Animal Político

El estado vigilante

Assange no la tiene fácil, pero tampoco el Gobierno de Estados Unidos.

La Razón (Edición Impresa) / Santiago O’Donnell es periodista argentino (*)

12:00 / 08 de mayo de 2019

Julian Assange no la tiene fácil, pero tampoco el Gobierno de Estados Unidos. Washington lleva más de cinco años investigando al fundador de WikiLeaks a través de un Gran Jurado constituido en las entrañas del complejo burocrático-militar estadounidense. Pero cuando la embajada ecuatoriana echó como a un perro a su huésped más ilustre, el Departamento de Estado apenas pudo retenerlo tras las rejas de una cárcel británica con un modesto pedido de extradición basado solo en un intento fallido de descifrar la clave de una computadora del Departamento de Defensa.

Si se llegara a probar que Assange efectivamente se valió de algún acto ilegal para intentar conseguir esa contraseña, se trataría de un presunto crimen informático castigado con hasta cinco años de cárcel. La acusación menciona que Assange solo le dijo a su presunta fuente, Chelsea Manning, que había intentado conseguir la clave pero “no tuve suerte”. Si tomamos semejante confesión literalmente (formaría parte de los chats borrados y luego recuperados entre Manning y Assange) habría que preguntarse si tratar de conseguir una clave secreta constituye delito y, si la respuesta fuera afirmativa, qué pasaría si el supuesto infractor no hubiera tenido “suerte”. Si no se agregan acusaciones más sustanciales, dichas preguntas podrían terminar determinando la culpabilidad o inocencia de Assange, tanto en el juicio de extradición como en un eventual juicio criminal en EEUU.

Sin embargo, nada asegura que Assange sea juzgado por lo que ha sido acusado hasta ahora. Por un lado, Estados Unidos, habiéndose asegurado el primer objetivo de retener bajo arresto a Assange a través de su pedido de extradición, podría agregar nuevas acusaciones antes de que el juicio de extradición culminara. Algunos expertos legales calculan que los fiscales estadounidenses que lo han requerido tienen hasta 65 días para ampliar su acusación, contando desde el momento en que Assange fue detenido, el 11 de abril. Por otro lado, la alternativa que más inquieta a Assange y a su equipo es que se agreguen nuevos cargos a la acusación original, una vez que el editor y ciberactivista sea deportado de Gran Bretaña. “Creemos que la acusación que se presentó con la solicitud de extradición es solo parte de la historia”, declaró el nuevo editor de WikiLeaks y vocero histórico de la organización, el periodista islandés Kristinn Hrafnsson. “Vendrán más, se agregarán más cargos.”

James C. Goodale, abogado principal del diario The New York Times durante el juicio por los Papeles del Pentágono en la década del 70, hace notar que la ley británica no permite extradiciones por razones políticas y que el crimen de espionaje es considerado un crimen político por la jurisprudencia de ese país. Por esa razón, explica el especialista, los fiscales estadounidenses han evitado por ahora acusar a Assange de espionaje. Sin embargo, continúa el abogado, en la acusación, la descripción de la conspiración de la que habría participado Assange contiene lenguaje extraído de la Ley de Espionaje. “Assange y Manning tenían razones para creer que la difusión pública de los despachos de las guerras de Irak y Afganistán causarían lesión a Estados Unidos”, dice el texto presentado por los fiscales estadounidenses a las autoridades británicas. En concreto, la frase “causar lesión a Estados Unidos” proviene de la Ley de Espionaje. Y según Goodale, no fue insertada en la acusación por casualidad. “Las referencias a la conspiración bajo la Ley de Espionaje en la acusación en contra de Assange hace pensar que Estados Unidos podría cambiar la carnada. O sea, primero sacar a Assange del sistema judicial británico como sea para después acusarlo de espionaje una vez que se encuentre en territorio de Estados Unidos.”

Pero para llevar adelante semejante estrategia los fiscales deben sortear un escollo no menor: el tratado de extradición no permite que una persona sea juzgada por un crimen diferente por el cual fue extraditado. Sin embargo, dicho escollo legal no sería insalvable, opinó el exabogado jefe del New York Times. “Hay una excepción a la prohibición de presentar nuevas acusaciones después de la extradición. Se trata de cargos adicionales que se basen en los mismos hechos por los que la extradición fue concedida. Assange podría ser acusado de espionaje si esos cargos se presentaran como una profundización de la acusación por delitos informáticos”, explicó Goodale.

Pase lo que pase es altamente improbable que Assange sea condenado a muerte. Virginia es uno de los 30 estados que aplica la pena capital. Es el más rápido en ejecutar a sus sentenciados, con un promedio de ocho años de espera, y es segundo detrás de Texas en cantidad de ejecutados desde 1976 (114, sobre un total de casi 1.500). Pero tanto la legislación británica como la europea a la que Reino Unido suscribe prohíben extraditar personas a países con pena de muerte, a menos que el país receptor garantice que dicha pena no será aplicada al extraditado.

La exigencia británica del respeto a la vida del extraditado no garantiza que Assange recibirá un trato respetuoso de los derechos humanos en EEUU. Su supuesta fuente en la megafiltración llamada Cablegate, Chelsea Manning, detenido en 2010, condenado a 35 años y perdonado por Barack Obama a los siete, recibió en la cárcel un trato “cruel, inhumano y degradante, equiparable a la tortura”, según dictaminó en 2012 el entonces relator especial para la tortura de la ONU, Juan Méndez. Mientras Manning recibía ese trato, sus interrogadores insistían en demandarle que involucrara a Assange en un supuesto complot de espionaje. Hace dos meses Manning fue detenido nuevamente y hasta hoy permanece en una celda de aislamiento por negarse a contestar preguntas sobre Assange ante el Gran Jurado de Alexandria.

Claro que  juzgar y condenar a Assange, un publicador de información secreta, sería muy distinto que ir en contra de los filtradores. Los principales medios de Estados Unidos (y del mundo entero) fueron socios de WikiLeaks en la publicación de sus filtraciones más impactantes y la primera enmienda de la constitución estadounidense protege explícitamente la libertad de expresión. Por eso los fiscales de Alexandria, en sus allanamientos e interrogatorios de testigos, insisten en buscar evidencias de que Assange participó en sus filtraciones de una manera distinta a la que habitualmente hacen los periodistas y que no fue simplemente un receptor pasivo de información que le llegó de manera anónima.

En ocho años de investigación, al parecer, apenas consiguieron un chat borrado que sugiere un intento fallido de descifrar una clave secreta y una narrativa legal, sin correlato empírico, que habla de una supuesta “lesión” a Estados Unidos. En tiempos de Trump, fake news y posverdad no hace falta mucho más para castigar al principal responsable de desnudar al Estado vigilante.

(*) Tomado del periódico argentino Página 12, también en Other News en español.

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