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Las posturas ante la pelea final por la autonomía

Este año, el Gobierno y las entidades territoriales autónomas deben lograr un acuerdo definitivo sobre la financiación de la autonomía.

Cronograma de etapas del pacto fiscal. Infografía: La Razón

Cronograma de etapas del pacto fiscal. Infografía: La Razón

La Razón (Edición Impresa) / Aline Quispe / La Paz

00:00 / 30 de julio de 2017

El Gobierno y las regiones llegan sin consensos al debate final sobre la financiación de las autonomías. Las gobernaciones apuntan a una “redistribución de recursos” y el Ejecutivo ratifica que esa política no está en discusión pues espera que cada entidad autónoma pueda generar sus propios recursos a merced de impuestos o proyectos productivos.

Actualmente, la vigente Ley 1551 de Participación Popular, promulgada en 1994 durante el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, dispone que el 75% de la torta tributaria —entendida como la asignación de lo recaudado por impuestos— se destine al Ejecutivo, el 20% a los municipalidades y el 5% a las universidades públicas.

En ese marco, para las gobernaciones de La Paz, Santa Cruz y Tarija el “tema de fondo” es la “redistribución de recursos”, por lo cual elaboraron una propuesta, previa socialización con sus regiones, de cara a la última etapa sobre el análisis de las fuentes de los recursos públicos. La propuesta de La Paz, que tiene cinco componentes, es modificar la coparticipación tributaria y que el 65% de los ingresos se asigne al Gobierno, el 20% a los municipios, el 5% a las universidades y que el 10% se otorgue a los gobiernos regionales, explicó a Animal Político el delegado de la Comisión Técnica del Pacto Fiscal de la Gobernación de La Paz, Fabián Yaksic.

Yaksic agregó que la segunda propuesta es la redistribución de los recursos del Impuesto Especial a los Hidrocarburos y Derivados (IEHD), de los cuales el 50% los perciba el Gobierno, el 40% las gobernaciones y el 10% las universidades públicas.|

El delegado afirmó que dichos recursos permitirán a las gobernaciones tener estabilidad para encarar sus competencias en el marco de sus autonomías, superar las asimetrías y desigualdades y dejar de postergar el desarrollo de los departamentos.

El viceministro de Autonomías, Hugo Siles, reiteró que el pedido de redistribución de recursos no “está en discusión” y se debe generar recursos propios.

¿De dónde se pretende redistribuir los recursos?, ¿a quién se le quiere quitar?, ¿qué respaldo hay?

Siles especificó que el 75% de la torta tributaria que se destina al Estado se reparte a educación (30%), salud (11%), pensiones (18%), Fuerzas Armadas (6%), Policía (6%) y solo el 3% se destina a la administración central y eso no se puede redistribuir.

“El pacto fiscal para el Gobierno no es redistribuir los recursos sino gastarlos bien y generar recursos bajo esfuerzos fiscales propios y crear empresas públicas subnacionales”.

Siles sostuvo que una prueba de que es “fácil” que las gobernaciones pidan la reasignación de recursos que hacer esfuerzos fiscales es que muchas regiones no cobraban desde 2011 el impuesto a la sucesión hereditaria y donación de bienes y el Ejecutivo tuvo que impulsar ese cobro.

El secretario de Gobierno de la Gobernación de Santa Cruz, Vladimir Peña, explicó que la propuesta es reasignar los recursos tributarios, de los que el 50% irá al Gobierno, el 23% a las alcaldías, el 6% a las universidades, el 20% a las gobernaciones y el 1% a las autonomías indígenas. “El Gobierno se niega a discutir la redistribución de los recursos porque teme perder el control del país que pasa por el control de recursos”, dijo.

Peña aseveró que se debe discutir el traspaso de obligaciones del Gobierno a las regiones en educación, salud, sistema penitenciario y otros.

El secretario añadió que se debe “romper el centralismo económico” del Ministerio de Economía porque no se puede hacer ningún movimiento económico sin autorización, lo cual genera “burocracia” e inmoviliza la gestión de las regiones.

El gobernador de Tarija, Adrián Oliva, sostuvo que su propuesta tiene ocho componentes, y establece que el Ejecutivo administre el 50% de la coparticipación tributaria y el 50% se distribuya entre los gobiernos subnacionales y universidades. El secretario de Gestión Institucional de la entidad, Rubén Ardaya, apuntó que se plantea que de ese 50% los municipios reciban el 28%, las universidades el 7% y las gobernaciones el 15%. “Con esto, las gobernaciones tendrán un financiamiento estable que no dependerá de las oscilaciones de los precios externos de los hidrocarburos o los minerales”, aseguró Oliva.

Oliva precisó que los recursos deben asignarse en función de la población, la pobreza y la igualdad.

El gobernador de Beni, Álex Ferrier, señaló que su propuesta para la reasignación de recursos es que no se considere los factores de territorio y población porque los condenaría a “seguir viviendo en el retraso”, sino que se tome en cuenta el acceso a servicios básicos, la construcción de carreteras, el área productiva y otros.

Yaksic y Peña coincidieron en que La Paz y Santa Cruz son los que aportan más en tributos pero no reciben recursos en la misma proporción para proyectos en esas regiones.

El Reglamento de Funcionamiento y Debates del Pacto Fiscal, aprobado en 2016, establece que el pacto fiscal concluirá con un documento final que contemple “el análisis de las fuentes de los recursos públicos y propuestas de reforma normativa del régimen económico financiero”.

Ampliar los dominios tributarios

Las gobernaciones plantean que se amplíe los dominios tributarios para captar recursos propios porque ahora son “limitados”. También se propone que se facilite las asociaciones con el Gobierno para la participación de proyectos y empresas en las diferentes áreas.

El delegado de la Comisión Técnica del Pacto Fiscal de la Gobernación de La Paz, Fabián Yaksic, propuso que se les transfiera nuevos “dominios tributarios” o que se aplique otros mecanismos de compensación o que ambos se combinen.

Las regiones pueden percibir recursos por: el impuesto a la sucesión hereditaria y donaciones de bienes inmuebles y muebles sujetos a registro público; la propiedad de vehículos a motor para navegación aérea y acuática; la afectación del medio ambiente, excepto las causadas por vehículos y actividades hidrocarburíferas, mineras y electricidad.

El secretario de Gobierno de la Gobernación de Santa Cruz, Vladimir Peña, afirmó que el actual dominio tributario es una “burla” porque es muy reducido y debe discutirse su ampliación, así como el impacto de la medida, tomando en cuenta que el Gobierno gasta recursos en obras innecesarias como palacios y museos.

El viceministro de Autonomías, Hugo Siles, señaló que en la última etapa sobre el análisis de las fuentes de los recursos públicos se discutirá las alternativas sobre la ampliación o no de los dominios tributarios.

Las regiones coincidieron en que la falta de financiación y la voluntad para asociarse dificultan la creación de empresas subnacionales.

El gobernador de Beni, Álex Ferrier, señaló que la región tiene una ley de creación de empresas mixtas con el Estado, con los privados y las comunidades pero es complicado porque se requiere financiamiento.

En tanto el gobernador de Tarija, Adrián Oliva, indicó que la región insistió en participar del negocio de la petroquímica y un proyecto hidroeléctrico pero no se avanzó en lograr en una sociedad con las estatales Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) ni la Empresa Nacional de Electricidad (ENDE).

Siles aseguró que el Gobierno aprobó fondos para proyectos productivos y pidió a las regiones que presenten propuestas para crear empresas estatales.

  • Aline Quispe zerrillo es periodista de La Razón

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