El Financiero

Proyecto busca que no se exporte materia prima forestal

Se plantea la propiedad y dominio de los bosques solo para el Estado.

Recursos naturales. Se plantea proteger y aprovechar áreas forestales.

Recursos naturales. Se plantea proteger y aprovechar áreas forestales. Foto: NDZ

La Razón (Edición Impresa) / Marco A. Ibañez / La Paz

12:00 / 02 de mayo de 2019

El Legislativo se apresta a debatir un proyecto de Ley Forestal que impide exportar madera si no es en forma de mueble y que le otorga al Estado la propiedad y dominio directo de este recurso, aspecto que se considera vulnera dos artículos constitucionales. 

Se trata del proyecto de Ley Forestal de Gestión Integral Sustentable de Bosques, que reemplazaría a la Ley 1700, vigente desde 1996. La Cámara Forestal de Bolivia (CFB) reclama que la formulación de la norma no fue concertada.

El proyecto fue repuesto al Legislativo por el diputado oficialista Justiniano Mamani el 14 de marzo, luego de que el Ejecutivo y los empresarios forestales observaran su contenido en dos oportunidades en 2018. En la carta con la que Mamani presentó esta nueva versión, asegura haber subsanado las observaciones e incluido propuestas de otros anteproyectos archivados de la Cámara Baja.

En sus 46 artículos propone para el aprovechamiento integral de los recursos forestales un catastro quinquenal, que la Micro y Pequeña Empresa (Mype) del sector tenga mayor participación en diversos procesos, que se fomente la producción de muebles y que se promuevan políticas que eviten la exportación de materia prima.

En criterio del gerente de la CFB, Jorge Ávila, la propuesta no refleja la situación que atraviesa su sector y lamenta que no fuera redactada de forma concertada. “Se sigue intentando regular con los prejuicios de hace 25 años, cuando hoy no es ni la sombra de lo que fue hace dos décadas”, afirma y plantea la elaboración de una política nacional forestal con participación de todos los actores del sector que —asegura— enfrenta una “crisis”, producto de factores como las importaciones, el cambio de uso de suelos y otros.

En sus observaciones al proyecto presentado, Ávila cita el artículo 28, que establece que Gobierno y Entidades Territoriales Autónomas (ETA) deben implementar políticas para “no exportar materia prima maderable, sino transformada en muebles”.

“El proyectista desconoce, sin duda, que en Bolivia el 100% de las exportaciones son productos semielaborados o acabados”, argumenta. Explica que en el mercado una madera aserrada (piezas macizas obtenidas del aserrado, de sus caras paralelas) es un producto semielaborado; en cambio, materia prima es la tronca, dice.

Sin embargo, Mamani considera que “los tablones semielaborados no tienen valor agregado, salen en bruto”. Además, advirtió “si vamos a exportar, vamos a exportar muebles, sillas, comedores. (...) Toda madera bruta tiene que industrializarse en Bolivia porque este recurso natural es para los bolivianos, y si hay excedentes recién se va a exportar”.

De acuerdo con datos del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), en 2018, Bolivia exportó productos de madera por un total de $us 51.057.876, registrándose un incremento del 13% con respecto a las ventas al exterior generadas en 2017 cuando se alcanzó los $us 45.247.843.

Según el gerente de los empresarios forestales, el año pasado 55% de las exportaciones correspondió a productos semielaborados en tanto que el 45% restante a productos acabados.

Ávila precisa que del 100% de la producción de madera en Bolivia, solo el 15% se destina a la exportación y que el restante 85% se consume localmente.

“Con estos datos podemos constatar que este proyecto adolece de elementales conceptos, primero de orden y técnica legislativa. Y en segundo lugar carece de información de la actual situación del sector forestal que intenta reactivarse”, sostiene y anticipa que en los próximos días solicitarán al presidente de la Cámara de Diputados, Víctor Borda, la “desestimación” de esta propuesta.

De no atenderse favorablemente la solicitud de la Cámara Forestal, no descarta que su sector tome acciones de protesta.

PROPIEDAD. Otro de los aspectos observados del proyecto tiene que ver con la propiedad y dominio de los recursos forestales.

La Ley 1700, en su artículo 4, establece que “los bosques y tierras forestales son bienes del dominio originario del Estado sometidos a competencia del Gobierno”. La actual propuesta, en su apartado 6, indica que “los bosques y los suelos forestales son de propiedad y de dominio directo, indivisible, imprescriptible del Estado Plurinacional de Bolivia”.

Pablo Solón, activista ambientalista y director de la Fundación Solón, considera que el enunciado es contrario a la Constitución Política del Estado (CPE), que en sus artículos 349 y 403 define que los recursos naturales “son de propiedad, dominio directo e imprescriptible del pueblo boliviano” y que corresponde al Estado su administración en función del interés colectivo. Y que reconocen la integralidad del territorio indígena originario campesino, que incluye el derecho a la tierra, al uso y aprovechamiento exclusivo de los recursos naturales renovables.

“Su redacción niega la propiedad del pueblo boliviano (sobre los recursos forestales), siendo claros dice que son solamente del Estado, voló a la población, en particular a los pueblos indígenas que ocupan los territorios donde hay bosques”, afirma. En su criterio, la nueva propuesta —al igual que la Ley 1700— solo es “un procedimiento para entregar concesiones forestales para el aprovechamiento de la madera”, y no una norma integral sustentable.

Solón sí cree que se debería prohibir la exportación de materia prima maderable, pero considera que el artículo propuesto debe ser fundamentado.

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