Animal Político

Estado e industria

Tras la utopía del mercado que ‘todo lo puede’, hoy se vuelve a pensar en el Estado y su rol clave en la economía.

La Razón (Edición Impresa) / Pedro Zubieta Funes es economista

00:00 / 11 de diciembre de 2019

Pese a que la industrialización se erigió como uno de los horizontes insuperables de la modernidad, la cantidad de países no-occidentales que alcanzaron este objetivo civilizatorio en los últimos dos siglos se reduce a menos de una decena: Corea del Sur, Japón, Rusia, Taiwán, Singapur, Israel y, probablemente, Mauricio y China.  En estas economías —al contrario de lo que establece el mito liberal— el Estado se encargó de gobernar a las fuerzas del mercado para acometer tal fin.

En el caso de Bolivia, la industrialización es una idea nuclear del imaginario político nacional al menos desde la década de 1940. El país, acostumbrado a entregarse periódicamente a quimeras que supuestamente le llevarían a superar su atraso material, consiguió mantener vigente la idea de una industria que surja de su relativamente rica dotación mineralógica e hidrocarburífera.

El objetivo de tal anhelo siempre fue el de desatar las fuerzas productivas de la nación, para impulsar en el país aquello que trajo consigo la Revolución Industrial de los siglos XVIII y XIX para países como Inglaterra: acumulación de excedente económico, un descenso de la pobreza monetaria —que a su vez fue causal de un escape de lo que Hobbes denominó “las vidas desagradables, brutales y cortas”— y una mayor proyección de los intereses nacionales en el contexto global.

Por más de medio siglo, empero, diversidad de limitantes socavaron las condiciones de posibilidades bolivianas relativas al establecimiento de una política industrial que coadyuvara a cumplir aquella aspiración. Si luego de la Revolución de 1952 el limitante preponderante tuvo un carácter geopolítico, con el advenimiento de la democracia en 1982 el escollo principal se tornó ideológico.

Aquel entonces, los gobiernos bolivianos sucumbieron ante el azote de los dogmas que emanaban de la ortodoxia economicista, mismos que buscaban minimizar el rol del Estado en todos sus frentes. Es menester recordar que el Nobel de Economía 1992, Gary Becker, enunciaba con énfasis que “la mejor política industrial es la que no existe”.

Sin embargo, Bolivia fue testigo de dos sucesos históricos que develaron los límites de estos credos: la “guerra por el gas” de 2003 y la Crisis Financiera Global de 2008. Entonces, en las calles de La Paz se exigió al Estado retomar el control de toda la cadena productiva hidrocarburífera para así ser parte activa de la dinámica económica boliviana. Años más tarde, el colapso del sistema financiero estadounidense y su posterior rescate por parte del Departamento del Tesoro y la Reserva Federal, demostraron que incluso Washington estaba llamado a tomar un rol protagónico en la contención de los desmanes del capital financiero.

Es así que, una vez expuesta la característica utópica de los mercados omniscientes, hoy se vuelve a pensar en el rol que debe asumir un Estado en relación con la estructuración de las fuerzas productivas de una economía. Por tanto, se evidencia un resurgimiento de diversas políticas industriales de base, no solo en Bolivia, sino también en países como India, Ruanda, Etiopía, Indonesia e incluso en los Estados Unidos de Trump, país donde el ascenso de China no hace más que agitar los fantasmas del potencial colapso de las capacidades productivas del Rust Belt [región industrial y productiva de Estados Unidos] norteamericano.

No obstante, los retos que en este sentido enfrentan los gobiernos de La Paz, Nueva Delhi, Adís Abeba u otros, son enormes, pues no solo los procesos de industrialización son históricamente engorrosos, con evidencias de éxito escasas, sino que desafíos antes inusitados —principalmente relacionados con la relativa expansión del sector de servicios y una consiguiente vulnerabilidad de las balanzas de pagos, así como con la imperante necesidad de lidiar con la crisis climática global— emergen como cuestión ineludible de nuestros tiempos.

Mas es evidente que los tiempos de unipolaridad económica e intelectual se van agotando y, por tal motivo, aquellos países que tienen la voluntad de dejar atrás su dependencia poseen abiertas las condiciones de posibilidad para recuperar y potenciar sus ansiadas agendas de industrialización. No se trata de retomar un truncado proceso de etapismos, en el cual se deba ir superando sucesivos estadios. Eso sería continuar persiguiendo fuegos fatuos. Se trata de comprender que una industria de base no deja de ser parte constitutiva de cualquier experiencia alternativa de progreso y condición mínima necesaria para  garantizar —tal como señalaba René Zavaleta Mercado— el desarrollo y la soberanía de cualquier país.

Por estas razones, pensar que Bolivia no debe alterar su sitial en la división internacional del trabajo porque tiene 200 años de retraso respecto a un centro económico en declive o porque se cree en el mito de la sociedad posindustrial, es una insensatez. Ha-Joon Chang [economista surcoreano] suele recordarnos que voces de este tipo surgieron en la Corea del Sur de la década de 1960, y que si las mismas hubieran sido preeminentes en el país, Seúl hoy seguiría siendo un gran exportador de wólfram y no la potencia tecnológica que todos conocemos. No olvidemos pues que una de las características más llamativas del capitalismo moderno es que el mismo funciona colonizando los horizontes de lo que la gente considera posible. Clara evidencia de que nuestro actual sistema económico global tiene más que ver con la apropiación del entendimiento que con la apropiación del trabajo.

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