Animal Político

Peculiares elecciones, peculiares reglas

El actual proceso electoral es inédito en varios sentidos y así lo reflejan sus  reglas ‘menores’

La Razón (Edición Impresa) / Iván Bustillos es periodista

00:00 / 05 de junio de 2019

Cierto, desde que se incorporaron las elecciones internas (primarias) en el actual proceso electoral, mucho de lo que hoy se vive en la política es nuevo. Pero si la novedad práctica de las primarias del año pasado fue ser atípicas (por la existencia de un solo candidato en todos los casos), la convocatoria a la elección general emitida el lunes 27 es inédita en la medida en que regula un proceso en muchos aspectos también inédito: elecciones con financiamiento estatal, precedidas de primarias, algunos procesos acelerados, énfasis en el tema de género.

Una primera observación que hace el analista electoral Fernando Arteaga es la atípica forma en que se confeccionó el Calendario Electoral: cuando en anteriores ocasiones éste era un listado de las actividades ordenado secuencialmente día a día (una cuenta regresiva, que en 2014 empezaba en el día 167 y de ahí iba bajando), “calendario” en su estricto sentido, ahora el Tribunal Supremo Electoral (TSE) optó por agrupar las actividades por temáticas, de modo que, destaca Arteaga, se pierde el carácter secuencial del proceso. Si bien hacia dentro del Órgano Electoral, para los funcionarios, el documento puede ser útil porque “las áreas que corresponden van a poder manejar los plazos, hacia afuera, hacia las organizaciones políticas y hacia la ciudadanía”, destaca Arteaga, “parece que no se va a poder hacer un buen seguimiento, porque no se olvide que todas las fases o actividades precluyen una vez que se ha cumplido el plazo”. Así, propiamente no se trata de un calendario, apunta el analista, sino de una “matriz de actividades”.

Un hecho en que se acortó el plazo con relación a 2014 es la presentación de los Estados financieros de las organizaciones políticas: si en la convocatoria de las elecciones de 2014 se daba hasta 30 días para hacerlo (la convocatoria salió el 28 de abril de 2014 y el plazo para presentar dichos estados vencía el 28 de mayo), en la convocatoria de 2019 a las organizaciones se les da 10 días para hacerlo: de hecho, este jueves 6 de junio se les cierra el plazo. Como apunta Arteaga: este es un plazo de primera importancia pues la no presentación del balance o estado financiero puede ser causa de inhabilitación del partido (Ley 026, artículo 265).

Ya en el detalle, Arteaga, que fue secretario de Cámara en el TSE en el pasado, observa que por la misma forma de presentación del calendario acaso haya la necesidad de que el TSE emita una serie de aclaraciones no solo de las fechas dentro del mismo calendario, sino de coherencia y complementación entre este instrumento y los reglamentos y protocolos que a la fecha acompañan el actual proceso electoral.

Con todo, para Juan Carlos Pinto, sociólogo y exdirector del Sistema Intercultural de Fortalecimiento Democrático (Sifde), perteneciente al TSE, mediante la actual normativa electoral (de la cual son centrales la convocatoria y el calendario electoral), se “está ordenando la participación de las organizaciones políticas, en la perspectiva de que haya un correlato con la Constitución”.

La nueva norma, que de alguna manera se está “estrenando” en el actual proceso, “tiene que pasar la prueba de la realidad; se espera una nueva institucionalidad, que haya democracia interna; una nueva institucionalidad, donde tenga más poder de decisión el ciudadano y no las cúpulas políticas o el caudillo. Y esto va a durar mucho tiempo, porque hay la costumbre contraria”, resalta Pinto.

Otro tema inédito en la elección  es el retorno (desde antes de la elección general de 2009) del financiamiento estatal. Como ya se informó, con un presupuesto de 35 millones de bolivianos, se aplica combinada la distribución igualitaria y proporcional.

Cuando se vio que producto de dicha combinación el Movimiento Al Socialismo (MAS) resultaba con casi 11 millones de bolivianos, la organización Bolivia Dice No con 5,7 millones y el PDC con 3,5 millones, varios opositores protestaron porque precisamente el partido oficialista recibirá la mayor cantidad de recursos, denunciando una injusticia.

Al respecto, el politólogo Eduardo Leaño recuerda que “si esto es justo o razonable, está fuera de discusión”; el Órgano Electoral lo único que está haciendo es aplicar la Ley de Organizaciones Políticas (LOP): “para plantear la igualdad de condiciones en el punto de partida del proceso, se tendría que haberla discutido cuando se elaboraba la LOP; a estas alturas de la vida no tiene sentido discutir si es justo o injusto; hacer lo contrario es sencillamente ilegal”, afirma.

En este punto, de la desproporción del presupuesto, aunque lo único posible legalmente, uno de los consultores que elaboró el proyecto de la LOP, el académico cruceño Carlos Hugo Molina, enfatiza en que éste es un resultado de la acelerada e improvisada aprobación de la LOP (septiembre de 2018). “La propuesta original del proyecto de Ley de Organizaciones Políticas tenía en su diseño un tiempo y un proceso; el tiempo debía haber sido las elecciones de 2024, y el proceso estaba planteado como el de una construcción democrática y colectiva sobre todos los temas que habían  sido incorporados como novedad”.

En este sentido, la distribución de los recursos, por ejemplo, insiste Molina, estaba prevista no solo para los procesos electorales, como el de ahora, sino también, “lo más importante, el que se refería al carácter pedagógico de Escuela de Ciudadanía, que debían tener los partidos en la formación de sus cuadros e ideológica de sus dirigentes”. 

Además, si bien aún había la discusión sobre la justeza de combinar 60% del presupuesto para una distribución igual con 40% según la votación en el última elección, “todo esto estaba pensado para ejecutarse el 2024, cuando las fuerzas políticas se ajustaran a un escenario distinto del que estábamos saliendo”. Molina reclama incluso que el conjunto de reglamentos y normas menores que acompañan al proceso electoral “debía ser objeto de un consenso y de una socialización imprescindible”.

Con todo, el analista Leaño llama la atención sobre que el financiamiento estatal, que no es en dinero, sino mediante el pago de espacios propagandísticos a cargo del Órgano Electoral, de todos modos es un “mecanismo de control y de limitar el uso de estos recursos”. Por eso, expresa, el límite al financiamiento privado (no más allá del “10% del presupuesto anual de la organización política o del presupuesto de campaña en el marco de un proceso electoral”, LOP, artículo 71), es una forma de evitar que los partidos se financien con dinero proveniente de lo ilícito.

Con la convocatoria emitida el 27 de mayo, también se planteó el debate de si los funcionarios públicos candidatos deben o no renunciar a su cargo tres meses antes, como ha sucedido en anteriores elecciones.

Quien de manera más enfática planteó esto fue el actual gobernador de La Paz, Félix Patzi, que declaró a los medios: “En la Ley de Organizaciones Políticas lo han excluido el requisito del artículo de la Ley 248 en el que establece que cualquier funcionario público debe renunciar faltando 90 días, eso lo han excluido de la ley, muy probablemente para habilitar a Evo (Morales). De acuerdo con la norma que me habilita a mí no estoy obligado. No hay ninguna legalidad que me obliga a renunciar”.

De las actuales nueve candidaturas, solo hay tres frentes con candidatos funcionarios públicos: el MAS, Bolivia Dice No y el Movimiento Tercer Sistema. Los analistas Leaño y Arteaga coinciden en que ciertamente es un debate falso, pues la restricción de que deben renunciar los funcionarios tres meses antes de la elección, excepto el Presidente y Vicepresidente, está inscrita en la misma Constitución, el artículo 238, la “causal de inelegibilidad” 3: “Quienes ocupen cargos electivos, de designación o de libre nombramiento, que no hayan renunciado a éste al menos tres meses antes al día de la elección, excepto el Presidente y el Vicepresidente de la República”. Debate falso, porque, remarca Arteaga, en cualquier caso se aplica la Constitución y para cambiar la disposición lo único que cabe es una reforma constitucional.

Gran parte de la semana que termina, la agenda política estuvo copada por la convocatoria a las elecciones generales de octubre. Mientras para Arteaga acaso haya la necesidad de algunas aclaraciones por parte del Órgano Electoral Plurinacional (OEP), para Molina la serie de dudas o hechos contradictorios que vaya mostrando el proceso, muy probablemente derivarán en una mayor desconfianza de la población, lo que de uno u otro modo se expresará en las urnas mismas en octubre.

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