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Hacia una nueva Ley de Organizaciones Políticas

El Tribunal Supremo Electoral  tiene la expectativa de que el proceso de construcción y aprobación de la nueva Ley de Organizaciones Políticas constituya un hito para fortalecer y ampliar la democracia en las diferentes organizaciones políticas.

La Razón (Edición Impresa) / Katia Uriona Gamarra, es presidenta del Tribunal Supremo Electoral. / La Paz

00:00 / 18 de junio de 2017

La Ley de Partidos Políticos está vigente desde 1999, por lo que su adecuación y actualización es un imperativo para el funcionamiento de las organizaciones políticas y agrupaciones ciudadanas en el marco de la Constitución Política del Estado (CPE), aprobada en 2009, la nueva normativa democrática electoral vigente y ante un contexto que presenta nuevas perspectivas para avanzar en la concreción de una democracia intercultural y paritaria en el país.

En este marco, el Órgano Electoral Plurinacional (OEP) lanzó una convocatoria para que desde la participación ciudadana, de actores y actoras políticas representantes de organizaciones políticas, de la sociedad civil, de la academia, las instituciones, los medios de comunicación, las organizaciones de mujeres, de jóvenes, de indígenas y afrodescendientes del ámbito nacional y departamental, se cuente con los insumos y propuestas que desde un debate público y plural contribuyan a la formulación de un anteproyecto de Ley de Organizaciones Políticas.

Este proceso incluye el desarrollo de nueve foros de deliberación departamentales, mesas de trabajo, un evento nacional y dos con representantes de los pueblos indígena originario campesinos de tierras altas y tierras bajas. Dichos espacios estarán acompañados de una aplicación informática abierta, desde la que la ciudadanía también puede hacer propuestas con base en el documento público que está en la página web del OEP. El documento de discusión tiene cuatro ejes principales y no limitativos.

El primer eje se refiere a la constitución de las organizaciones políticas, los requisitos de acreditación, debiendo definirse los umbrales o porcentajes mínimos de militancia requeridos según el alcance, a nivel nacional y los niveles autonómicos; a su vez se analizará las características y procedimientos para el registro, actualización y publicidad de la militancia. Se aborda la inclusión de mujeres y hombres de manera paritaria con relación al registro de militancia, como mecanismos de fortalecimiento del sistema de representación e inclusión. El eje analiza también las causales de extinción o cancelación de la personería jurídica y vigencia de las organizaciones políticas y el tema de fusiones y alianzas.

El segundo eje se refiere a la democracia interna que determina la pluralidad, la gestión y la toma de decisiones en el interior de las organizaciones políticas.

La definición, adecuación y elaboración de una nueva base normativa, a través de estatutos, reglamentos y procedimientos que cada organización política establezca, bajo los principios y alcances de la nueva ley se constituirán en la base para la puesta en vigencia de los sistemas de toma de decisiones internas, la renovación de liderazgos, la definición de directivas, incluyendo el 50% de mujeres y 50% de hombres en su composición, los mecanismos territoriales y nacionales para la designación democrática de candidaturas, la periodicidad de ampliados, congresos y asambleas que den vigencia al cumplimiento de sus normas internas, y la definición de los procesos de renovación y fortalecimiento de liderazgos serán, entre otros, elementos que deberán ser establecidos por las organizaciones políticas y supervisados en su cumplimiento por el OEP.

El tercer eje aborda la participación de las Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos (Onpioc) y de poblaciones afrodescendientes que como lo establece la CPE y declaraciones y convenciones internacionales sobre pueblos indígenas, el Estado reconoce que los cargos electivos pueden ser postulados por agrupaciones ciudadanas, partidos políticos y por las Onpioc, como un forma nueva de participación y representación política.

Se analiza y plantea la participación política y la designación de candidaturas en el marco de los procedimientos y normas de las naciones y pueblos indígenas originario campesinos. Para lo cual deberá regir el cumplimiento de sus propias normativas, así como la selección y designación de sus candidaturas de manera directa. Se aborda también el tema de la viabilidad de las alianzas con otros actores políticos.

El cuarto eje trata el financiamiento y la fiscalización. Se propone la discusión sobre el tema del financiamiento abordando el análisis de las diferentes formas de acceso a recursos para la vigencia y el funcionamiento de las organizaciones políticas.

Estas formas están referidas al financiamiento público en sus modalidades directa o indirecta, el mixto y el privado. Esto implica analizar la vigencia del actual modelo de inexistencia de recursos estatales, la asignación de recursos estatales directos para las organizaciones políticas o la asignación de recursos estatales de manera indirecta, este último se refiere a que a través del OEP se designen recursos para que en las etapas electorales las diferentes opciones políticas accedan a franjas de propaganda mediante los medios de comunicación y en etapas no electorales se otorguen recursos para planes de fortalecimiento de su vida orgánica, el fortalecimiento democrático y en la renovación de liderazgos en el interior de las fuerzas políticas.

Respecto a la fiscalización, se propone ampliar las competencias del OEP para la supervisión, acompañamiento y sanción; así como habilitar su competencia para el tratamiento de situaciones de violencia y acoso político hacia las mujeres.

Cabe destacar que se invitó a un equipo de especialistas que desde un enfoque plural e inclusivo contribuya a la elaboración de la propuesta de anteproyecto de ley para ser presentada a la Asamblea Legislativa Plurinacional. El equipo está conformado por Salvador Romero, Carlos Hugo Molina, Gabriela Canedo, Adolfo Mendoza y Paulino Guarachi.

Abierto este espacio para la elaboración de la propuesta de ley se tiene la expectativa de que este proceso y su posterior aprobación se constituya en un hito para seguir avanzando en el fortalecimiento y ampliación de la democracia en las diferentes organizaciones políticas, en el sistema político y en la sociedad boliviana en su conjunto.

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