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Rogelio Mayta: Confrontar a Goni es el objetivo de las víctimas

El abogado de las víctimas de octubre de 2003 cree que el inicio de un juicio civil contra dos exautoridades es una señal de lucha contra la impunidad.

El abogado Rogelio Mayta. Foto: Miguel Carrasco

El abogado Rogelio Mayta. Foto: Miguel Carrasco

La Razón (Edición Impresa) / Aline Quispe / La Paz

00:00 / 28 de febrero de 2018

Para el abogado de las víctimas de la denominada masacre de octubre de 2003, Rogelio Mayta, el 5 de marzo de 2018 —día en que un tribunal de Estados Unidos iniciará el juzgamiento, en un proceso civil, al expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada y su exministro de Defensa  Carlos Sánchez Berzaín— será histórico; por primera vez en casi 15 años, las víctimas y sus familiares podrán demandar justicia a los sindicados que, finalmente, se sentarán en el banquillo de los acusados. La persistencia de Eloy Rojas, cuya hija fue asesinada, fue clave para esta iniciativa.

— Tras casi 15 años de la masacre de octubre de 2003, ¿qué representa para las víctimas que este 5 de marzo se inicie el juicio civil contra Gonzalo Sánchez de Lozada y Carlos Sánchez Berzaín?

— Es una de las metas que hemos buscado por casi 15 años; la aspiración lógica cuando se ha sufrido tremendas violaciones a los derechos humanos en la denominada “guerra del gas” es obtener justicia y es lo que las víctimas han perseguido desde 2003. Pero el camino para generar este escenario ha sido complejo y difícil. Recuerdo que en 2006 hicimos una evaluación que concluyó en que el juicio de responsabilidades en contra de Sánchez de Lozada y de Sánchez Berzaín, para lo que se pidió a Estados Unidos su extradición, era un obstáculo casi infranqueable, y buscamos otros caminos para que se haga justicia pero muchos eran inviables. (...) Entonces, la alternativa más segura era interponer un juicio civil en Estados Unidos en contra del expresidente y el exministro —el cual se inició en 2007 y fue admitido en 2013— (a ser procesado) por sus leyes y ante sus autoridades. (...) Antes de que se concrete el proceso hubo un largo y duro debate interno entre los que apoyamos la causa de justicia y la Asociación de Familiares Fallecidos de la “guerra del gas”, pues no había la seguridad de impulsar un juicio en un escenario ajeno y en una sociedad que no conoce nuestra realidad latinoamericana, cuando todos queríamos que se consolide un juicio en Bolivia y que se sancione el hecho con cárcel. (...) No obstante, una de las intervenciones claves para llevar adelante la iniciativa fue la de Eloy Rojas, el papá de la niña Marlene Rojas Ramos, de ocho años, que fue asesinada en la localidad de Warisata porque él dijo que buscaría justicia en el escenario que fuera y haría todos los esfuerzos, pues su objetivo era tener un día a Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín frente a él para decirles su verdad sobre el asesinato de su niña; llegar a ese momento culminante justificaba todo el trabajo y los riesgos que podíamos correr, su voz fue determinante porque con ello toda la asociación decidió llevar adelante la acción civil. Y ese objetivo que nos ha marcado Eloy lo vamos a concretar el 5 de marzo porque él y su esposa Etelvina Ramos estarán ahí pidiendo justicia, confrontando a los responsables de la muerte de su hija. En las mismas condiciones estarán los otros siete demandantes y con ellos todo el resto de las víctimas. (...) 

— Un juicio civil conlleva resultados distintos a los de uno penal, ¿qué ganarían las víctimas en ese caso?

— El juicio civil se diferencia del penal en que este último busca la pena de cárcel y a la vez está vinculado a una reparación del daño civil; en cambio, con el primero se demanda la reparación de daños y perjuicios. (...) En este caso, el proceso civil concluirá con una sentencia que establecerá o no la responsabilidad de Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín sobre la masacre, y si son declarados culpables deberán pagar una indemnización a los demandantes por daños y perjuicios. (...) Si bien la compensación es una demanda que ha estado en segundo plano, porque lo principal para las víctimas es tener por primera vez a esas exautoridades sentadas en el banquillo de los acusados tras casi 15 años de la masacre de octubre de 2003, ellos podrán confrontarlos, decirles su verdad y conseguir que una autoridad judicial se pronuncie sobre su responsabilidad. (...) Es un momento trascendental y las víctimas lo han estado aguardando, están esperanzadas en que se genere ese escenario de justicia.

— ¿Cuáles son los argumentos para demostrar la responsabilidad de ambas exautoridades?

— No podemos dar muchos detalles y tenemos algunas restricciones por recomendación de los abogados, pero los delitos por los que se los demanda son por su participación en asesinatos extrajudiciales, crímenes de lesa humanidad y homicidios culposos, los cuales son sancionados según la legislación de Estados Unidos. Para probar esto hay un bagaje de elementos como los testimonios, la concurrencia de criterios de los expertos y otros que se desarrollarán en el juicio. Hemos podido realizar un trabajo que valoramos enormemente y tenemos un equipo de abogados inmejorable y muy solvente para llevar adelante este proceso en Estados Unidos. Hemos logrado una alianza de organizaciones y en la causa colaboran un equipo de abogados del Centro de Derechos Constitucionales, la Clínica de Derechos Humanos Internacionales de la Facultad de Harvard y bufetes de abogados de primer nivel como Akin, Gump, Strauss, Hauer & Feld, LLP, Schonbrun, Seplow, Harris &Hoffman, LLP y Akerman LLP, que se especializan en estas causas. (...) Asimismo, y no se puede dejar de nombrar, el eje de articulación del proceso es el reconocido jurista Thomas Becker.

— ¿Un juicio civil cierra la posibilidad de iniciar uno penal?

— No, porque un juicio penal y esta acción civil transcurren de forma paralela, y el obtener una sentencia en el ámbito civil no impide que se prosiga con una acción penal y que en el futuro pueda darse una extradición a Bolivia de los acusados. (...)

— ¿En qué está la extradición?

— La extradición está en suspenso y pendiente de una definición del Gobierno de Estados Unidos, no creemos que en un futuro inmediato     se  resuelva positivamente.

El Gobierno estuvo al margen prudentemente

Rogelio Mayta asegura que el Ejecutivo guardó cierta distancia de este proceso a solicitud de las víctimas y sus familiares; el fin era que el proceso no sea politizado para conservar su legitimidad.

— ¿En qué colaboró el Gobierno  en este caso, o no intervino?

— El Gobierno no ha intervenido en el juicio civil porque legalmente solo le corresponde a las víctimas de la masacre de octubre de 2003. Tampoco participó en la concepción o búsqueda de esta alternativa ni en su desarrollo durante todos estos años. Y creemos que lo hizo de forma prudente dado que muchas veces el expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada y su exministro de Defensa Carlos Sánchez Berzaín  han argumentado que eran perseguidos políticos del actual Gobierno. Y eso no es verdad porque han sido las víctimas quienes hallaron el camino para procesarlos por la vía civil. Por eso, para evitar ese tipo de cuestionamientos y mantener el proceso transparente, a iniciativa de las propias víctimas es que tampoco pedimos su apoyo. Incluso les solicitamos que mantengan una prudente distancia.

¿Para Bolivia, qué significa que se consolide un juicio por la masacre de octubre de 2003?

— Es un escenario más de la gran lucha contra la impunidad debido a que se trata del dolor de situaciones tan graves como la pérdida o desa- parición de un familiar o la muerte en circunstancias tan duras como la represión militar que se vivió en septiembre y octubre de 2003. (...) Y esa lucha contra la impunidad busca indirectamente, al margen de hacer justicia en estos casos concretos, ponerle freno a los excesos del poder, y si los comete saber que será sancionado por la justicia.

Rogelio Mayta Mayta confía en que una serie de testimonios, la concurrencia de criterios de los expertos y otros elementos que aportan al caso serán claves para una potencial victoria. Valora el trabajo realizado y destaca la solvencia del equipo de abogados que asumirá la defensa de la causa.

Pérfil:

Nació: el 16 de septiembre de 1971. Profesión: jurista.

Ocupación: abogado de las familias de las víctimas de la masacre de octubre de 2003.

Graduado de Derecho de la UMSA. En 2011 logró la sentencia a cinco exjefes militares y dos exministros de Sánchez de Lozada. En 2016 fue candidato a Defensor del Pueblo.

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