Animal Político

La utopía del bilingüismo

Debemos dejar de lado imposturas y normas bien intencionadas, pero de inviable aplicación práctica.

La Razón (Edición Impresa) / Fabián II Yaksic es parte de la Gobernación de La Paz

00:00 / 09 de enero de 2019

Parlaña pä aruta, castellano y algún otro idioma oficial de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, de acuerdo al uso dominante en un territorio específico, es uno de los siete requisitos para acceder al desempeño de funciones públicas, estipulado en el artículo 234 de la Constitución Política del Estado; de aplicación progresiva de acuerdo a la Ley 269 Ley General de Derechos y Políticas Lingüísticas en vigencia desde el 2 de agosto de 2012, que estableció un plazo de tres años para su cumplimiento; sin embargo, el Decreto Reglamentario de dicha ley recién se promulgó en agosto de 2015.

Pretender que los funcionarios públicos hablen dos idiomas oficiales, es decir, sean bilingües, por decreto gubernamental, trae como resultado la imposición de obligaciones a funcionarios públicos que implica, además, un costo para éstos; sin el resultado esperado; pues la ausencia precisamente de políticas lingüísticas hace que el bilingüismo deseado sea hasta ahora un fracaso. Como lo evidencian nuestros gobernantes que son los primeros en incumplir obligaciones impuestas por ellos mismos. Lo sucedido con Álvaro García Linera (AGL), quien en una conferencia de prensa no pudo responder un simple requerimiento periodístico de que pueda enviar un saludo navideño en algún otro idioma oficial, que no sea el castellano, quedando como un k’arisiri ante todo el país, develando la impostura que caracteriza a nuestros gobernantes en éste y otros aspectos de mayor relevancia como la explotación de nuestros recursos naturales, el respeto a la “madre tierra”, la separación de poderes, el respeto a la voluntad popular expresada en las urnas (21F), la transparencia y cero tolerancia a la corrupción, entre muchos otros aspectos que hacen a la responsabilidad por la función pública.

La Ley 269 tiene como objeto loable: “reconocer, proteger, promover, difundir, desarrollar y regular los derechos lingüísticos individuales y colectivos de los habitantes del Estado Plurinacional de Bolivia”; delimitando los mismos bajo el principio de territorialidad “…a espacios territoriales para el acceso a los servicios públicos en uno o más idiomas oficiales, según su uso generalizado”; así como garantizando a la persona, bajo el principio de personalidad, “...el ejercicio del derecho de usar su idioma, independientemente del lugar en el que se encuentre dentro del Estado Plurinacional de Bolivia”.

La Ley 269 prevé la denominada “Normatización lingüística”, “…proceso que tiene por objeto dotar de alfabetos, reglas ortográficas, normas gramaticales precisas, innovaciones en el vocabulario y el desarrollo del discurso, para el desempeño escrito de un determinado idioma en diversos ámbitos”. A lo que se debería agregar metodologías didácticas, aplicando técnicas de enseñanza-aprendizaje orientadas a educar a personas adultas (andragogía).

Sin un desarrollo metódico de este proceso, no es racional obligar a los funcionarios públicos, poniendo plazos perentorios inviables, a comprar el certificado de un curso básico que implique al menos “…habilidades lingüísticas que comprendan la oralidad simple, uso del idioma para comunicarse en situaciones reales simples y de inmediata necesidad”, que se lo hace solo para cumplir las formalidades burocráticas.

Para poder responder al derecho que tiene toda persona de recibir atención en su idioma, en toda gestión que realice, en cualquier repartición de la administración pública y entidades privadas de servicio público, se requiere un programa sostenido de enseñanza-aprendizaje en la administración pública especialmente en aquellas reparticiones de justicia (Órgano Judicial), salud pública, trámites oficiales y otros de necesidad pública.

Pero donde debemos impulsar la enseñanza-aprendizaje de al menos dos idiomas oficiales y mínimamente un idioma extranjero (preferentemente el inglés) es en la educación regular, de manera que los futuros bachilleres y profesionales sean por lo menos bilingües, sino trilingües. Eso permitirá contar con recursos humanos, no solo en la administración pública, altamente competitivos; en un país como el nuestro que ha dejado hace mucho de ser rural, donde más del 70% de la población es urbana y habla predominantemente el castellano.

Para ello debemos dejar de lado las imposturas, la demagogia, plazos perentorios y normas bien intencionadas pero de inviable aplicación práctica, que no las respetan ni quienes las elaboran y aprueban para cumplimiento obligatorio de los demás.

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