El Financiero

El estado tiene que saber dónde están todas las armas

Bolivia está a punto de adherirse al Protocolo contra la fabricación y tráfico ilícito de armas de fuego.

En la imagen, en el lado derecho,  Simonetta Grassi, jefa del Programa Mundial sobre Armas de Fuego de la Unodc; a la izquierda, Lucía Gómez Cónsoli, coordinadora regional del mismo programa.

En la imagen, en el lado derecho, Simonetta Grassi, jefa del Programa Mundial sobre Armas de Fuego de la Unodc; a la izquierda, Lucía Gómez Cónsoli, coordinadora regional del mismo programa. Foto: Cristian Calderón

La Razón (Edición Impresa) / Iván Bustillos es periodista

00:00 / 22 de mayo de 2019

Bolivia acaso sea uno de los últimos países en la región en adherirse al Protocolo contra la fabricación y el tráfico ilícito de armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones, uno de los dos grandes instrumentos de cumplimiento obligatorio de Naciones Unidas sobre el tema (el otro es el Tratado sobre el Comercio de Armas). Pero esto es aparente: desde hace 10 años se viene trabajando en esta incorporación al Protocolo; de hecho la Ley 400 de Control de armas, municiones y explosivos (promulgada en septiembre de 2013) se la formuló con base en dicho instrumento. En esta semana (a fin de empezar a formalizar dicha adhesión) estuvieron en el país Simonetta Grassi (SG), jefa del Programa Mundial de Armas de Fuego, y Lucía Gómez Cónsoli (LG), coordinadora regional del Programa; ambas explicaron la importancia de este proceso.

— ¿A qué se obliga el Estado boliviano al adherirse al Protocolo?

— (SG) A poner en marcha un sistema de control de las armas, desde que se importan o fabrican, en todo su ciclo de vida, hasta su destrucción final; las obligaciones que nacen son de dos tipos: uno, de control preventivo, mantener un registro de las armas y evitar que se pierdan o se las roben, aunque esto los estados ya lo vienen haciendo; y, dos, que los estados introduzcan legislación sobre los tipos penales, las conductas que deben ser penalizadas, que son el tráfico ilícito de armas, la fabricación ilícita, la alteración de los marcajes y todo lo que acompaña esto. El Protocolo también da una definición de qué es el tráfico ilícito, y esto ocurre, por ejemplo, cuando se transfiere un arma de un país a otro sin la debida autorización. Entonces, los estados se comprometen a poner en marcha un sistema de control efectivo de las transferencias, de la importación, exportación y tránsito.

— Temas en el plano operativo...

— (SG) Además de estos aspectos técnicos, lo importante es que el país entra a ser parte de una comunidad de países, puede cooperar de manera más eficaz apoyándose en la Convención de Palermo [Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional] y en el Protocolo. El tráfico de armas es internacional y para poder siquiera pensar en una investigación sobre quién está detrás de ese tráfico, se requiere de cooperar, y muchas veces los estados no tienen acuerdos en esta materia específica. Entonces, puede poner en marcha todos estos tipos de cooperación, desde lo muy informal, como intercambio de información, hasta mecanismos más complejos como investigaciones conjuntas o cooperación que requiere de un acuerdo más formal como es la cooperación judicial.

— Bolivia ya tiene su Ley de Armas desde 2013...

— (LG) La Ley 400 de Armas está acorde al protocolo; si bien hay algunos artículos que son necesarios de reglamentar, la ley cumple con lo establecido en el Protocolo; el proceso actual es de adhesión.

— (SG) Quiero agregar que cuando se diseñó la Ley 400, los que la redactaron ya tuvieron en cuenta el Protocolo, incluso nos consultaron en una etapa avanzada, pero no final; pudimos dar nuestras observaciones, y por eso algunas disposiciones fueron modificadas teniendo en cuenta el Protocolo; esto ahora es muy ventajoso, porque al ratificar el Protocolo no hace falta hacer grandes cambios.

— ¿En qué lugar está Bolivia con relación a otros países?

— (LG) En América del Sur es el país que quedaría pendiente, junto con Colombia y Surinam. Colombia tiene una aclaración puntual sobre el Protocolo por razones internas. Bolivia, en el sur de Sudamérica, es el único país pendiente.

— ¿Cuáles son los aspectos más problemáticos para la aplicación del Protocolo?

— (SG) Si uno mira la Convención y sus protocolos, uno nota que el de Armas tiene un número inferior de países parte. En la Convención hay 190 estados, en el caso del Protocolo estamos en 118. Hay un primer problema, y es que los países se asustan porque lo ven muy técnico; es un desconocimiento del Protocolo, que hace que piensen, sobre todo los países que fabrican y exportan armas, que el Protocolo les va a cortar las alas; y no es cierto. Cada vez que hemos explicado el Protocolo, se han dado cuenta que más bien protege al mercado legal. Este año Francia y Alemania ratifican, siendo países con bastantes negocios en materia de armas.

— ¿Estados Unidos ratificó?

— (SG) Estados Unidos es un discurso muy aparte, porque si bien se le puede explicar a Estados Unidos que el protocolo no representa una amenaza para su mercado lícito, hay como un miedo de que se ataque su Segunda Enmienda, que permite a los ciudadanos tener o andar armados; el Protocolo no define la tenencia, dice que ésta es una responsabilidad de cada Estado; me dice a mí, Estado, tú puedes permitir a todo el mundo tener armas, pero tú tienes que saber dónde están, quiénes las tienen, cuándo y cómo se transfieren, para que no caigan en lo ilícito; tienes que tener un registro.

— El Protocolo para la región es especialmente importante: 74% de los delitos tienen que ver con armas de fuego, cuando el promedio global es 42%.

— (LG) En el último informe de homicidios se dice que en América Latina la muerte por arma de fuego es del 66% de los homicidios, cuando en el resto del mundo es 43%. Si bien Bolivia es un país pacífico en el promedio general de Latinoamérica, cada país en forma individual debe mejorar el cuidado del no acceso a las armas por parte de los delincuentes. Por eso el Protocolo insiste en que las armas estén legalizadas y le sea muy difícil al delincuente acceder a ellas.

— Lo del registro parece clave, aunque parezca muy básico. ¿Bolivia tendrá que adherirse a un registro internacional? ¿hay esto? 

— (SG) No existe un registro internacional. Hay cosas internacionales, pero que son voluntarias. Existe el registro de la ONU donde los países de forma voluntaria informan sobre sus adquisiciones; pero eso es otra cosa, no tiene nada que ver con el Protocolo. Los países tienen que tener sus propios registros; muchas veces los países hablan a nivel regional para poner información en común, para crear un registro, por ejemplo, de las armas que han sido robadas; pero todo esto nace de un registro nacional. Bolivia ya tiene un registro, se dio la tarea, está en su ley, de tener un registro nacional único e integral.

— ¿Cómo ven la Ley 400?

— (SG) La Ley 400 es muy ambiciosa, y esto no es una crítica. Estamos en 2019, la ley fue aprobada en 2013, reglamentada en 2014; toma años, pero es una ley que legisla hacia el futuro, y es una cosa positiva, que hay que alcanzar, hay que llegar a implementar. Nosotros, como UNODC queremos acompañar al país porque pensamos que fue grande el esfuerzo de Bolivia; se demoró 10 años en adoptar una ley, y es que lo quisieron hacer bien, y lo hicieron bien, entonces, hay que ayudarles a que se implemente de una manera sostenible; todo lo que Bolivia ha logrado hasta ahora lo ha logrado sola; es importante remarcarlo, porque otros países confían demasiado en el apoyo internacional. Bolivia está andando despacito, paso por paso, pero son pasos firmes.

— Se dice que esto tiene mucho que ver con los objetivos de desarrollo del  milenio.

— (SG) Lo interesante de la Agenda 2030 (los Objetivos de De- sarrollo Sostenible) es que se reconoce abiertamente que el crimen organizado es un obstáculo al desarrollo; en las Metas para el Milenio estaba solo en la parte preambular, no había ninguna meta, aquí hay varias; está todo el Objetivo 16 [“Paz, justicia e instituciones fuertes”]. Se reconoce que el crimen organizado es un obstáculo directo e indirecto, directo porque quita vidas, quita recursos, a través de la corrupción; indirecto porque desvía (recursos), porque en el momento en que el Estado tiene que enfrentar esas amenazas hay menos esfuerzo para otras.

Simonetta Grassi

Durante 13 años trabajó en el área del delito organizado, promoviendo la ratificación e implementación de la Convención de las Naciones Unidas contra el Crimen Organizado Transnacional (UNTOC).

Datos

Profesión: Italiana, Maestría en Derecho, posgrado en Relaciones Internacionales.

Perfil

A la fecha es la Jefa del Programa Mundial sobre Armas de Fuego de la UNODC

Lucía Gómez

Estuvo 20 años de funcionaria del Estado argentino en el sector de control y fiscalización de armas de fuego  y explosivos en los ministerios de Defensa y Justicia, Seguridad y Derechos Humanos.

Datos

Profesión: Argentina, ingeniera mecánica, experta en armamento y explosivos

Perfil

Coordinadora Regional del Programa Mundial sobre Armas de Fuego de la UNODC.

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