El periodista del rotativo Clarín de Argentina Pedro Gianello consideró que el presidente de su país Javier Milei “se colgó” del tuit del expresidente Evo Morales para emitir un comunicado que repudia la “falsa denuncia de golpe de Estado” del presidente Luis Arce.

La polémica se intensificó en el país nuevamente, luego de la toma militar de la plaza Murillo, de La Paz, el 26 de junio. Ese miércoles, las tanquetas del Ejército y miembros de la Policía Militar se apostaron en el epicentro político del país y causaron incertidumbre y miedo en la población.

Cuatro días después del asalto militar liderado por el general Juan José Zúñiga, el exmandatario y jefe nacional del Movimiento Al Socialismo (MAS), Evo Morales, subió el tono contra el presidente Luis Arce.

“Lucho mintió, engañó al pueblo boliviano y al mundo entero con este golpe o autogolpe”, escribió en su cuenta de X.

En medio de las dudas sembradas por Morales y la oposición tradicional sobre el discurso del “golpe de Estado fallido”, Arce acusó a Morales de poner en duda esto “por sus aspiraciones políticas personales”.

“Evo Morales, ¡no te equivoques una vez más! Claramente lo que ocurrió el 26 de junio fue un Golpe Militar Fallido en Bolivia. ¡No te pongas del lado del fascismo que niega lo ocurrido! Los responsables que buscaron tomar el poder por las armas, están siendo procesados y serán juzgados, como fue el caso de los golpistas de 2019”, respondió Arce a Morales.

En Piedra, Papel y Tinta, de La Razón, Gianello develó que el comunicado se originó después del mensaje de un periodista argentino que toma el tuit de Morales. “Lo que pone es: ‘a los que critican que Milei se demoró en su pronunciamiento sobre intento de golpe de Estado en Bolivia’”.

Contó que, a ese mensaje, Milei respondió: “usted si que la ve” en una forma de darle la razón en sus afirmaciones y horas después sale el comunicado de la Oficina del Presidente de la República Argentina (OPRA).

“La Oficina del Presidente repudia la falsa denuncia de golpe de Estado realizada por el gobierno de Bolivia el día miércoles 26 de junio y confirmada como fraudulenta en el día de la fecha”, publicó la OPRA el domingo.

En criterio del periodista, el gobierno argentino “se agarró” de lo que dijo Morales para decir que fue una alarma falsa. “Se toman de (la publicación de) Evo para decir que el golpe fue falso y una falsa denuncia”.

“Es raro porque Milei no está de acuerdo para nada con Evo Morales”, cuestionó.

A través de un comunicado de la Cancillería de Bolivia, el Gobierno rechazó las declaraciones de Milei acerca del “fallido golpe de Estado”.

“El Ministerio de Relaciones Exteriores del Estado Plurinacional de Bolivia rechaza enérgicamente las inamistosas y temerarias declaraciones vertidas por la Oficina del Presidente de la República Argentina (OPRA), en su comunicado de fecha 30 de junio, en referencia al golpe de Estado militar fallido ocurrido el 26 de junio de 2024”, dice el comunicado.

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El economista Jaime Dunn afirmó que, en Bolivia, existen más de 254.000 cuentas de personas que utilizan activos digitales y criptomonedas, pese a la prohibición —levantada recientemente— para su circulación en el país.

La semana pasada, el Banco Central de Bolivia (BCB), en coordinación con la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (Asfi) y la Unidad de Investigación Financiera (UIF), levantó las restricciones al uso de activos virtuales que fueron establecidas en diciembre de 2020.

Los criptoactivos son un tipo de activo basado en la criptografía; lo cual significa que, a diferencia de otros activos (monedas y billetes), no son tangibles (palpables). Su valor no lo determina una entidad centralizada, sino el propio mercado.

En entrevista con La Razón Radio, Dunn afirmó que se trata de un “avance importante”. Contó que cuando hubo la primera prohibición, en 2014, Bolivia quedó rezagada en el desarrollo de los actos financieros.

“Bolivia quedó como uno de los siete países en el mundo que mantenía esa prohibición. Fue tan terrible como si hubieran prohibido el internet”, reclamó.

Explicó que, a pesar de las restricciones, los ciudadanos vieron formas de acceder a estos activos y que, actualmente, existen más de 254.000 cuentas que usan criptomonedas. “Era un secreto a voces”.

Respecto a las ventajas de uso de criptomonedas, dijo que son muchas, entre ellas, la rapidez, el abaratamiento de costos y seguridad en las transacciones. “Ayudan a satisfacer las necesidades de los usuarios”.

“El envío de recursos al exterior es muy barato, prácticamente es gratis. Simplemente son minutos para hacer ese tipo de transacciones”, destacó.

Sin embargo, todavía existe mucha controversia sobre el uso de activos digitales, debido a que se han reportado robos y fluctuaciones repentinas, por lo que, los usuarios perdieron grandes cantidades de dinero en poco tiempo.

Aparte de la controversia sobre sus funciones como dinero, las criptomonedas representan otros riesgos que han hecho más difícil su aceptación estandarizada. Su aceptación se basa completamente en la confianza de los usuarios, al no existir ninguna institución que centralice su emisión y transferencia.

No obstante, Dunn destacó que los activos digitales son los activos más “encriptados y seguros” que existen. “Cuando se escuchan estafas son generalmente por hechos de que son engañados por una tercera persona. Se hacen robar claves y caen en fraudes digitales”.

Develó que, de acuerdo a estadísticas mundiales, en 2023, el número de estafas por criptomonedas son de $us 24.000 millones al año. “Se establece que las estafas que se dan por tarjetas y medios tradicionales supero los 4 trillones de dólares al año”. 

Es decir que, al menos, el 98% de las estafas se dan por los medios de pago tradicionales. Con los criptoactivos la cantidad de estafas es mucho menor”.

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El presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, Juan José Jáuregui, informó que esta jornada, a las 18.00, empezará la fase de evaluación para los postulantes paceños a la preselección de candidatos a las elecciones judiciales.

“Ya tenemos la notificación a los postulantes del departamento de La Paz por la proximidad. Tendríamos desde las 18.00 el inicio de las evaluaciones orales para que mañana procedamos con el resto de los postulantes y concluir en un plazo de seis días”, dijo en entrevista con La Razón Radio.

El entrampado proceso de preselección a las elecciones judiciales parece, por fin, seguir su camino. Las comisiones mixtas de Constitución y de Justicia Plural retomaron sus actividades con la resolución de amparos constitucionales interpuestos postulantes inhabilitados disconformes.

Jauregui explicó que esta jornada concluirán con las resoluciones a los amparos presentados. Se prevé que esa actividad concluya hoy mismo. Después de ello, comienza el trabajo de evaluación y, luego, la elaboración del informe de la comisión que debe ser aprobado por 2/3 para ser remitido al pleno de la Asamblea Legislativa.

“Con la aprobación en el pleno, inmediatamente se remite al conocimiento del Tribunal Supremo Electoral (TSE) para la organización del proceso”, añadió.

La preselección se vio estancada en la Asamblea desde el 2023, producto de diferentes tropiezos como los amparos presentados ante la Justicia y falta de acuerdos en las tres fuerzas políticas del primer órgano del Estado.

La etapa de evaluaciones debió iniciar a mediados de abril; no obstante, un amparo constitucional en Santa Cruz detuvo el procedimiento. Días después, el 30 de abril, una acción popular dejó en fojas cero todo el proceso, debido a que una Sala Constitucional en Pando determinó que la Ley 1549, de Elecciones Judiciales, violaba los derechos de las mujeres indígenas.

Ya, el 23 de mayo, el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) revocó el fallo y determinó que las comisiones podían seguir con su trabajo. No obstante, las comisiones solo reinstalaron sesiones luego de la polémica sesión del 6 de junio en la Asamblea, cuando se emitió una resolución para dar continuidad a la preselección.

Al respecto, Jáuregui lamentó que la preselección de postulante a las elecciones judiciales estaba con vía libre desde el 23 de mayo, cuando ya no había ningún impedimento jurídico que impida el avance del proceso. El proceso no avanzó, debido a que los legisladores no proponían una salida única al estancamiento.

Indicó que, de los 39 amparos presentados, 17 fueron interpuestos por “gente allegada” y familiares de primera línea del expresidente Evo Morales. “Vemos que sí existe razón en muchos casos, pero también vemos una intensión perversa por parte de sectores políticos”.

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El procurador general del Estado, César Siles, aseguró que el militar en servicio pasivo Aníbal Abel Aguilar Gómez, hermano del exministro de Educación Roberto Aguilar durante el gobierno de Evo Morales, fue el ‘ideólogo y cerebro’ del golpe militar fallido del 26 de junio.

“El señor Aguilar (es) sociólogo, militar en el servicio pasivo”, reveló en el programa Piedra, Papel y Tinta, de La Razón.

El acusado es hijo de Aníbal Aguilar Peñarrieta, dirigente del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR). También es hermano del exministro Roberto Aguilar, economista y político boliviano. Fue ministro desde el 7 de noviembre de 2008 hasta el 10 de noviembre de 2019, durante el primer, segundo y tercer gobierno de Morales. Fue uno de los hombres que más tiempo permaneció en el cargo, junto a David Choquehuanca, Luis Arce y Juan Ramón Quintana.

Siles dijo que Aníbal Aguilar fue “el que más puso resistencia” al momento de ser detenido. “Fue uno de los ideólogos y cerebros el señor Aguilar”. Aguilar Gómez es un experto internacional en planificación, gestión estratégica y promoción de inversiones.

La presentación de Aguilar llamó la atención cuando el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, presentó a los nuevos aprehendidos por el asalto militar del miércoles en la plaza Murillo. Fue presentado como el “Licenciado Aníbal Abel Aguilar Gómez” e “ideólogo” del zafarrancho desatado por el excomandante del Ejército Juan José Zúñiga.

Al ser presentado ante los medios, no se quedó callado y anunció que se declara en huelga de hambre seca porque se le vulneró el derecho a la defensa. Se denominó autor de la “doctrina de patriotas”.

El Gobierno y Zúñiga apuntaron a un sociólogo como ‘ideólogo’ de la intentona golpista. Siles confirmó, en la transmisión, que se trata de Aguilar. Sin embargo, afirmó que la investigación todavía se encuentra en la etapa inicial.

“La etapa preliminar y preparatoria de la investigación es clave para tener la verdad y esclarecer los hechos”, añadió.

Además, informó que, durante esta jornada, se llevará adelante la imputación formal, a las 14.15, para el excomandante del Ejército Juan José Zúñiga, el excomandante de la Armada Juan Arnez, y el excomandante de la División Mecanizada, Edison Irahola, implicados en el golpe de Estado fallido.

“A las 14.15 se va a celebrar la primera audiencia de imputación”, develó.

El Gobierno espera que estas tres personas sean detenidas preventivamente en el penal de máxima seguridad de Chonchocoro.

En la entrevista, Siles dio la lista de los 17 imputados por la intentona de golpe de Estado. Se trata de: Juan José Zúñiga, Juan Arnez, Edison Irahola, Miguel Iriarte, Aníbal Aguilar (hermano del exministro Roberto Aguilar), Franz Ordóñez, Marcelo Gutiérrez, Raúl Barberí, Juan Paulsen, Roberto Argandoña, Juan Carlos Delgadillo, Leonel Sanjinés, Waldir Mamani, Luis Balanza, Julio Buitrago, Román Cahuaya y Marco Cavie.

“Tenemos 17 imputados, todos son parte de las Fuerzas Armadas. La mayor parte (de los detenidos) estaban presentes en la plaza Murillo. Otros son del departamento de Inteligencia”, detalló.

El intento de toma del Palacio de Gobierno, del miércoles, duró entre tres y cuatro horas. El otrora comandante del Ejército, general Juan José Zúñiga, comandó la movilización en la plaza Murillo de La Paz y, horas después, fue aprehendido. El Jefe de Estado relevó a los comandantes del Alto Mando Militar para neutralizar un posible golpe de Estado.

Los miembros del Ejército violentaron la puerta del Palacio Quemado con una tanqueta para ingresar al lugar. Son imágenes que se quedarán marcadas en la historia democrática de Bolivia.

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El embajador de Bolivia ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Héctor Arce Zaconeta, informó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentará, el 7 de agosto, su informe sobre Bolivia con relación a los derechos humanos y democracia.

En entrevista con La Razón Radio, explicó que el documento indica que en Bolivia existe tendencia “a enfrentarnos constantemente” y no resolver las diferencias internas por mecanismos pacíficos. “Ese es un tema que debemos tomar en cuenta en el país. En Bolivia debemos propiciar el diálogo”.

El informe titula “Cohesión social: el desafío de la consolidación de la democracia en Bolivia” y aborda la situación de los derechos humanos en el país desde 2006. El documento toma en cuenta varios aspectos y plantea recomendaciones, las mismas que surgen de la visita a Bolivia que hicieron los representantes de esta entidad del 27 al 31 marzo de 2023.

“Hay una preocupación por la falta de cohesión social en nuestro país”, dijo.

El informe destaca que la Constitución promulgada en 2009 “introdujo un amplio catálogo de reconocimiento de los derechos humanos” en cuestiones de género y pueblos indígenas, así como una nueva estructura estatal y económica.

No obstante, el informe menciona que esas transformaciones se produjeron en un ambiente de “polarización” que ha repercutido en “una desconfianza sobre el rol de las instituciones democráticas” y que los cambios estatales han chocado con desafíos como la “subsistencia de patrones de discriminación”.

También señala que la población boliviana “desconfía profundamente” de la Justicia porque la percibe como “una herramienta de intereses políticos”, por lo que alentó al país a impulsar reformas judiciales que observen los estándares interamericanos de derechos humanos.

Propone políticas públicas que protejan los derechos de los pueblos indígenas y que enfrenten la violencia de género contra las mujeres y las personas de la comunidad LGBT+, a lo que añade la elaboración de un plan estratégico para la “reconstrucción de la confianza ciudadana en las instituciones del Estado”.

Arce recomendó al país propiciar el diálogo para resolver cualquier diferencia con el fin de mejorar la imagen en el co0netxto internacional.

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