Hay algo de fascinante y a la vez perturbador en las historias que nos presentan futuros distópicos de argumentos posapocalípticos, casi siempre desprovistos de naturaleza. El cine nos ofrece escenas épicas y delirantes en paisajes desérticos, donde la escasez de combustible, agua y alimentos suele definir un mundo caótico y violento que nos refleja posibles realidades del rumbo en el que vamos.

Vivimos tiempos sin precedentes marcados por el calentamiento del planeta y la pérdida de biodiversidad a una velocidad alarmante y constante. “Necesitamos una rampa de salida de la autopista hacia el infierno climático”. Aunque puede sonar a una frase de la saga de Mad Max, son palabras del secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, con relación a los últimos 12 meses más calurosos de la historia registrados desde junio de 2023. En este tiempo, de acuerdo con los datos del Servicio de Cambio Climático de Copernicus, la temperatura media global ha aumentado 1,63 grados centígrados por encima de los niveles preindustriales, superando el límite acordado en el Acuerdo de París. Si bien se espera que esta tendencia de récords de calor empiece a descender a medida que se debilitan los efectos de El Niño, los científicos advierten que estos meses serán recordados como fríos frente a un futuro aún más caliente, si no logramos estabilizar rápidamente las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera.

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Aún estamos lejos de lo peor de la época seca y el Pantanal ha vuelto a marcar récords de áreas quemadas para este periodo del año, anticipando el inicio de otra temporada intensa de incendios forestales, que ya empiezan a extenderse peligrosamente por el Bosque Chiquitano. Las condiciones de sequía prolongada están afectando severamente los medios de vida de comunidades, la producción agrícola y nuestra seguridad alimentaria, mientras la deforestación sigue avanzando desbocada a un ritmo cercano a mil hectáreas por día en los últimos años, según datos de la Fundación Amigos de la Naturaleza. Estamos contaminando la tierra, los ríos y fuentes de agua, destruyendo ecosistemas y alterando el clima, por nuestro irracional modelo productivo que no quiere cambiar hasta haber tumbado el último árbol.

Pienso a menudo en la reflexión que nos dejó Camus al aceptar el Premio Nobel, hace casi 70 años: “Cada generación, sin duda, se siente destinada a rehacer el mundo. La mía bien sabe, sin embargo, que no lo conseguirá. Pero su tarea quizá sea más grande. Consiste en impedir que el mundo se deshaga”. Una tarea compleja que cobra más sentido y urgencia que nunca en la espiral de crisis de estos años.

La emergencia ecológica y climática nos impone avanzar por encima de las expectativas de soluciones perfectas o de utopías inalcanzables, procurando un equilibrio entre lo ideal y lo viable. Frenar la deforestación requiere compromisos e incentivos en toda la cadena de valor vinculada a sus impulsores, desde el productor hasta el consumidor consciente. Demanda también fomentar emprendimientos que permiten desarrollar productos y mercados basados en el manejo sostenible del bosque, que benefician la economía local y son valorados por la sociedad. Los bosques bien gestionados, con la gente que vive, trabaja y comprende su territorio, son menos propensos a arder y a convertirse a otros usos de la tierra. Está en nuestras manos integrar esfuerzos y alianzas para ampliar la escala de iniciativas exitosas que contribuyan a conservar paisajes y ecosistemas íntegros y resilientes.

Son algunas utopías modestas que, si bien no tienen todas las respuestas, paso a paso nos ayudan a cambiar la narrativa para restaurar la confianza en un futuro bueno, que solo será posible con una naturaleza sana y generosa.

(*) Verónica Ibarnegaray Sanabria es directora de proyectos de la FAN

La decisión radical que tomó el lunes la Corte Suprema de otorgarle al presidente una amplia inmunidad frente a procesos penales será entendida, con razón, como un enorme aumento del poder y una enorme reducción de la responsabilidad del presidente. Pero también debe entenderse como una decisión sobre el propio poder y la rendición de cuentas de la Corte. Al dejar de lado el texto, la estructura y la historia de la Constitución en favor de vagas preocupaciones sobre la necesidad de “salvaguardar la independencia y el funcionamiento eficaz del poder ejecutivo” y “permitir al presidente llevar a cabo sus deberes constitucionales sin cautelas indebidas”, la Corte revela que dictará sentencia —y nos dictará sentencia a todos— basándose en su propia visión libre y distorsionada de un orden constitucional óptimo.

Cada vez resulta más evidente que este tribunal se considera algo más que un participante de nuestro sistema democrático. Se considera el garante de la separación de poderes, pero no un sujeto de esa separación.

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En lo inmediato, la decisión continúa protegiendo a Donald Trump de una rendición de cuentas significativa por sus acciones antes y durante el 6 de enero de 2021. El tribunal ya le había dado a Trump una victoria decisiva en la forma de su demora de meses en decidir este caso: su juicio penal federal por interferencia electoral, originalmente programado para comenzar el 4 de marzo, parece cada vez menos probable que se lleve a cabo.

Pero la opinión en sí misma le otorga a Trump una victoria más duradera, y a la democracia una pérdida aún más duradera: desecha el principio largamente establecido de que los presidentes, como todos los demás, están sujetos al funcionamiento de la ley, y anuncia que todos los actos oficiales realizados por un presidente tienen derecho a inmunidad absoluta o presunta frente al procesamiento penal.

La equivocada decisión del tribunal en este caso no podía llegar en un momento más peligroso. Ha eliminado un importante control sobre el cargo de presidente en el mismo momento en que Trump se postula para el cargo con la promesa de utilizar el aparato gubernamental como arma contra aquellos que considera sus enemigos.

El razonamiento del tribunal en este caso también coincide con lo que el presidente de la Corte Suprema, John Roberts, dijo al Senado cuando la dirección del Comité Judicial le escribió en mayo después de las revelaciones de que se habían ondeado banderas vinculadas con la campaña “Stop the Steal” en las casas del juez Samuel Alito. Entre otras cosas, la carta solicitaba una reunión para discutir la ética de la Corte Suprema; la brusca negativa del presidente de la Corte Suprema invocó amplias “preocupaciones sobre la separación de poderes” que, según él, “desaconsejaban tales apariciones”.

Ahora está claro que el tribunal Roberts cree que la separación de poderes significa que tanto los presidentes como los tribunales están fuera del alcance de la ley.

La combinación de esta nueva inmunidad presidencial inventada judicialmente y el poder de indulto de larga data significa que una futura Casa Blanca de Trump podría convertirse en el sitio de una empresa criminal que haría que la unidad de plomeros de Richard Nixon pareciera un juego de niños.

(*) Kate Shaw es columnista de The New York Times

En la tarde invernal del martes 26 de junio, Bolivia, una vez más, se encontró en vilo. Un militar recientemente destituido de su cargo de comandante del Ejército, llegaba con un carro blindado a las puertas del Palacio Quemado para increpar al presidente Luis Arce Catacora. Obviamente, esa imagen inmediatamente hizo evocar a esos tenebrosos días de otras décadas cuando los militares perpetraban golpes de Estado con tanques desparramados por todas las calles que bordeaban la plaza Murillo.

Esa evocación golpista está instalada en el imaginario colectivo, especialmente en el bloque nacional-popular, por el reciente golpe de Estado de 2019. En rigor, el fantasma golpista recorrió, como reguero de polvo, por toda Bolivia, hoy más que nunca por su viralización en las redes sociales; los cajeros automáticos se vaciaron de dinero, las transacciones bancarias se multiplicaron virtualmente y en las gasolineras existían largas filas de autos para cargar combustible. Había una especie de psicosis colectiva por la presencia de un general del Ejército enojado, con una tropa de militares acechando al gobierno de Arce.

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En aquellos medios —radios y televisoras— que en 2019 no dijeron nada sobre la ruptura constitucional, solo se recordaban de aquellos golpes de Estado acontecidos en el pasado lejano y no así lo ocurrido hace cinco años atrás. Una forma selectiva de acordarse. A diferencia de 2019, en un primer momento de la intentona golpista de junio de 2024, cuando cundía la incertidumbre, políticos oficialistas —arcistas y evistas— y opositores, al unísono o en sus redes sociales, condenaban ese intento de golpe de Estado. Quizás, allí radica la primera enseñanza democrática.

El discurso de la defensa de la democracia abundó en todos los espacios mediáticos y en las redes sociales —a excepción de algunos extraviados que aplaudían la actitud de ese puñado de militares desafiando el orden constitucional. Mientras tanto, el Presidente estaba posesionando al nuevo Alto Mando Militar, las especulaciones explicativas empezaron a habitar los espacios mediáticos: para la versión oficialista fue una “intentona de golpe de Estado”, mientras para sectores opositores —incluidos los evistas— fue un show orquestado por el gobierno de Arce para desviar la atención de una coyuntura crítica por la que atraviesa, con repercusión en la baja popularidad en las encuestas. Estas divergencias de interpretaciones responden de alguna manera a esa polarización política que marcó el decurso político boliviano de los últimos años.

Ahora bien, por el desarrollo de los acontecimientos todo apunta a un momento de ofuscación del general Juan José Zúñiga, por haber sido destituido por el presidente Arce como comandante del Ejército después de haber declarado públicamente que iba a meter preso al expresidente Evo Morales y que las Fuerzas Armadas son “un brazo armado de la patria”. En un acto impulsivo, Zúñiga, que aún ejercía como comandante del Ejército conjuntamente con el vicealmirante Juan Arnez, excomandante de la Armada, sacaron a un grupo de militares a la plaza Murillo en un acto de apronte, o sea, en una intentona de golpe de Estado.  

Esa motivación golpista de Zúñiga alimentada por un mal cálculo político. Quizás pensaba la existencia de las condiciones necesarias por la coyuntura de hoy, marcada por una crisis política y la sensación que la economía va mal, tal vez eso le impulsó a cometer este delito penal que tiene previsto entre 15 y 20 años de cárcel. Quizás, la principal lección de este episodio antidemocrático: el espectro golpista, como en 2019, sigue vigente.

(*) Yuri Tórrez es sociólogo

En los últimos días fue un tema mediático el “golpe” o “autogolpe” del comandante del Ejército, Juan José Zúñiga. Sobre ese tema seguramente habrá una investigación, pero esto no quita que analicemos las declaraciones y el discurso que el militar manejó en este proceso: afirmaba que el Ejército es el brazo armado del pueblo. Evidentemente es un brazo armado, pero ¿del pueblo?

Para empezar, el pueblo no tiene el privilegio de la jubilación con el 100% de su salario como tienen los militares, no tiene trabajo seguro al terminar sus estudios superiores. El pueblo no goza de dotación de víveres y uniformes aparte de su salario, no tiene acceso a viviendas o casas pagadas por el Estado. Por tanto, esta institución privilegiada es todo menos pueblo.

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La afirmación de ser “brazo armado del pueblo” es tan jocosa que debemos analizarla no solo en función de la coyuntura, sino también a la luz de los hechos históricos. En el ámbito externo, de defensa de nuestras fronteras y soberanía nacional, lamentablemente nunca o casi nunca tuvimos un Ejército ganador; en el ámbito interno, podemos identificar una formación y estructuración del Ejército con una finalidad represiva, su colocación espacial está en función de imponer el orden interno y no así la seguridad externa, no es casual que la ubicación de los cuarteles esté en las ciudades y no en las fronteras. 

La actual oficialidad del Ejército en el país viene de la histórica tradición de imposición del orden interno, que no es más que el silenciamiento por la fuerza del pueblo. Estamos hablando aquí de la masacre a mineros en San Juan (1966), matanzas a campesinos del valle de Cochabamba (1975), asesinato de Marcelo Quiroga Santa Cruz (1980), “guerra del agua”, “guerra del gas”, entre muchas otras. Recientemente en 2019, después de estar encerrados en sus cuarteles por más de 14 años hicieron su lamentable aparición en la llamada «pacificación» del país, lo que posteriormente fue calificado como ejecuciones sumarias por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la CIDH, cuando en acciones conjuntas, policías y militares dejaron un saldo de 36 personas asesinadas y más de 500 heridas.

Ya Zavaleta, en Las masas en noviembre, hacía una reflexión sobre el rol del Ejercito de 1952 en la reconstitución burguesa y la traición a la Revolución de Abril: «…Hay siempre dos ejércitos dentro de cada uno, por un lado el Ejército de la nacionalización, el que siente profundamente los aspectos nacionales que preexisten a la nación. Por otro lado, el ejército clásico, su función es resistir al cerco de los indios y el 9 de abril no es sino la actualización de un atavismo llamado Katari. Bolivia resulta, para esta perspectiva, aquello que ha quedado intramuros, cercado por el malón de la indiada…»

Sabiendo muy bien que las FFAA después de 2019 son un tema muy pendiente por parte del Estado Plurinacional, que se requiere su profundo cambio y transformación, las declaraciones que Zúñiga hacía públicamente desde la anterior semana debieron ser cortadas de raíz y castigadas con la baja definitiva ya desde el lunes con los elementos que se tenía, pero ni el ministro, ni el Presidente dijeron nada, claramente se buscó un rédito político en la interna del MAS, ya que Zúñiga atacaba a Evo Morales cada que podía, empero, ¿qué tan torpe o desesperado tienes que estar para que desde el Gobierno, solo por un afán electoral, dejes hablar y actuar para maniobrar a tu favor las declaraciones anticonstitucionales de un oficial del Ejército? Eso es jugar con fuego.

En la disputa interna del MAS este hecho es un grave error, haber dejado hablar, amenazar y actuar a un militar, y esperar a que haga lo que hizo es un flaco favor a quienes pidieron de rodillas y con la Biblia en la mano, en 2019, una intervención militar.

(*) Roddy Martínez V.  es abogado y economista

Donald Trump no sonó diferente durante el debate a como todos lo conocemos. Tampoco sonó diferente el viernes por la tarde, en su mitin posterior al debate en Chesapeake, Virginia. El mundo a su alrededor se convulsiona y él sigue siendo prácticamente el mismo.

Hay distintas maneras en que un candidato podría aprovechar un evento como ese, horas después de que un momento importante de la campaña le salga mal a su oponente, como el debate catastrófico. En un universo paralelo, con un candidato de otro tipo, el candidato podría utilizar el mitin para enmarcar los próximos años como una nueva era, abriendo un frente conciliador al votante independiente o incluso al votante de tendencia demócrata, para hablar de visiones políticas cohesivas y de la vida del votante.

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Con respecto a Trump en particular, la forma en que la gente habla de él como si fuera un zorro astuto, hay una versión de este mitin posterior al debate en el que realmente se desvió de la norma: fue más breve, hizo algo ligeramente diferente, para dar forma a cómo la gente vio la semana pasada.

En política, hay una regla que dice que no hay que interferir en la crisis del oponente, pero en esa versión paralela del mitin del viernes, tal vez Trump buscaría alguna sorpresa que generara noticias para sacar ventaja. O tal vez se dejaría llevar por la emoción básica que la gente espera de él y trataría de atacar aún más al presidente Biden con un comentario expansivo sobre la noche anterior: Trump, el destructor, en el escenario frente a una multitud jubilosa, repasando este y aquel momento del debate, reviviéndolo.

En realidad, no fue así. Una vez que subió al escenario cerca de Virginia Beach, se desarrolló más como siempre, con su discurso expansivo y habitual. Trump es, ineludiblemente, él mismo.

La campaña, y la promesa de su segunda presidencia, comienza inevitablemente con la voz de Trump. Probablemente sea por eso que sigue en marcha, dominando a sus oponentes y a la política misma, y es sin duda por eso que, prácticamente ante cualquier eventualidad, los números de las encuestas de esta carrera apenas se mueven: lo que lo impulsa también lo limita. Mantiene todo cerca.

Trump sigue siendo la persona que conocemos: cuenta con el apoyo estadístico de entre el 44 y el 49% de la población en cualquier día, con o sin entusiasmo, y es la principal influencia en la política estadounidense desde hace casi una década. Puede parecer más tranquilo, como el jueves por la noche, y su campaña es más profesional, pero no ha hecho ningún esfuerzo por renovar su política o alejarse del pasado para que esta sea una nueva era. Sigue siendo él.

Mientras avanzamos con dificultad en la era Trump, a veces se escucha una respuesta un tanto silenciosa. Muchos críticos republicanos de Trump han dejado sus cargos o su política; el populismo está en auge en algunas partes de Europa. Incluso cada vez hay menos sensación de que cualquier persona, en el gobierno o en los medios, tiene la capacidad de volver a dar forma a los acontecimientos para que vuelvan a ser estables y claros. El hecho de que Trump no pueda dejar atrás las partes de sí mismo que son malas para él y para el país ha sido un factor central para mantener reñidas estas elecciones. Pero ¿cuánto tiempo podrán resistir los demás?

(*) Katherine Miller es columnista de The New York Times