Animal Político

El impuesto a la coca

Bolivia, al limitar su producción, se margina del futuro mercado de la cocaína legal para fines médicos, dándole a Colombia una doble ventaja que podría resultar fatal. Bolivia debe dejar la arcaica mentalidad prohibicionista y político partidista, y planificar una nueva economía acorde con la era posprohibicionista.

La Razón (Edición Impresa) / Jorge Hurtado Gumucio es psiquiatra especialista en drogodependencias

00:00 / 16 de abril de 2017

Por qué los cocaleros han rechazado el impuesto a la coca? La respuesta es sencilla: ¡no son suicidas! La economía de un cocalero promedio que ya aporta al Estado a través de Digcoin (poco, pero aporta) solo alcanza para la subsistencia básica. Basta ver las condiciones de vida de los campesinos; pagar aún más significaría el fin de su economía basada en el trabajo de la tierra. Alguien dirá que la coca que va al narcotráfico sí es significativa y eso es cierto, pero… ¿cómo le cobramos al narcotráfico los impuestos que no paga por su condición de clandestinidad? No se lo puede hacer a través de los cultivadores, ¿cómo diferenciar qué hoja va a dónde? Debemos recordar además que fuimos nosotros los que rechazamos ese impuesto al ilegalizar la economía de la coca voluntariamente. La coca siempre aportó, desde la colonia cuando pagó su diezmo al clero para ganar legitimidad tras la primera prohibición de la coca en 1551. Los terratenientes cocaleros de la primera mitad del siglo XX financiaron con sus impuestos, entre otros, la Catedral de La Paz, el Monoblock de la UMSA, la construcción del ferrocarril a Beni, que llegó solo hasta Chuspipata gracias a la “revolución de MNR”. En 1949 se quitó los impuestos a la coca por recomendación de Naciones Unidas, como una forma de acabar con la planta; pasó lo mismo en Perú.

La nueva ley, que aparentemente es solo favorable a los cocaleros, establece sin embargo, varios entes reguladores estatales. ¿Se podría esperar que cualquier sector económico que llegue a controlar el Gobierno, por ejemplo los soyeros, establezcan medidas de control estatal para la soya? Absolutamente no, al contrario, y eso lo demostraron los Barones del Estaño, los industriales del azúcar, de la plata y otros: mientras tuvieron el poder no permitieron ningún control futuro sobre su economía. Pues, si bien ahora la coca goza de la protección del Estado, su futuro queda incierto, cuando tal vez tendencias políticas diferentes controlen el país mañana. Aquí hay que reconocer que los cocaleros se han portado muy generosos al poner voluntariamente controles extraordinarios sobre su producto o, ¿se han equivocado al perder soberanía sobre este recurso mientras los demás productos agrícolas no?

Es solo a través de la industrialización que los productos agrícolas pagan impuestos, así por ejemplo la cebada no tiene un impuesto directo sino es a través de la cerveza y la uva cuando se vende como vino. Para fines impositivos, la agricultura de la coca como toda actividad agrícola podría ser considerada una pequeña empresa, pero ¿cómo les va a las pequeñas y medianas empresas en Bolivia? Casi a diario muere una estrangulada por el tributo excesivo. La lógica impositiva boliviana da ventaja a lo importado, de ahí la hegemonía de los productos chinos a pesar de su pésima calidad. El llamado a gravar aún más al pueblo, aunque estos se llamen cocaleros, es un grave error, deberíamos trabajar en una política impositiva más inteligente y evitar que las empresas se vean obligadas a evadir para sobrevivir.

Las voces a favor de una penalización mayor a la coca a través de los impuestos, que en el fondo buscan acabarla, desafían a la Constitución, que la considera un bien estratégico y por lo tanto ya no es “mala” y no debería tener ninguna restricción, incluso en cuanto a la cantidad de hectáreas permitidas. ¿Acaso lo tiene la soya o la papa? La nueva ley debería dejar eso a la oferta y la demanda. El limitar voluntariamente la cantidad de coca a producir, ¿es otro desprendimiento de los cocaleros? La respuesta es más compleja y se hace necesario analizar la coyuntura internacional respecto de la “guerra de las drogas” que lleva 103 años con los resultados sabidos.

La legalización de la marihuana en Colombia, tras iniciativas similares de Jamaica, Chile, Argentina, Uruguay, México y sobre todo en diversos estados de Estados Unidos, además de una larguísima y creciente lista de países que desacatan la guerra contra las plantas, es prueba de que la era prohibicionista está acabando. Bolivia, al retirarse de la Convención de 1961, hirió de muerte a la guerra de las drogas y aunque poco después retomó la misma, el efecto es irreversible. Por ejemplo, el senador Juan Manuel Galán de Colombia, poco después de legalizada la marihuana, anunció su intención de legalizar e industrializar la coca inspirado en Bolivia, retomando la bandera antiprohibicionista que dejó Bolivia al someterse nuevamente a la Convención.

Debido al Proceso de Paz y la salida de la guerrilla, el Estado colombiano quedó con 200.000 hectáreas de coca, gran parte sin dueño, y decidió ya no pelear más guerras. La única salida es la legalización que Bolivia inició. Pero, ¿qué producirá Colombia a partir de la coca? ¿Mates, tortas, vinos o Coca-Cola colombiana? Obviamente no, cualquiera sabe que es imposible replicar el éxito planetario de Coca-Cola. El único producto que se vende, y que ni una supuesta guerra en su contra ha logrado evitar, es la cocaína. Por tanto la industrialización de la coca en Colombia se llama cocaína legal.

Esto es chocante para la mayoría que desconoce el verdadero significado de las plantas prohibidas: la coca, la amapola y la marihuana, y su papel clave en la evolución de la humanidad, al permitirnos controlar al dolor. El descubrimiento de las moléculas antidolor cambió la medicina prehistórica convirtiéndola en la medicina moderna y creó las corporaciones farmacéuticas que mueven tanto dinero como el petróleo y la industria bélica. Gehe, Knoll, Boehringer, Merck, Burroughs, Houde, Midy, Mckesson, Squibb, Parke-Davis, Maywood Chemical Works, Mallinckrodt nacieron gracias al comercio de la anestesia extraída de la cocaína, originando la “fiebre de la cocaína legal”.

Perú exportó, durante la primera mitad del siglo XX, toneladas de cocaína cruda a Europa para estas empresas, tal fue la demanda, que se probó la siembra de coca en casi todo el mundo, desde los “cultivos en casa” de la Europa imperial hasta la siembra en sus colonias: Jaba, Sumatra, Madura, Ceylán, Madras, Malasia, Togo, Camerún, Nigeria, Sierra Leona, Jamaica, Martinica, República Dominicana, Florida, California, Hawai, Australia, Colombia, México. Japón tuvo gran éxito con sus 160 acres de coca en Taiwán. Pero los más exitosos fueron los cocales holandeses de Jaba que monopolizaron la cocaína legal en el mundo a inicios del siglo XX. La cocaína legal también dio origen a carteles, como la Asociación de Productores de Coca de Holanda y la Convención Europea de Productores de Cocaína. El cartel norteamericano se especializó en Coca-Cola, pero la prohibición lo obligó a descocainizar la bebida en 1903, generando un subproducto especial: la cocaína legal. Estos carteles abastecieron al mundo, compitiendo entre sí y sobre todo con el cartel peruano, desde fines del siglo XIX hasta la Segunda Guerra Mundial, que define la situación destruyendo militarmente las plantaciones de Jaba y Taiwán y reduce a Perú a simple proveedor de la hoja para Coca-Cola. Quedando como único cartel con derechos monopólicos para industrializar la coca y la cocaína, amparado en el Art. 27 de la Ley de 1961, mientras prohíbe el masticado de coca en el Art. 49.

El fenómeno colombiano arrastrará a Bolivia y Perú en la ruptura final de la prohibición de las plantas antidolor, abriendo un mercado mundial, como en su época legal. Bolivia, al limitar su producción, se está marginando del futuro mercado de la cocaína legal para fines médicos, dándole a Colombia una doble ventaja que podría resultar fatal. Bolivia debe dejar la arcaica mentalidad prohibicionista y político partidista, y decidir entre continuar una inútil guerra que lleva 103 años y solo beneficia a la industria de la coca norteamericana, donde la guerra de las drogas ya no es creída ni por sus propios creadores; o planificar una nueva economía acorde con la era posprohibicionista, donde la industrialización de la coca pagará un buen impuesto.

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