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Martin Jelsma: Gracias a Bolivia hoy se debate ‘DDHH en políticas de drogas’

Para el experto, el retiro y reingreso de Bolivia en la Convención del 61 ocasionó un saludable revuelo.

Martin Jelsma, director del programa Drogas y Democracia del Instituto Transnacional, con sede en Washington, EEUU.

Martin Jelsma, director del programa Drogas y Democracia del Instituto Transnacional, con sede en Washington, EEUU. Foto: Miguel Carrasco

La Razón (Edición Impresa) / Iván Bustillos, es periodista

00:00 / 18 de septiembre de 2019

En 1961, la Convención Única sobre Estupefacientes de Naciones Unidas dispuso “que la masticación de la hoja de coca quedará prohibida dentro de los 25 años siguientes a la entrada en vigor de la presente Convención”; en 1998, al ver que esto no se cumplía, se fijó otros diez años para lograrlo; en 2009, luego de una nueva evaluación, se dispuso diez más, plazo que termina en 2019. En marzo, de este año, la nueva declaración política de ministros dejó de lado aquello de un plazo fatal, aunque persiste el objetivo... da cuenta de esta controversial historia el politólogo neerlandés Martin Jelsma, una de las mayores autoridades en políticas internacionales con respecto a las drogas. Su experiencia también le hace decir que con el retiro y posterior reingreso de Bolivia en la Convención del 61 (con la reserva sobre el masticado de coca), se debatió más la relación entre derechos humanos y de pueblos indígenas y las políticas de drogas.

— ¿Cuáles son los grandes fallos del actual sistema internacional de fiscalización de drogas?

— Uno de los errores históricos de la Convención Única de 1961 es que puso bajo control a la materia prima, las plantas, en el mismo nivel de control que a sus alcaloides extraídos y concentrados; en la misma lista [la célebre Lista 1]. Esto tuvo consecuencias; en el caso de la coca, la condena de la cultura andina. Hay que tomar en cuenta también el contexto histórico de los debates de la Convención, los 50, el momento de descolonización de muchos países en África y Asia, con culturas muy ligadas a las plantas, como la amapola, el cannabis, pero todavía era dominante la mentalidad colonialista, y eso se hizo muy visible en el resultado de las negociaciones, pues no había un respeto para las culturas indígenas. La principal razón para exigir la abolición de todas las culturas ligadas a las plantas fue disminuir en los países del norte el mercado de los productos extraídos.

— Una clasificación más política que científica.

—Sí, según las reglas de las convenciones, debe ser la Organización Mundial de la Salud (OMS), con su comité de expertos, la que tiene que hacer un estudio y dar recomendaciones con base en la peligrosidad de una sustancia, pero también buscar un balance con su utilidad en términos medicinales; pero en el caso de la coca y el cannabis la OMS nunca hizo un tal estudio. La coca entró en la Lista 1 [de sustancias “muy adictivas”] en base de una visita [de personalidades] llena de rechazo, denigración a los pueblos indígenas, sin tener un estudio sobre las propiedades, tanto posiblemente dañinas como benéficas de la planta.

— Pero, de ese criterio de ‘causa de degeneración’ ¿no se ha evolucionado a algo más razonable?

— Sí. Hay como dos cambios grandes. Uno, en el 93, la OMS hizo una ‘revisión preliminar’ sobre la hoja de coca; y en ese momento la recomendación era que se necesitaba más estudios, para llegar a una nueva recomendación sobre las propiedades mismas de la hoja de coca en su forma natural, aunque al mismo tiempo dice que es apropiado que siga en la Lista 1, por la ‘fácil extracción de la cocaína’. Ahora, entre el 93 y el 95 hubo un estudio de la OMS, pero este generó mucha controversia porque allí en lo básico se decía que solamente se había encontrado efectos beneficiosos de la hoja de coca; no identificaron ningún efecto negativo.

— ¿Es el estudio que vetó Estados Unidos?

— Sí, ahí surgió la amenaza de Estados Unidos sobre los fondos de la OMS, y entonces nunca se publicó ese informe.

— ¿Qué hay de la resolución del 61, de que en 25 años debía desaparecer el cultivo de coca?

— En esos años (95) se estaba preparando la primera Sesión Especial de la Asamblea General de Naciones Unidas sobre drogas, que fue en 1998, la primera Ungass; surgieron varias protestas para que se forme una comisión especial que luego aconseje a la Asamblea General [de la ONU] sobre posibles cambios en los tratados; también hubo una resolución para hacer un estudio especial sobre la coca. Las propuestas de tener una comisión que asesore a la Asamblea fueron producto de negociaciones políticas; se logró poner fuera de la mesa todos los puntos controversiales de años anteriores. Pero, al final fue peor porque en la Ungass del 98 se decidió que en diez años el mundo tenía que hacer desaparecer todos los cultivos de coca, amapola y cannabis.

— Pero, ¿en qué terminó eso, del 98, está vigente? No pudo ser.

— Sí, y esa es una historia bien interesante. Después de 10 años [en 2009] hubo una evaluación para ver si el mundo había logrado eso, y era claro que más bien habían crecido los cultivos de los tres productos. Políticamente fue demasiado difícil reconocer el fracaso. Se evitó una evaluación seria; en los informes se usaba frases como ‘progresos significativos hacia objetivos aún muy lejanos’. Surgió toda la teoría de la contención: que ‘es cierto que no ha desaparecido ese mercado, pero si no hubiera existido este sistema de control, hubiera sido mucho peor’. Después de la evaluación de 2009, decidieron que el mundo necesitaba diez años más para llegar a ese objetivo (de eliminar los cultivos de coca, amapola y cannabis).

— Estamos en 2019, el año diez.

— Sí, aprobada en 2009 la declaración política, en este 2019 se cumplen esos diez años. En marzo hubo una reunión ministerial, para una nueva evaluación. Esta vez UNODC puso en la mesa un informe bien honesto, [que decía] que en todos los criterios, la situación de ahora es mucho peor de hace diez años. Ahora, en la nueva declaración política de marzo no se repitió que ‘necesitamos otros diez años’, aunque indirectamente sí, porque dice que los objetivos de la declaración de hace diez años siguen siendo válidos...

— Ahora, ¿en el uso de su soberanía, qué han podido hacer los países? Con el cannabis varios países europeos, Uruguay, Estados Unidos mismo, permiten su consumo legal. ¿En qué medida inciden en esto los convenios inter se, pactos entre países?

— Sí. Todo eso surge del hecho de que ahora la situación es demasiado polarizada como para hacer cambios, en términos de enmiendas a los sistemas de tratados; se necesita un consenso entre todos los países, y eso en este momento es políticamente impensable. Hay un grupo de países bien organizado que defiende el sistema tal como está. Hay que buscar salidas que no requieran un consenso entre todos los países del mundo. Ahí surge la posibilidad [de los tratados inter se, entre países], por supuesto, hay la posibilidad para que un país individualmente, como hizo Bolivia, pueda retirarse y rea-dherirse a la Convención del 61, con una reserva; pero esto tiene efecto solo para el país en cuestión. Para cambios mayores, cuando se abriría la posibilidad, por ejemplo, de comercio legal, ahí surge la posibilidad acuerdos inter se, de firmar un subtratado entre países.

— En lo que refiere a la coca, ¿cuánto ha significado la acción boliviana de retirarse y reingresar a la Convención del 61?

— Ha creado mucha discusión. Los países, por lo menos, tuvieron que pensar qué significa la aplicación de derechos humanos y de pueblos indígenas en políticas de drogas; todo ese debate ha sido muy beneficioso para la discusión en Viena, en la Unión Europea, y ha contribuido a que ahora se hable mucho más que antes sobre derechos humanos en políticas de drogas. Para Bolivia fue muy difícil porque se sentía sola en este debate. Pero, al final las presiones vinieron sólo de 17 países, se necesitaban más de 60 [rechazos para impedir el retorno de Bolivia], y en ese sentido fue un éxito, ahora también reconocido por la Jife [Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes]. Ahora es legal el masticado, Bolivia tiene la reserva, además que puso en la mesa algunos temas fundamentales sobre derechos humanos.

— Se dice que Bolivia está en pedidos preliminares para una ‘revisión crítica’ de la coca como sustancia controlada.

— No conozco todos los detalles, pero lo que sé es que Bolivia no ha pedido directamente una ‘revisión crítica’ de la clasificación. En primer lugar creo que quería que la OMS publicara el estudio grande de los años 90, lo que no se pudo; el segundo paso entonces fue ver si la OMS podía asumir un nuevo estudio. La fase en que ahora está es que la OMS está revisando toda la literatura científica sobre la hoja de coca; es la primera fase, de una revisión bibliográfica del material existente, que puede finalizar, no sé exactamente, hasta fin de este año. Y en base a esto, se verá si vale la pena empezar con un estudio para precisar algunos ‘huecos’, digamos, en el material existente; pero aún está lejos una revisión crítica y una posible nueva recomendación sobre la clasificación.

— ¿Ayudaría en algo que haya plantas similares a la coca que no están en la Lista 1, aunque sí su alcaloides?

— Este es un argumento que se debería usar en el momento de la revisión crítica, para cuestionar, porque en el Convenio de 1971 sobre sustancias sicotrópicas no adoptaron la misma lógica de que la materia prima debe estar bajo el mismo control que las sustancias, donde deberían estar solo los alcaloides, y no las plantas. Son varios ejemplos: el khat, en África; la khatinanina, el compuesto activo, está en el Convenio del 71, pero la planta misma, no; en Etiopía hay unas 200 mil hectáreas de khat y no hay erradicación ni persecución de campesinos; pasa lo mismo con la efedra, la efedrina está bajo control y la planta efedra, no; y el caso del kratom, que es bien parecida a la coca, que incluso se mastica en el sureste de Asia, pero pasa que ni la planta ni el alcaloide están bajo control. Sí hay muchas irregularidades en la lógica del control.

Martin Jelsma. Politólogo especializado en América Latina y en políticas internacionales de drogas. En 2005, obtuvo el premio Alfred R. Lindesmith Award por sus logros en el campo de la investigación. En 1995, puso en marcha el programa Drogas y Democracia del Transnational Institute.

Datos

Nació: Países Bajos, 1959.

Profesión: Cientista político.

Ocupación: Actual Director del programa Drogas y Democracia del Instituto Transnacional, con sede en Washington, EEUU.

Perfil

Coeditor: Drogas, Poder y Derechos Humanos en América Latina. Abya-Yala, Ecuador, 1998; Democracias Bajo Fuego. Drogas y Poder en América Latina. Uruguay, 1998.

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