Animal Político

Observaciones a la Ley 1161

La capital ‘objeción de conciencia’ está fuera de la Ley de libertad religiosa.

La Razón (Edición Impresa) / Luis Aruquipa es pastor cristiano

00:00 / 24 de abril de 2019

La Ley 1161 recientemente promulgada tiene una serie de falencias desde su construcción como proyecto de ley hasta su promulgación. Inicialmente, debemos puntualizar que en el párrafo sexto de la Exposición de motivos de dicha ley se indica: “… toda actividad religiosa y espiritual de las bolivianas y bolivianos y sus organizaciones religiosas y de creencias espirituales se constituye en fuerza viva del proceso de cambio… (textual)”.

Técnicamente, la Exposición de motivos trata de identificar lo que está detrás de dicha ley, qué es lo que pretende. Ahora, lo preocupante es  constatar que la pretensión por la que se construye dicha norma es hacer partícipe de un proceso eminentemente político a las iglesias, e incluso a las espiritualidades, violando el espíritu de cualquier Ley de libertad religiosa, que es precisamente la libertad de pensar y, amén de ello, rompe la propia Constitución Política del Estado, en su artículo 4, que indica que el Estado es independiente de la religión.

El artículo 2, inciso b señala que la presente ley tiene como fin “establecer lineamientos para el accionar de las organizaciones religiosas y creencias espirituales, de acuerdo con sus cosmovisiones”.

Los lineamientos de las iglesias los dan las escrituras y sus líderes, y de ninguna manera el Estado, incluso dentro de las mismas iglesias, cada una de ellas tiene su propia cosmovisión, es por eso que existen una diversidad de las mismas, distintas unas con otras. Dicho desatino solo trasluce la pretensión del Estado de sojuzgarlas, y violentar precisamente su libertad. Cada una de las iglesias, internamente, es decir íntimamente, accionan en virtud a las interpretaciones propias y singulares, y generalmente discrepan en varios puntos unas con otras. Es precisamente a través de la discrepancia en la religión y en otros asuntos que las sociedades avanzan  libre y democráticamente.

Respecto al inciso k del artículo 6  de la ley, relativo a los derechos de las personas, se extraña la redacción trabajada y consensuada entre las organizaciones cristianas, y entregada a la Cancillería en agosto de 2018.  Allí claramente definimos, en el artículo 10 de dicho anteproyecto, la objeción de conciencia como la facultad de disentir en cuanto al cumplimiento de una obligación legal, en razón a su convicción religiosa o creencia espiritual, y establecimos la forma de aplicación, siguiendo los estándares internacionales de leyes de libertad religiosa. Hoy la redacción es una burla, pues el límite es la Constitución y las leyes; entonces, de qué discrepancia hablan, cuando la esencia de esta figura es discrepar con la norma; por ejemplo, la Constitución manda el servicio militar obligatorio o la asistencia obligatoria en caso de guerra, empero la Biblia manda no matar.

Como antecedente, la Defensoría del Pueblo llevó el caso de un joven Testigo de Jehová que se rehusaba a realizar el Servicio Militar Obligatorio al Tribunal Constitucional, entidad que lo liberó de esta obligación legal, en aplicación a su derecho humano de objeción de conciencia, como parte inseparable de la libertad religiosa.

Otro ejemplo importante es lo ocurrido en la ciudad de Sucre, cuando dos  médicos se negaron a practicar un aborto, y por dicho hecho están siendo procesados.

Por otra parte, de acuerdo con los artículos 8 y 9 de la ley, la personería jurídica de las organizaciones religiosas puede ser revocada a través de un proceso establecido en el Ministerio de Relaciones Exteriores y concluida mediante Resolución Suprema.

Esto implica que las organizaciones religiosas pueden perder su vida jurídicamente hablando, por decisión pura y simple del poder político de turno, cuando en el mundo ese derecho humano solo puede ser revocado por sentencia judicial ejecutoriada, máxime si la ley no ha previsto las causales de disolución; consecuentemente, la muerte de la organización religiosa solo depende del ministro y presidente de turno.

Al igual que en el mundo romano, el emperador, hoy el presidente de la República, con solo bajar el dedo puede decretar la muerte de la organización religiosa.

Al quedar la personería jurídica disuelta, se convierten en clandestinas, perdiendo todo su patrimonio.

Finalmente, el inciso e del artículo 7 de la ley es evidentemente violatorio a la libertad de religión, pues obliga a las iglesias a informar respecto de sus actividades administrativas, financieras, legales, sociales y religiosas. La pregunta es: ¿por qué el Estado se inmiscuye en las actividades sociales y religiosas de las iglesias? ¿cuál el objetivo? ¿controlarlas?

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