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El consenso prima en las decisiones del órgano regional

Las instancias de decisión son la Asamblea General, la Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores y los Consejos, entre ellos el más importante, el Permanente. El Secretario General es transversal a todas ellas porque recibe el mandato de cualquiera de ellas.

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La Razón (Edición Impresa) / Elisa Medrano Cruz es periodista

00:00 / 16 de abril de 2017

Consenso. Ésa es la palabra que caracteriza las decisiones de la Organización de Estados Americanos (OEA) en sus distintas instancias, llámese Asamblea General, Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores o en los respectivos Consejos, el más importante de ellos, el Permanente, que lo ejercen los países de manera rotativa, cada ocho años, a través de su embajador ante ese organismo.

Y las decisiones que se adoptan por acuerdos —la mayoría consensuadas en lobby— necesariamente pasan por la votación establecida en la Carta de la OEA, la Carta Democrática y los reglamentos de funcionamiento, sea ésta mayoritaria, por dos tercios de los presentes o del total de los 34 miembros que integran el bloque, según el sistema de ese organismo, el más antiguo del mundo. Según esas disposiciones legales, la votación puede ser levantando la mano o también nominal, cuando así lo requiera uno de los países. Pero también puede ser por aclamación.

Y ese carácter hizo que, por ejemplo, este organismo adoptara diferentes resoluciones cuando acontecieron las crisis en Honduras (2009), Paraguay (2012) y Brasil (2016), por citar las más recientes.

De todas ellas, la Carta Interamericana fue aplicada en Honduras, cuando por decisión de la mayoría de los Estados miembro y a través de un proceso por aclamación se determinó suspender a ese país de su participación en ese organismo, como consecuencia del golpe de Estado que expulsó del poder al presidente José Manuel Zelaya. Los países aplicaron los artículos 18 y 19 de la Carta Democrática Interamericana.

Respecto de Paraguay, en 2012 el Congreso le inició un juicio político al entonces presidente Fernando Lugo, que lo destituyó del poder. Ante ello, la OEA envió misiones a esa nación, pero no logró ponerse de acuerdo para establecer sanciones, como la suspensión del bloque, como demandaban algunos Estados.

En el caso de Brasil, la expresidenta Dilma Rousseff también fue destituida en un juicio que le inició el Congreso. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, a nombre de la Asamblea respaldó a la exmandataria y, a través de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), pidió explicaciones al respecto.

De esos casos, el más grave fue el hondureño, recuerda el analista en materia internacional Andrés Guzmán, porque se aplicó la Carta Democrática. “Hubo consenso mayor, pero había países en contra, que tuvieron que respetar la decisión mayoritaria”, rememora.

Esa determinación fue asumida por la Asamblea General, que es el órgano supremo de la OEA.

Según el embajador de carrera diplomática Jorge Gumucio, en la OEA los países buscan tomar decisiones consensuadas, es decir, llegar a acuerdos, sin imponer ni afectar a la otra parte. Menciona que no se toman determinaciones como en el Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas, donde cinco países tienen la opción de vetar una decisión, es decir, basta que pocos se opongan para que una determinación no sea asumida.

La decisión más difícil, explica, es llegar a aplicar la suspensión de un Estado y lo que se busca en todos los casos es apoyar soluciones democráticas. “Hay una obligación moral de que se cumplan las reglas sobre todo en el manejo de la democracia”.

En la práctica, la concertación a la que pueden arribar los distintos países, puntualiza Gumucio, se hace vía consultas a nivel de gobiernos y las mismas tienen como fin “buscar una solución que resuelva el problema que se está dando”, la que debe ser viable y aceptada por la mayoría.

“La solución a la crisis en un país tiene que venir de parte de varios países, no solamente de uno”, explica y precisa que por ello no cabe posibilidad de imposición.

“Se consulta verbalmente a cada país, no hay votación, y en función de lo que opina la mayoría se toman decisiones”, manifiesta e insiste: “O sea, ni Bolivia ni ningún otro país puede asumir determinaciones por sí mismo, tiene que hacer todo en consulta”. Y uno de los mecanismos de consulta más importante del hemisferio, afirma, es la Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores, cuya convocatoria puede ser solicitada por uno o más Estados miembro, según el artículo 77 del Reglamento de funcionamiento del Consejo Permanente, instancia que decide por mayoría absoluta si dicha reunión es o no procedente.

Y en estos encuentros, los Estados pueden hacer conocer sus criterios, en caso de que los mismos sean divergentes respecto de la decisión mayoritaria que se pueda adoptar.

La experta en derecho internacional Karen Longaric manifiesta que en este tipo de organismos internacionales los consensos se ajustan a las normas y reglamentos que los regulan. “No hay arbitrariedades. Y la reunión extraordinaria agendada fue producto de un consenso al que llegaron una veintena de países”, manifiesta con relación a la sesión extraordinaria del Consejo Permanente que se realizó el 3 de abril, solicitada y agendada el viernes anterior, pero que el embajador de Bolivia, Diego Pary —quien asumió la presidencia de ese órgano el 1 de abril—, suspendió arguyendo una serie de irregularidades.

Según coinciden los expertos consultados, cuando se adopta una resolución, por más que el país que ejerce la titularidad de la presidencia no esté de acuerdo, debe aplicarla.

De acuerdo con el embajador de carrera diplomática Marcelo Ostria, el titular debe encaminar las decisiones adoptadas, y explica que cuando una determinación es asumida, por ejemplo el Consejo Permanente, puede ser transmitida a los otros países incluso por el Secretario General, si hay oposición del presidente.

Hasta antes de 2009, el único país al que se le había aplicado la Carta Democrática era Cuba. En 2009, la expulsión de la que fue objeto fue anulada, no obstante la Isla se negó a retornar porque consideró que la OEA es un instrumento de dominación de Estados Unidos.

Tras la suspensión de Honduras, este país volvió a participar del seno del organismo en 2011.

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