Animal Político

No es un acto de injerencia

Brasil y Colombia pueden pedir a la CIDH pronunciarse sobre la repostulación; son países garantes

La Razón (Edición Impresa) / Lourdes Millares es diputada de Unidad Demócrata

00:00 / 05 de junio de 2019

Los gobiernos de Brasil y Colombia pueden hacer una consulta a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre la repostulación en Bolivia. Primero, porque son países miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA); y, segundo, porque ambos países fueron garantes de la Constitución Política del Estado vigente desde febrero de 2009.

Hay que recordar que esta Constitución tuvo orígenes fraudulentos, porque fue aprobada en un escenario de una gran convulsión social y de una grave inseguridad jurídica. La Constitución tuvo tres versiones: la que se aprobó en Sucre, la votada en Oruro y la que terminó por modificarse en el antiguo congreso nacional. Es en ese momento crítico cuando el Movimiento Al Socialismo (MAS) negocia para aprobar la Constitución en el Congreso, y cuando convoca a algunos países para que se constituyan en una suerte de garantes para el cumplimiento de esa Constitución; y es el propio MAS que negocia la disposición transitoria que establecía que para efectos del cómputo de los periodos de mandato del Presidente, se contemplaría el vigente y, por tanto, Evo Morales tenía derecho a una reelección más. Sin embargo, este es el hecho que Evo Morales y el MAS desconocen.

Cuando ya estamos en el escenario en el que el MAS va por el cuarto mandato, pero esta vez desconociendo el resultado del 21 de febrero de 2016 y el artículo 168 de la Constitución, pero además teniendo el acto del Tribunal Constitucional, la sentencia 084/77, no le queda a Bolivia otro camino que recurrir a los países que comprometieron su fe, sus actos diplomáticos, y el ser garantes de la Constitución, para que éstos promuevan la referida consulta.

A Bolivia paulatinamente se le han ido cerrando los caminos, pero le queda éste, el de buscar como aliados a los países que fueron garantes de la Constitución; además, independientemente de su compromiso con la democracia y con el Estado de derecho, al haber sido ellos garantes tienen la obligación de asegurar el cumplimiento de la Constitución.

Independientemente de que exista o no un documento que los ponga en condición de garantes, hay un hecho que el Gobierno no puede soslayar. Cuando se le entrega las firmas recaudadas en Bolivia al presidente de Colombia, Iván Duque, para que sea él quien promueva la consulta, lo que dice el Gobierno boliviano es que ojalá que Colombia no tenga un carácter injerencista y de intromisión en la soberanía por este acto. Por supuesto que no es intromisión en la soberanía ni es injerencia en la democracia interna de Bolivia. Cualquier país miembro de la OEA tiene la facultad de elevar una consulta, no comete un acto de injerencia. Ahora, de no hacerlo, los bolivianos estaríamos en absoluta indefensión. El respectivo reglamento es absolutamente claro: pueden promover la consulta el Estado interesado o cualquiera de los otros miembros y el propio Secretario General de la OEA.

Esta acción que llevamos adelante los bolivianos, el recurrir a Brasil y Colombia, es completamente legal y legítima; además, tiene un compromiso de carácter moral con el Estado boliviano, porque los países que vinieron a Bolivia para asistir a la negociación que se produjo en el congreso nacional, para aprobar esta Constitución, aún con una serie de irregularidades, son países que creyeron y confiaron en la palabra del partido en el Gobierno, el cual se comprometió a cumplir la Constitución, y que ahora se niega a hacerlo.

Esperamos, además, que al interpretarse el artículo 23 del Pacto de San José se considere el informe de la Comisión de Venecia, que determina de manera contundente que la reelección no es un derecho humano. Esperamos que esta instancia pueda pronunciarse, y pueda hacerlo antes de las elecciones de octubre.

¿Qué efecto tendría que el pronunciamiento o interpretación se dé posterior al proceso electoral de octubre? ¿Tendría que decir que el cuarto periodo de Morales es ilegal e ilegítimo? Los bolivianos no tenemos ni siquiera certeza que incluso existiendo el pronunciamiento de la CIDH antes de octubre de 2019, el Estado vaya a reconocerlo.

Aquí hay un tema absolutamente claro: el país va hacia una suerte de aislamiento de la comunidad internacional, a partir de una decisión política (que busca que un partido y Evo Morales se perpetúen en el poder). Así, creemos que por la paz, por la estabilidad social y política del país, tendría que haber un pronunciamiento antes de la elección.

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