Animal Político

La Ley General de la Coca

El resultado de la nueva ley no solo es desestigmatizar la hoja de coca, sino que consolida la reducción de su cultivo, donde se establece un límite racional y real, por ser concertado y no impuesto.

La Razón (Edición Impresa) / Gabriela Reyes Rodas es experta en temas de seguridad

00:00 / 16 de abril de 2017

La promulgación de la Ley General de la Coca el 8 de marzo de 2017 ha traído consigo una serie de reacciones, fijadas principalmente en el aumento del número de hectáreas (ha) permitidas para el cultivo lícito en el país. A diferencia de las 12.000 ha autorizadas en la Ley 1008, la nueva ley establece un máximo de 22.000, reconociendo así la producción de coca permitida de hasta 14.300 en el departamento de La Paz y de hasta 7.700 en el departamento de Cochabamba.

Varios han sido los intentos de la oposición, y hasta de un grupo autodenominado de “intelectuales”, no solo para expresar su repudio a esta ley, sino para también lamentablemente intentar posicionar a nuestro país, Bolivia, como un “narcoestado”.

Este artículo busca entonces interponer un debate en cuanto a varias afirmaciones que se han hecho sin presentar lógica consistente alguna. Primero, sin embargo, es importante situarse en los orígenes de la Ley 1008, pero más específicamente en los orígenes del número de hectáreas incluidas en dicha ley. Tal como afirman diferentes informes, las 12.000 hectáreas permitidas para el cultivo de hoja de coca tienen su origen en un estudio financiado por el Gobierno de Estados Unidos realizado por Carter y Mamani en 1986. Este estudio jamás representó un documento oficial del Gobierno boliviano, y hasta se habría indicado que los resultados eran preliminares.

Por su parte, el límite de 12.000 hectáreas en la Ley 1008 fue rechazado por los cocaleros bolivianos, argumentando que la demanda de consumo de hoja de coca había incrementado desde los 80 incluyendo el incremento de demanda en consumo por parte del norte argentino y una oferta para comercializar el mate de coca a China. Todo esto se enmarca en un contexto donde lo que pretendía Estados Unidos era no solo erradicar la hoja de coca en su totalidad, sino eliminar su consumo cultural/ancestral, el acullico, en Bolivia.

En esta misma línea, analizando datos provenientes del Viceministerio de Defensa Social, los cultivos de coca en Bolivia nunca llegaron a un nivel ni aproximadamente bajo, siendo la cifra de 15.000 hectáreas de 1999 “cuando menos dudosa”, tal como lo explica dicha institución. En otras palabras, la imposición de las 12.000 hectáreas no solo tenía un objetivo ajeno a la realidad boliviana, sino que principalmente fue una medida política.

A esto se le debe sumar los resultados devastadores para el país que trajeron las políticas de coca cero en el pasado, basta con decir que entre 1997 y 2003 se registraron 60 muertos y más de 700 heridos, de acuerdo con datos oficiales.  No es coincidencia alguna que las políticas de coca cero en Colombia y Perú no estén mostrando resultados alentadores; es más, se evidencia un “fracaso demostrable” de la política apoyada por Estados Unidos en Colombia, al presentar en 2016 un alza récord de plantaciones de coca en el último año, esto sin mencionar las consecuencias colaterales de estas políticas y la violación de derechos humanos en las que incurren.

Para explicarlo mejor, el resultado de la nueva ley no solo es desestigmatizar la hoja de coca, sino que consolida la reducción de su cultivo, donde se establece un límite racional y real, por ser concertado y no impuesto, pero también al tener una directriz clara que establece que el cultivo excedentario debe ir a su industrialización, es decir que no se está poniendo a disposición del narcotráfico las 7.500 hectáreas restantes, sino que se les estaría buscando un mercado a través de su industrialización.

Adicionalmente, se ha querido establecer una relación directa entre el aumento permitido de coca con la violencia proveniente del narcotráfico. Si bien esto merece un análisis más extenso, la violencia y la inseguridad que se genera por el narcotráfico en la región ocurre principalmente a raíz de disputas entre bandas criminales por el control del tráfico de drogas para llegar al consumidor final, es así que el negocio del narco está en el tráfico y no así en la producción.

Claros ejemplos de esto son la ola de asesinatos de periodistas en México, el incremento de delitos como el secuestro exprés, el sicariato, la extorsión y el robo entre otros, como actividades complementarias al tráfico de drogas en Venezuela (que tiene la segunda tasa de homicidios más alta del mundo), y el incremento de violencia e inseguridad por la presencia del crimen organizado relacionado con el tráfico de drogas en Rosario, Argentina. Todos estos son lugares donde no existe ni un solo cultivo de coca. En Bolivia, el delito que más ocurre y que más se denuncia es la violencia contra la mujer, pero su causa no es la hoja de coca ni el consumo de cocaína, sino el machismo.

Si bien el aumento de la oferta incrementa la demanda, es importante remarcar que la ilegalidad no ha eliminado la demanda, sino más bien lo que se ha visto es una tendencia creciente en el ámbito mundial de la demanda, donde Chile lidera en consumo de cocaína y marihuana en la región. 

Adicionalmente, la promulgación de la ley no ha implicado un aislamiento de nuestro país en el entorno internacional, como se ha querido pretender; y es que resultan alentadoras las declaraciones de representantes de la Unión Europea, quienes después de conocer los contenidos de dicha ley transmitieron un cambio de estrategia (algo obvio al haber un nuevo régimen normativo) para poder cumplir con sus objetivos; sin embargo, en ningún momento mencionaron una disminución del apoyo en términos económicos; es decir que el apoyo de la Unión Europea se mantiene vigente y económicamente sin cambio alguno.

Para finalizar, el reto del gobierno nacional entonces no solo se debe quedar en el control del cumplimiento efectivo de esta ley y las hectáreas permitidas, como lo ha venido haciendo hasta ahora, mediante la concertación y en el respeto a los derechos humanos de sus ciudadanos. Es evidente que todavía existe un porcentaje de coca que no se vende en mercados autorizados, pero que a la fecha no puede ser destinado a la industrialización. En este sentido, se propone que el Estado asuma un rol de intermediario, comprando al productor las toneladas de hoja de coca no consumidas para asegurarse de que éstas no se desvíen al narcotráfico, y a su vez estableciendo un precio competitivo de la misma para los productores. De ese modo, sería entonces el Estado el encargado de regular el precio de la hoja de coca en el mercado nacional.

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