El Financiero

David Álamos: 'Lucha contra el blanqueo de capitales se evaluará en abril de 2020'

El Jefe del Área de Prevención del Delito y Fortalecimiento de la Justicia (Projust) de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito anticipa detalles de la próxima evaluación que se hará a las acciones contra el lavado de dinero en Bolivia.

Seguimiento. El español visitó La Paz como parte de una delegación de la UNODC.

Seguimiento. El español visitó La Paz como parte de una delegación de la UNODC. Foto: Cristian Calderón

La Razón (Edición Impresa) / Marco A. Ibáñez / La Paz

12:07 / 26 de junio de 2019

El principal responsable de Projust, encargada de proveer asistencia técnica legal especializada a los Estados que buscan fortalecer sus capacidades institucionales contra el crimen transnacional organizado, visitó La Paz la semana pasada como parte de una delegación de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), que acompaña a Bolivia en su preparación para la Evaluación Mutua del Grupo de Acción Financiera para Latinoamérica (Gafilat). Los otros 16 países de la sociedad analizarán el cumplimiento normativo y la efectividad del sistema boliviano contra el lavado de activos, detrás del cual pueden estar el crimen organizado transnacional, el narcotráfico, el tráfico de armas, la trata de personas y la corrupción.

— ¿Cuándo se evaluará el progreso de Bolivia en la lucha contra el lavado de dinero?

— En abril de 2020 Bolivia va ser evaluada por una misión del Gafilat. Será una evaluación in situ del país, no solo la respuesta del Ejecutivo sino del Estado. Gafilat realiza ese proceso a través del Fondo Monetario Internacional (FMI) o a través de los otros 16 países miembros y Bolivia optó por esta última alternativa. Se valorará el cumplimiento de las 40 recomendaciones de este organismo en materia de prevención, mecanismos de control y persecución y sistemas contra el lavado de activos, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva.

— ¿Cuál es su evaluación sobre la situación del blanqueo de capitales en el país?

— Cómo está Bolivia se verá ahí (en la evaluación del Gafilat), pero lo que sí sabemos es que hay un esfuerzo y un plan de trabajo importante y serio por parte del Estado para mostrar que el país tiene un nivel de cumplimiento positivo respecto de las 40 recomendaciones del Gafilat, las cuales están relacionadas a los temas de evaluación de riesgos, coordinación nacional, delitos, decomiso y medidas provisionales, normativa y regulación, sanciones y cooperación internacional y otros.

— ¿Cuáles son los avances en el Estado Plurinacional?

— El país ha iniciado un camino importante al cual nos sumamos desde hace un mes para que en abril se muestre la efectividad. Con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito se está haciendo un ejercicio clave de tipologías, porque cuando un país conoce cómo está su nivel de riesgo en materia de lavado de activos, sabe cómo responder el lavado de dineros porque conoce su vulnerabilidad sectorial.

— ¿Las tipologías serán conocidas hasta fin de año?

— Eso lo vamos a saber este año: el conocimiento de esas tipologías y cómo responder de acuerdo con la vulnerabilidad de un sector económico. Por ejemplo, cuando no se conoce la vulnerabilidad de las empresas se las puede utilizar para el lavado sin el conocimiento del empresario. Una vez que se conozca cómo se lava el dinero, el siguiente ejercicio es qué medidas se han tomado en Bolivia para mitigar o enfrentar el riesgo o evitar la posibilidad de que se lave dinero en esos sectores.

— ¿Qué otras acciones se realizarán en esta gestión?

— La Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) es clave porque es el punto focal ante el Gafilat, pero el trabajo y respuesta tiene que ser de todos los sectores y todas las entidades públicas y privadas, porque lo que se va a medir es el cumplimiento normativo y su efectividad. Se está elaborando la Estrategia Nacional de Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas, con un plan de acción específico para mejorar las condiciones respecto al cumplimiento de las 40 recomendaciones. Se trabaja asimismo con la Unión Europea y el apoyo del FMI en la evaluación nacional del riesgo, y se están haciendo instructivos para que sectores concretos cumplan con estándares relacionados a la intermediación financiera y a las APNFD (Actividades y Profesiones No Financieras Designadas), que son casinos, notarios, abogados, contadores, comerciantes de metales y piedras preciosas, y agentes de fideicomisos. Se medirá también la efectividad en cuanto a investigaciones judiciales y sentencias (...). También la UIF está llevando alianzas internacionales con sus pares de Perú y México.

— ¿Qué otras tareas o acciones se necesitan?

— Se necesita que estas acciones aterricen, se concreten y den resultados. Nos encontramos en el período en el que todos los países sujetos a evaluación aprovechan para afinar y poner en marcha acciones necesarias para cumplir las recomendaciones. Este trabajo posibilitará que en abril de 2020 no solo se conozcan esas tipologías, esos modus operandi que podrían llevarse a cabo en determinados sectores priorizados por la UIF, sino también que se realicen acciones para prevenir la posible ocurrencia del fenómeno de lavado de activos aprovechando vulnerabilidades.

— ¿Se tiene una cuantificación del lavado de dinero en Bolivia?

— No, porque eso no lo hacemos nosotros, sino la UIF. Lo que tenemos es un estudio, un metaanálisis que se hizo en 2011 que indica que entre el 2 y el 5% del Producto Interno Bruto (PIB) global se lava. Bolivia, así como cada país, tiene un porcentaje distinto que, sin embargo, se calcula, está en ese rango. Esto se verá en la evaluación nacional del riesgo que le va a poner números al lavado de activos, y la UIF conocerá esos datos por sectores de la economía: cuánto se lava y cuánto es potencialmente lavable. NdE. El impacto mundial del ilícito equivaldría a entre $us 800.000 millones y 2 billones. “Los recursos provenientes del lavado de activos han fomentado la creación de una cultura de dinero fácil que se ha alojado en la sociedad, generando situaciones de inseguridad, amenazas, extorsión y corrupción. Cada año, estos dineros aseguran el crecimiento de grupos criminales, la expulsión de sus competidores del mercado, el encarecimiento de bienes y servicios y la intimidación de la población”, advierte la UNODC.

— ¿La UNODC está brindando apoyo técnico a Bolivia para la elaboración de la ley sobre paraísos fiscales?

— Hasta donde yo sé, no, pero puedo  decir que este tema es uno de los retos más importantes que deben enfrentar los Estados a la hora de hacer trazabilidad de las finanzas ilícitas. Entonces, no es un tema solamente de Bolivia, acceder a ese tipo de información es bien complicado y también un reto en materia de cooperación internacional.

— ¿Ese tema será tratado en la evaluación de abril?

— Se va a tratar todo y todo está ponderado. La efectividad del sistema se mide en tanto y en cuanto existan mecanismos de cooperación que sean eficaces.

— ¿Cuáles son los efectos de una evaluación negativa?

— El que se va a ver afectado por la calificación no es la UIF, es Bolivia. La última evaluación que se hizo al país fue en 2011, que fue con un método de evaluación distinto y el resultado no fue tan bueno. Si no surge una buena evaluación se tendrá costos políticos, sociales y económicos. En ese marco, un primer mensaje es que esta evaluación es al país por lo que se necesita el compromiso de todos los sectores públicos y privados. Segundo, que se están haciendo acciones por parte de las instituciones públicas, como la estrategia y normativas, alianzas internacionales y demás. Tercero, que es un seguimiento. Si sale peor que eso, el país ingresa a un mecanismo de seguimiento intensivo directamente con la GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional), lo cual no es bueno porque tiene consecuencias políticas, económicas y sociales.

— ¿Qué aconseja al Estado?

— Que se terminen de aprobar normas como la ley de lucha contra la legitimización de ganancias ilícitas, que implementen la estrategia nacional (contra el ilícito), que se defina la tipología y sectores vulnerables para que se pongan en marcha sistemas de riesgo, y que se estructure la información en matrices y formatos adecuados. Es importante además que se realice un simulacro de cómo será la evaluación, que ayuda no solamente a preparar la información sino también a trasmitirla. Los evaluadores valorarán la implementación a partir de resultados inmediatos, aplicarán distintos baremos (tabla de cálculos) desde no cumplido a cumplido y verán de acuerdo con la información que reciben en qué rating ponen a Bolivia. El equipo evaluador elaborará un informe preliminar que es enviado a Bolivia, para que responda, y en función a las respuestas se lo llevará al plenario de Gafilac para su consideración y calificación en cada una de las 40 recomendaciones.

Perfil

Nombre: David Álamos

Profesión: Abogado

Cargo: Jefe del Área de Prevención del Delito y Fortalecimiento de la Justicia (Projust)

Experto en prevención y lucha contra el crimen organizado

El español obtuvo sus licenciaturas en Derecho y en Administración y Dirección de Empresas en la Universidad de Granada (España). Desempeñó diferentes funciones en la Comisión Europea, en la Embajada de España y en varias agencias de Naciones Unidas, entre ellas la Oficina contra la Droga y el Delito (UNODC), el Alto Comisionado para los Refugiados (ACNUR), el Instituto Interregional para Investigaciones sobre la Justicia y el Delito (UNICRI) y la Organización para el Desarrollo Industrial (ONUDI). Al momento, se ocupa de coordinar programas de asistencia técnica para la implementación de las convenciones internacionales de prevención y lucha contra el crimen organizado, corrupción, drogas y terrorismo.

Ediciones anteriores

Lun Mar Mie Jue Vie Sab Dom
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30

Suplementos

Colinas de Santa Rita, Alto Auquisamaña (Zona Sur) - La Paz, Bolivia