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Activistas en la mira

Los colectivos que defienden los derechos de las mujeres y las personas LGTBI son los más vulnerables a los ataques.

Activistas en la mira. Foto: Internet

Activistas en la mira. Foto: Internet

La Razón (Edición Impresa) / Alejandra Agudo - El País

00:00 / 04 de junio de 2017

Dos disparos. La noche del 2 de marzo de 2016, Berta Cáceres fue asesinada a tiros en su casa en Tegucigalpa, Honduras. Pese a que era una de las más conocidas activistas ambientales, fue tras su muerte cuando muchos oyeron hablar por primera vez de ella y su lucha en defensa de los derechos del pueblo lenca, al que pertenecía, y la batalla que mantenía contra la construcción de la presa de Agua Zarca. El enorme proyecto afectaba al río Gualcarque, sagrado para los indígenas. Como ella, 218 defensores de los derechos humanos fueron víctimas de homicidio por su labor, tres cuartas partes en América, según datos de Front Line Defenders recogidos en el informe Defensores y defensoras de los derechos humanos bajo amenaza, publicado por Amnistía Internacional. La cifra supone un incremento del 80% respecto a los 156 asesinados en 2015. Y en 2017 se continúa la tendencia, alerta la organización: solo en enero han sido asesinados 10, casi el doble de la media mensual de 2016.

La lista negra es larga y la impunidad de la que gozan los perpetradores favorece la suma de nombres: Abdul Basit Abu Dahab, de Libia; Gloria Capitán, de Filipinas; Marcel Tengeneza, de República Democrática del Congo; Emilsen Manyoma y Joe Javier Rodallega, en Boaventura (Colombia)... Así, hasta 3.500 asesinados desde 1998, cuando se aprobó la Declaración para la protección de los defensores y defensoras. “Y en la mayoría de los casos, nadie ha sido declarado culpable o acusado siquiera de estos crímenes”, advierte Amnistía.

Con la campaña Valiente, presentada por la organización simultáneamente a escala global, Amnistía Internacional pretende destacar la labor de estos activistas que se juegan la vida por defender lo justo. “Y pedir a los gobiernos que cumplan con su obligación de protegerles”, ha señalado el periodista Fernando Olmeda, presentador del evento. Sobre el escenario han charlado Dessale Berekehet, periodista eritreo exiliado en Noruega; Pascual Bernabé, activista ambiental guatemalteco, y Maribel Tellado, coordinadora de la campaña en la ONG. El asesinato es el más fatal de los desenlaces, pero no es el único ataque que enfrentan los activistas por parte de gobiernos, empresas, grupos armados o criminales para frenar su trabajo.

Los secuestros, desapariciones forzadas, persecución legal, campañas de desprestigio, asaltos sexuales, amenazas o censura, completan el menú de macabras estrategias contra la actividad de estudiantes, abogados, líderes comunitarios, periodistas, sindicalistas, ecologistas y, en definitiva, cualquiera que ose denunciar violaciones de derechos humanos, abusos de poder e injusticias.

Abuso

“Autoridades de todo el mundo abusan de forma creciente de leyes penales, civiles y administrativas para atacar y acosar a defensores a fin de deslegitimarlos a ellos y sus causas”, subraya el informe de Amnistía. En este sentido, la organización destaca a modo de ejemplo el caso de Farid al Atrash e Issa Amro, ambos detenidos por soldados israelíes tras haber tomado parte en una manifestación pacífica, pero acusados de participar en una protesta ilegal y agredir a los soldados. “Un video corrobora el relato de Al Atrash de que cuando lo detuvieron sostenía pacíficamente una pancarta delante de los soldados”, asegura la ONG. Otros, prosigue el documento, son enjuiciados en aplicación de leyes “excesivamente generales y redactadas de forma imprecisa, en especial las antiterroristas, contra el narcotráfico, de seguridad nacional o contra el extremismo”. Eso cuando no se elaboran normas ad hoc para criminalizar el trabajo de los activistas a los que, con creciente frecuencia, se les acusa de incitación a la violencia por organizar manifestaciones, añaden los autores.

Esta práctica no es exclusiva de países en desarrollo donde la pobreza y la fragilidad institucional favorecen la corrupción. Así lo hace notar Amnistía cuando dedica un capítulo al caso de Edward Snowden, el exagente de los servicios de inteligencia estadounidenses que filtró a la prensa información que desvelaba la vigilancia masiva a ciudadanos por parte de Estados Unidos y Reino Unido, entre otros países. “Se enfrenta a 30 años de prisión en Estados Unidos por revelar datos de enorme interés público. (...) Altos cargos del país lo han condenado sin juicio, conculcando su derecho a la presunción de inocencia. (...) Las autoridades le han anulado su pasaporte, por lo que sigue sin poder viajar a países que le han ofrecido asilo”, enumera la organización sobre el analista, actualmente residente en Moscú. Es común, asimismo, que los activistas sean sometidos a campañas de difamación. Sucede que “las autoridades y otras personas en el poder les acusen públicamente (en falso) de terroristas, antipatriotas, corruptos, espías o enemigos del Estado”, entre otras lindezas, apuntan los autores. Eso, cuando no son los llamados trolls, adversarios desconocidos en redes sociales, quienes les acosan verbalmente, desinforman sobre su figura o los amenazan. “Si no te matan, te hacen la vida imposible. Los trolls generan un clima constante de miedo, que hace que la gente deje de publicar”, recoge el informe el testimonio de Alberto Escocia, defensor mexicano de los derechos humanos. “Denunciar los ataques a la red social correspondiente no siempre elimina el problema”, apunta Amnistía. Esto se debe, explica, a que los hostigadores van en muchos casos por delante de los proveedores del servicio online en cuanto a cuestiones técnicas. En este sentido, los periodistas y comunicadores son blanco habitual en un intento de frenar sus publicaciones cuando éstas denuncian abusos de poder o delitos. Además de la difamación, la vigilancia y la censura son prácticas comunes para lograrlo, cuando no les cortan internet, les impiden acceder a las fuentes o los lugares de los hechos. Es tan sencillo como denegarles asistir a un acto o el visado de entrada a un determinado país. Las restricciones a la libertad de circulación han afectado incluso a activistas de Amnistía Internacional a los que se les ha prohibido viajar a ciertos países o les han expulsado cuando estaban investigando en terreno. Especialmente vulnerables a los ataques son los colectivos que pertenecen o defienden los derechos de las mujeres y las personas LGTBI (lesbianas, gays, transexuales, bisexuales e intersexuales). Las activistas enfrentan, además de los citados riesgos, la posibilidad de ser violadas para infundirles miedo, así como calificativos que cuestionan la decencia que se le supone tradicionalmente a la población femenina. Las amenazas a sus familias también son habituales, forzándolas a elegir entre la defensa de lo que consideran justo y la seguridad de los suyos.

“Las defensoras, por desafiar los roles tradicionales, se enfrentan a discriminación. Se les tacha de promiscuas, se las viola, se amenaza a sus hijos. En El Salvador, quienes luchan por la despenalización del aborto reciben ataques de la propia prensa, que las califica de antipatriotas o las acusa de llenar las calles de ríos de sangre”, dice Maribel Tellado, coordinadora de la campaña de Amnistía. “En cuanto al colectivo LGTBI, a las amenazas y asesinatos se suman otras formas de persecución. No solo en Uganda. En el video de la campaña vemos a Sakris Kupila, que es de Finlandia y ha sufrido acoso e intimidación. Ha tenido que abandonar su carrera de Medicina”.

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