Animal Político

Dos objeciones de fondo

Se cambia la norma para favorecer a una autoridad y quitar poder a otras.

La Razón (Edición Impresa) / Edwin Rodríguez E. es senador de UD

12:00 / 26 de diciembre de 2018

En cuanto a la modificación del Código Procesal Constitucional objetamos dos temas de fondo: lo primero, que se intenta modificar un artículo del Código para salvar de responsabilidades al vicepresidente Álvaro García, respecto a un incumplimiento legal que data desde que se promulgó y publicó dicho Código Procesal. El artículo modificado originalmente decía lo siguiente:

Artículo 107°.- (Procedencia). II. Remitido el texto del Tratado Internacional negociado por el Órgano Ejecutivo al Órgano Legislativo para su eventual aprobación y posterior ratificación, corresponderá a la Presidenta o Presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional enviar, de forma obligatoria y dentro del plazo de veinte días de su recepción, al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), antes que dichos instrumentos internacionales sean ratificados.

Aquí se menciona una obligación categórica de cumplimiento que recaía en el  presidente de la Asamblea, para enviar al TCP, antes de su ratificación, los tratados internacionales,  para ver que su contenido no sea contrario a la Constitución. Sin embargo, según la información que obtuvimos, García no habría enviado al TCP ningún tratado internacional para su control previo de constitucionalidad. Esta omisión, obviamente es una afrenta al principio de legalidad y es, por tanto, una figura de incumplimiento de deberes. 

Por otro lado, leyendo el Informe que emitió la Comisión de Constitución del Senado, se menciona que el TCP habría determinado y declarado que no existe un control de constitucionalidad obligatorio y automático de los instrumentos internacionales; no obstante, analizando la Sentencia Constitucional referida, no se encuentra en el “por tanto” dicha declaración o determinación que declare al menos inconstitucional  al artículo 107 del Código Procesal. En consecuencia, la observación de fondo radica en que el presidente nato de la Asamblea ha incumplido su deber legal. El parágrafo II del artículo 107 que modificó el MAS no fue cumplido, ya que desde que se promulgó el Código (2012) a la fecha la Asamblea Legislativa no envió al TCP los proyectos de ratificación de tratados y/o convenios internacionales.

Queda por investigar en la Comisión de Política Internacional del Senado si entre los antecedentes que le remite el Órgano Ejecutivo respecto a tratados internacionales se encuentra alguna resolución constitucional que declare la constitucionalidad de dichos tratados.

Es esta la razón para que el MAS intente eliminar la obligación que tenía la Asamblea de remitir cualquier tratado internacional al TCP, ya que ahora el texto aprobado por los dos tercios del MAS solamente menciona que se podrá remitir cuando exista duda fundada sobre la constitucionalidad parcial o total de dicho texto, y será obligatoria solo cuando se trate de tratados internacionales relativos a materias previstas en el artículo 257 de la Constitución, así como en el caso de normas de derecho comunitario cuando se trate de instrumentos constitutivos.

Al margen de lo señalado, la omisión de aproximadamente seis años del presidente de la Asamblea no puede quedar ignorada ya que esta instancia, que genera la norma para todo el territorio nacional, vulneró el Código Procesal Constitucional, pues a la fecha se ratificaron muchos tratados internacionales pasando por alto esta previsión legal.

Una segunda cuestionante de fondo que se observó en el pleno camaral radica en el hecho de que el MAS eliminó con esta modificación la legitimación de todo parlamentario, senador o diputado, para solicitar el control previo de constitucionalidad de los tratados internacionales, estableciendo una limitación exclusiva  respecto a que la legitimidad solo la tiene el Presidente del Estado y el Presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional para solicitar ante el Tribunal Constitucional el control previo de constitucionalidad de Tratados Internacionales. Esta modificación vulnera las prerrogativas constitucionales establecidas en el Texto Constitucional respecto a los parlamentarios, ya que si por un lado existiera duda razonable de algunos tratados internacionales, senadores y diputados no podrían solicitar al TCP el control previo de constitucionalidad; ahora están impedidos legalmente, concluyendo, por tanto, en una indefensión jurídica en materia de tratados internacionales.

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