratificó.

Indicó que los miembros de los países expresaron su preocupación por lo que pasaba en Bolivia y le dijeron que “no quieren ver nunca más tanques en las plazas de las capitales” de los países de la región.

A su vez, afirmó que, tras la trifulca, los países decidieron mantenerse en alerta ante cualquier ruptura constitucional. Estamos en alerta, es una señal importante. Nunca más se deben permitir estas interrupciones, que en Bolivia han sido frecuentes”.

En su criterio, la comunidad internacional expresó su profunda solidaridad con Bolivia y les llamó la atención el hecho por la ruptura constitucional que ocurrió el 10 de noviembre de 2019 en Bolivia. En aquella oportunidad, la senadora Jeanine Áñez asumió el poder y el entonces presidente Evo Morales fue derrocado por movimientos civiles, un motín policial y una “sugerencia” de las Fuerzas Armadas para que deje su cargo.

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