Animal Político

El arte de pesos y contrapesos

La prórroga de mandato también es un pacto social entre Estado y sociedad civil.

La Razón (Edición Impresa) / Franz Zabaleta es abogado / Javier Rocha es politólogo

00:00 / 29 de enero de 2020

La Declaración Constitucional 01/2020, emitida el 15 de enero, establece la viabilidad, de forma excepcional, de la prórroga del mandato de las autoridades electas nacionales y subnacionales. El Tribunal Constitucional señala dos razonamientos: el primero, cómo el carácter excepcional de la prórroga es una medida preventiva del vacío de poder que tiene como fin no afectar el normal funcionamiento del Estado, deduciendo que el Órgano Ejecutivo cumpla la función de administración, reglamentación, dirección, representación política y funcional del Estado; entretanto el Órgano Legislativo efectúe la legislación, control y fiscalización, en el marco del sistema de los pesos y contrapesos de la teoría de la separación de poderes.

Lo segundo. La organización del Estado está fundamentada en la independencia, separación, coordinación y cooperación de los órganos del poder público, bajo el principio de separación de funciones y la prohibición de delegación de éstas entre sí o la concentración de las mismas en un solo Órgano, como establece el artículo 12 de la norma fundamental, lo que deviene en la imposibilidad de concentrar el ejercicio del poder solo en el Órgano Ejecutivo o en el Órgano Legislativo. En este razonamiento, el magistrado entiende que la prórroga de periodo de mandato no es un mecanismo de prolongación arbitraria o discrecional de funciones de las autoridades del Órgano Ejecutivo y Legislativo, sino que busca la permanencia y vigencia del Estado Constitucional de Derecho, más allá de la limitación de cinco años, conforme a la realidad social y política específica del país. Aclarando que en el lenguaje teórico hace la diferencia entre periodo y mandato.

En virtud de estos dos razonamientos, se admitió la prórroga de mandato de las autoridades del Órgano Ejecutivo y Legislativo del nivel central del Estado y del nivel subnacional; además de exhortar a estas autoridades cumplir con las funciones y atribuciones previstas, a fin de garantizar el normal desarrollo de los procesos electorales. Y en el estado que se encuentren organizados cada estructura de gobierno.

En ese sentido, la Declaración Constitucional 01/2020, por un lado, ha generado un factor de legitimidad regulada para el ejercicio de las funciones de presidenta transitoria a la senadora Jeanine Áñez; sin embargo, en la parte legal aún se mantiene en cuestionamiento, siendo que el artículo 169 de la Constitución Política del Estado establece la sucesión presidencial al vicepresidente, presidente de la Cámara de Senadores y Diputados es en estricta prelación, este último deba proceder a facilitar la convocatoria a elecciones generales en el plazo de 90 días en una comprensión e interpretación de la norma dispositiva y el método gramatical del texto constitucional.

En ese entendido, según la lógica, el lapso de tiempo interino de la senadora Jeanine Áñez en la presidencia transitoria del Estado fue por un plazo de 90 días, con el fin de establecer el Estado de Derecho, reafirmar la pacificación del país y la convocatoria a elecciones generales, plazo que fenecería este 12 de febrero de 2020; así, la cuestionante sería: ¿podría a futuro darse una sucesión constitucional?

Por otro lado, la declaración constitucional ha modulado la prórroga de mandato como un pacto social entre Estado, Gobierno y sociedad civil, permitiendo establecer la paz social y garantizar elecciones generales para el 3 de mayo de 2020; sin embargo el sentido teleológico, el pacto social debería ir más allá de un periodo de transición, consolidando un gobierno democrático acompañado de una gobernabilidad parlamentaria de tal manera que las políticas públicas tengan la legalidad y legitimidad del consenso, a fin de cumplir con la regla de funcionamiento que John Locke (en su obra Tratados sobre el gobierno civil, 1690) y Charles Louis de Secondat, barón de la Brède y de Montesquieu (en su texto Del espíritu de las leyes) pregonaban con la separación de poderes en la teoría de los pesos y contrapesos.

La interpretación efectuada en la declaración 01/2020 no solo hace un examen de protección de los derechos y la conservación de las garantías de los estantes y habitantes en el territorio nacional, sino que reafirma el compromiso formal del pronunciamiento del constituyente al momento de pronunciar la naturaleza jurídica y positiva de la Constitución Política del Estado a fin de preservar la identidad nacional, mantener y promulgar una cultura de paz y respetar la dignidad del boliviano y boliviana en un Estado de Derecho; dentro del entorno del constitucionalismo social y de avanzada, en un derecho progresivo, donde prevalece ante todo la verdad material, anteponiéndose a la necesidad formal en aras de buscar y consolidar la paz social.

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