El Financiero

Cuatro constructoras de Lava Jato participaron en 7 obras en Bolivia

Solo el escándalo por el pago de sobornos de la empresa brasileña Odebrecht implica directa e indirectamente a varios presidentes y expresidentes de América Latina.

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La Razón (Edición Impresa) / Wálter Vásquez / La Paz

00:00 / 19 de marzo de 2017

Cuatro de las cinco grandes constructoras brasileñas implicadas en el mayor caso de pago de sobornos de la región, la llamada Operación Lava Jato, participaron en al menos siete proyectos de infraestructura —seis de ellos estratégicos— en Bolivia.

El 11 de diciembre de 2016, una investigación del Grupo de Diarios de América, un consorcio de 11 periódicos tradicionales de la región (ninguno de Bolivia), reveló que el escándalo de los sobornos pagados en Brasil por grandes constructoras para obtener licitaciones se extiende a 16 obras de por lo menos seis países de Latinoamérica: Argentina, Venezuela, República Dominicana, Cuba, Honduras y Guatemala.

El caso, destapado en el gigante sudamericano en 2015 y conocido como Operación Lava Jato (“Lavadero de autos”), da cuenta de que desde 2003 todos esos proyectos estaban a cargo de Andrade Gutiérrez, Camargo Correa, Queiroz Galvao, OAS y Odebrecht.

Solo la última de ellas pagó unos $us 788 millones en coimas en 12 países de América Latina y África, de acuerdo con documentos del Departamento de Justicia de Estados Unidos publicados el 21 de diciembre del año pasado.

La acciones ilícitas de Odebrecht motivaron el inicio de investigaciones en varios países del mundo y acuerdos de cooperación entre fiscales de Brasil, Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, México, Panamá, Portugal, Perú, República Dominicana y Venezuela.

Las corruptelas únicamente de Odebrecht implican directa e indirectamente a varios presidentes y expresidentes, como los argentinos Néstor Kirchner (+) y Cristina Fernández, los brasileños Luiz Inácio Lula da Silva y Dilma Rousseff, los venezolanos Hugo Chávez (+) y Nicolás Maduro, los colombianos Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos, el ecuatoriano Rafael Correa, los peruanos Alejandro Toledo, Alan García, Ollanta Humala y Pedro Pablo Kuczynski y otros de República Dominicana, Guatemala, México, Panamá, Angola y Mozambique.

Ante esta ola de seguimientos judiciales en varios países de América Latina, las autoridades bolivianas —hasta donde se conoce— no han iniciado ninguna pesquisa para determinar si las adjudicaciones otorgadas a Camargo Correa, Queiroz Galvao, OAS y Odebrecht en el periodo 2003-2016 —que abarcan las gestiones de Gonzalo Sánchez de Lozada, Carlos Mesa, Eduardo Rodríguez Veltzé y Evo Morales— fueron otorgadas de forma legal.

Una revisión de notas publicadas entre 2013 y 2016 por las agencias internacionales EFE y AFP da cuenta de que Odebrecht, la principal acusada de establecer una red multinacional de sobornos, se adjudicó en el país al menos un proyecto de envergadura.

El 1 de febrero de 2005 ganó la puja para construir la carretera de 102 kilómetros (km) El Carmen-Arroyo (1), que con una inversión de $us 75 millones vinculó aún más Santa Cruz con Brasil y hoy forma parte del llamado “Corredor Vial Interoceánico”. Esta obra fue inaugurada el 15 de enero de 2009 por Lula y Morales.

Ese mismo día se entregó también la ruta de 139 km Roboré-El Carmen (2), que fue ejecutada por Camargo Correa con una inversión de $us 94,9 millones.

Ambos proyectos fueron financiados por la Corporación Andina de Fomento (CAF), actual Banco de Desarrollo de América Latina. Otra obra en la que intervino Camargo fue la pavimentación de San José-Roboré (3), de 138 km.

Queiroz Galvao, por su parte, tendió en 2004 el puente “Alfonso Gumucio” (4) para reemplazar a otro que quedó destruido en diciembre de 2003 por la crecida del río Chapare, en Cochabamba. La plataforma, clave para el transporte de carga al Pacífico, requirió de una inversión de $us 5,3 millones que fueron financiados por la CAF.

Eficiencias. La constructora Queiroz Galvao, a su vez, se adjudicó en 2003 la construcción de la carretera Potosí-Tarija (5), de 433 km. El proyecto se comenzó a ejecutar en 2004, se interrumpió en septiembre de 2007 y se reanudó en diciembre de ese mismo año, luego de que la compañía se comprometiera a reparar con sus propios recursos 93 km de la vía que fueron observados por deficiencias técnicas (rajaduras).

Sin embargo, la brasileña no terminó la obra y en 2009 la cedió sin licitación a su coterránea OAS, que la concluyó en julio de 2013. La vía tuvo un costo total de $us 226 millones, de los que 188 millones correspondían a un crédito del Banco do Brasil y el saldo a recursos de la CAF.

OAS, asimismo, se adjudicó en agosto de 2008 la construcción de toda la polémica ruta Villa Tunari-San Ignacio de Moxos (6).

La obra de 306 km, que contaba con el auspicio de Lula, fue paralizada ante el rechazo de sectores indígenas a que el Tramo II de la ruta atravesara el Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS). Los trazos I y III continuaron a cargo de la empresa hasta abril de 2012, cuando el Gobierno decidió anular el contrato por incumplimiento de plazos.

Esta carretera se debía construir con una inversión total de $us 415 millones, de los que 83 millones debían ser financiados por el Estado boliviano y 332 millones por el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES) de Brasil, que también comprometió los $us 3.600 millones que estaban destinados a los 16 proyectos impulsados por las cinco principales implicadas en Lava Jato en seis países de la región.

En marzo de 2012, el expresidente del Servicio Nacional de Caminos (SNC) José María Bakovic (+) declaró que las adjudicaciones de obras a OAS en Bolivia se daban como un “pago” del “aporte que habría hecho esta empresa a las campañas políticas de Lula (da Silva) y Evo (Morales)”.

Ese mismo mes, el líder del opositor Movimiento Sin Miedo, Juan del Granado, denunció al embajador brasileño Marcel Biato que el entonces presidente de la estatal Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) Luis Sánchez pagó ilegalmente en 2009 un total de $us 7,5 millones a OAS, antes de firmar el contrato para la carretera por el TIPNIS.

Entre otras obras que ejecutó OAS está la carretera Potosí-Uyuni (7), de 199,8 km y $us 108,1 millones, que fue entregada en 2012.

Durante el periodo de revisión de notas se pudo notar que las cuatro constructoras brasileñas participaron también en otras licitaciones para la construcción de carreteras, puentes y otros.

En 2007, Odebrecht, por ejemplo, expresó a las autoridades bolivianas, a través de su filial Braskem, su interés en invertir $us 1.500 millones para la construcción en Bolivia de dos plantas de polietileno y una de etileno, además de centrales hidroeléctricas en las cuencas amazónicas de Beni. La compañía suscribió también a fines de ese mismo año convenios para estudiar la formación de un complejo petroquímico para industrializar el gas.

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