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El Sus: recentralización del sector salud

El SUS es parte de la vieja práctica de endosar a los gobiernos ediles responsabilidades con el mismo dinero.

La Razón (Edición Impresa) / Vladimir Ameller T. es economista

00:00 / 27 de febrero de 2019

La Constitución Política del Estado aprobada el 2009 fue el inicio de la recentralización de la educación y la salud, convirtiendo competencias exclusivas municipales en concurrentes con el gobierno central; abriendo a éste último la intervención en el territorio sin necesidad alguna de coordinación y generando una competencia desleal con los exiguos presupuestos municipales.

Desde hace décadas, Bolivia es el país con menor inversión en salud respecto del PIB, no llegando al 6%, mientras América Latina invierte un 8% y el mundo al menos un 10%, develando que la prioridad no fue fortalecer o consolidar la gestión de la salud sobre la plataforma del régimen autonómico.

Hoy las prestaciones de servicios de salud integral (Ley 475) se financian con casi 2.000 millones de bolivianos, financiados por los gobiernos municipales.

Pretender que 200 millones de dólares (1.400 millones de bolivianos) sean suficientes para solventar a 5 millones de personas adicionales no guarda relación con la magnitud de la inversión requerida solo para financiar el Sistema Único de Salud (SUS).

De los 200 millones de dólares anunciados y que serán administrados por el nivel central, 60 millones fueron comprometidos para infraestructura y equipamiento de los debilitados hospitales de tercer nivel que, sujetos a la suscripción de convenios unilateralmente redactados, se recentralizan después de casi 25 años de haber estado bajo administración de gobiernos subnacionales. Los restantes 140 millones, gran parte de ellos serán destinados a dotar de ítems a los egresados de Escuela Latinoamericana de Medicina (ELAM), cuestionados, por un lado, por el  colegio médico y las universidades bolivianas; y, por otro, por las dimensiones técnicas y tecnológicas que la salud adquirió en los últimos 20 años en ramas conexas a la medicina, y que generó una nueva medicina abriéndose paso con apoyo de la genómica y la revolución digital, con lo cual el ejercicio de la medicina hoy se convierte en una asignatura de alta complejidad tecnológica y especializada.

Por otra parte, los 2.000 millones de dólares anunciados para salud no son recursos adicionales ni tampoco para los gobiernos municipales; los mismos ya están comprometidos para los 49 hospitales que el Gobierno central construirá. El 15,5% de la coparticipación se viene aplicando desde hace varios años por los gobiernos municipales con cargo a su presupuesto. Santa Cruz, La Paz, El Alto y Cochabamba soportan el peso de la salud y no disponen de recursos adicionales para brindar más gastos con respecto a los establecidos en la Ley 475.

También vale la pena precisar que el SUS no es todavía un seguro universal, porque no cubre todas las prestaciones necesarias para la atención en salud. Resulta ser un seguro parcial y no inmediato, porque su aplicación demandará varios años. Y, finalmente, complejo porque a diferencia de otros sectores como la educación y el transporte, deberá coordinar con los gobiernos departamentales y municipales, que en algunos casos como Tarija y El Alto disponen de seguros complementarios para distintos beneficiarios.

Cabe recordar que desde hace más de una década gran parte de la política social es financiada por los gobiernos municipales, hoy casi toda la red de protección a grupos vulnerables (desayuno escolar, defensorías, servicios legales integrales, niños menores de cinco años, mujeres embarazadas, tercera edad y desde el año pasado, bono a los discapacitados) se paga con cargo al presupuesto municipal; ingresos que son cada vez más condicionados por el gobierno central, a través de la transferencia de nuevas competencias sin recursos adicionales (10% para deportes, 10% para seguridad ciudadana, etc.)

El SUS es parte de esta vieja práctica del gobierno central, endosando a los gobiernos municipales más responsabilidades con los mismos recursos y limitando los márgenes de atención y decisión de las autoridades municipales para atender la demanda vecinal, legítima y emergente de los territorios.

Una medida calculada y políticamente correcta pone en riesgo la atención en un frágil sistema de salud, despertando falsas expectativas en la población y amenazando la gobernabilidad en los municipios, que finalmente son los que sostienen, con dificultades, y desde hace más de 20 años, el financiamiento de todos los seguros de salud de gran parte de la población boliviana.

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