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Insólito proceso electoral

Para ser viable, la próxima elección general deberá acudirse al Tribunal Constitucional Plurinacional.

La Razón (Edición Impresa) / Iván Bustillos es periodista

11:00 / 05 de diciembre de 2019

Si hay algo que define al nuevo proceso electoral es su carácter excepcional, tanto por lo inusual de su convocatoria (la urgencia de nuevas autoridades electorales, un saneamiento rápido del padrón, el sistema informático en cuestión, entre otras cosas), como por la imperiosa prórroga del mandato de la Presidenta y de los asambleístas (pues las elecciones materialmente son imposibles hasta antes del 22 de enero de 2020) y, además, por cómo, hasta dramáticamente, las nacionales se “cruzarán” con las elecciones subnacionales.

Desde ya, coinciden los analistas, el gran regulador, que haga viable lo fundamental del proceso, sin duda es el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP); y ciertamente el otro actor estelar será el futuro Tribunal Supremo Electoral (TSE).

La primera y evidente excepcionalidad ocurrió cuando la Ley 1266 de Régimen Excepcional y Transitorio para la Realización de Elecciones Generales promulagada el 24 de noviembre se “apartó” del artículo 169 de la Constitución, el que precisamente habla de la necesidad de elecciones cuando se da la sucesión constitucional, como la que vivimos desde la renuncia del expresidente Evo Morales.

¿De dónde salen los 120 días, cuatro meses, que dispone la Ley 1266, y no los 90 días, como establece el artículo 169 de la Constitución? En dicho artículo de la Carta Magna, luego de disponer la sucesión de la presidencia del presidente al vicepresidente, de éste al presidente o presidenta del Senado y de éste al presidente de Diputados, señala que “en este último caso, se convocarán nuevas elecciones en el plazo máximo de noventa días”.

Para el abogado constitucionalista Guillermo Encinas estos 90 días (tres meses) es la base constitucional que en primer lugar se debió tomar en cuenta para formular el calendario del proceso electoral: en ese plazo radica lo que la Constitución comprendería como gobierno transitorio, corto y que solo debe organizar la elección, incluso esto sería más propicio para una prórroga de mandato menor, afirma. “Los 90 días sí serían aplicables y podría darse una prórroga (corta, de algunos días) del 21 de enero al 12 de febrero (cuando se cumplirían los 90 días); eso sería lo más apegado a la Constitución”, destaca el jurista.

Sin embargo, tanto para el constitucionalista Farit Rojas, como para el abogado Carlos Börth, la no alusión al artículo 169 de la Constitución en la Ley 1266 se debe a que no corresponde tomar como base dicho texto para el actual proceso eleccionario.

La obligatoriedad de convocar a elecciones en 90 días del artículo 169 —señalan— procede solo cuando el presidente del Estado por sucesión constitucional es el presidente o presidenta de la Cámara de Diputados.

“Solo en ese caso, cuando (el presidente o presidenta) sale de Diputados éste debe convocar a elecciones”, afirma Börth; por ello, en rigor, dice, la senadora presidenta Jeanine Áñez “no estaba obligada a convocar a elecciones; el texto de la Constitución no le obligaba a ella a convocar, pero la convocó porque la situación política en el país exigía dicha convocatoria; ella no hubiera podido quedarse si no convocaba”.

Añade, junto con el abogado constitucionalista Iván Lima, que una cosa es que la Constitución diga “convocará” a la elección en un plazo máximo de 90 días y otra que “realizará” dicha elección; o sea, el diputado-presidente podría haber convocado tanto en el día 1 como en el 89.

Así, afirma Börth, “la convocatoria no tiene nada que ver con esos 90 días que están en el 169, es resultado de la situación política extraordinaria del país hoy día”.

Al respecto, más desde el ámbito conceptual, el constitucionalista Lima enfatiza que teniendo la Constitución una parte dogmática, de derechos o valores supremos, y otra parte operativa o procesal, siempre predominará la primero. “El núcleo duro de la Constituición son los derechos a elegir democráticamente a sus gobernantes, el derecho a la vida, a la libertad; un núcleo duro que tiene que prevalecer sobre aspectos formales, operativos” (los plazos del 169).

Ahora, ¿de dónde salen 120 días? Börth recuerda que “no salen de la Constitución, sino de la Ley del Régimen Electoral, la 026, que fue modificada para la elección del 20 de octubre último, de 150 días como mínimo (que decía en el texto original) a 120 como máximo (como ahora dice la norma electoral)”.

Dicha convocatoria será lanzada recién a mediados de diciembre, a los dos días de que se haya conformado el nuevo TSE (que, desde el viernes 29, tiene 20 días para constituirse); así, si el Órgano Electoral usa los referidos “120 días calendario”, la elección podría ser en la segunda mitad de abril. Ahora, la Ley 1266 textualmente señala: “Las elecciones generales de 2020 se realizarán en un plazo máximo de ciento veinte (120) días calendario a partir de la convocatoria”, lo que implica, por lo menos en teoría, la posibilidad de que se verifiquen antes de ese plazo.

PRÓRROGA. Pero un problema mayor que plantea el actual proceso electoral es la de facto prórroga de mandato a que obliga para la Presidenta y los senadores y diputados plurinacionales.

Este es un tema también ausente en la Ley 1266, pero que, prevén los analistas, deberá ser encarado cuando se conozca la fecha de la elección.

Aquí, para prorrogar, destaca Rojas, lo primero es tener claro que debe ser mediante una ley. “La Constitución no prevé esta situación, pero el instrumento que se presume que goza de mayor legitimidad es la ley, pues involucra a la Asamblea (166 miembros) que reúne la representación poblacional (diputados) y la territorial (senadores) e involucra al Ejecutivo (que en este caso si bien no se trata de uno elegido por el voto ciudadano sino por una interpretación del mecanismo de sucesión constitucional, es el Ejecutivo en ejercicio)”.

Similar criterio expresa Börth: “Lo único que cabe aquí es una ley, no se puede hacer por decreto (al ir por decreto, la Presidenta estaría prolongando su propio mandato)”.

Es aquí donde aparece el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP). Para el jurista Encinas, el TCP puede aplicar lo que se conoce, dice, como la “legislación negativa”: “Si se presenta una acción de inconstitucional abstracta, el TCP podría emitir criterio en su sentencia indicando qué es lo que se debe hacer, y al hacer esto está legislando, pero lo hace para mantener el estado de derecho”.

Para Börth, en cambio, no es suficiente una carta de consulta al TCP, “para ver qué piensa de todo esto”; lo que sí podría corresponder es la consulta de un proyecto de ley: “Tal vez haya que mandarle un proyecto de ley y decirle que opine, preguntarle sobre la constitucionalidad del referido proyecto de ley que prolonga el mandato”, concluye.

Al respecto, Iván Lima plantea dos posibilidades: una, similar a las anteriores, de que a través de la figura de “consulta previa”, la Asamblea u otra instancia elabore un proyecto de ley de prórroga de mandato y consulte al TCP si es constitucional.

Pero la segunda es la llamativa. En la medida en que el Órgano Electoral es uno de los cuatro órganos del Estado, con igual jerarquía que los otros, puede asumir el mando o presidencia del país: “Que el TSE, la Sala Plena y su presidente, bajo el principio de que es un órgano independiente y autónomo (bajo la analogía de que en tiempo electoral ellos toman el control del poder estatal) asuman el mando del país hasta que concluya el proceso electoral (la transmisión de mando al nuevo presidente o presidenta)”.

SUBNACIONALES. La tercera gran cuestión que se debatirá en los siguientes días es el “cruce” o virtual sobreposición de las elecciones nacionales con las subnacionales (gobernadores, asambleístas departamentales, alcaldes, concejales y autoridades regionales).

Esta es una situación relativamente urgente. Las autoridades subnacionales en general fueron posesionadas el 31 de mayo de 2015 y su mandato concluye ese día de 2020. Así, como recuerda Lima, por ejemplo, el calendario electoral de las elecciones subnacionales, “debería emitirse en la primera semana de diciembre”, ya nomás.

Y he aquí que debe entrar en protagonismo el nuevo TSE, pues, coinciden los analistas, es esta instancia, como autoridad técnica y jurídica, la encargada de tomar la decisión acerca de cómo se hace con las elecciones subnacionales.

Y acaso el momento en que deba hacerlo sea cuando convoque a las elecciones nacionales, añade Börth. La Ley 1266 dice que el TSE debe convocar a elecciones nacionales 48 horas después de posesionarse; es “en ese momento que el TSE va a tener que tomar una decisión sobre las subnacionales, porque también vence el mes de junio el mandato de estas autoridades”.

Y, al parecer, no tiene muchas opciones: o decide juntar ambas elecciones en un mismo día o las realiza con una separación de dos o tres semanas: “Tienen que tomar una decisión o las hacen el mismo día, todos vamos a votar con varias papeletas, con lo que ahorramos plata, pero podría ser complicado ir a votar con cuatro o cinco papeletas, aunque ya tenemos cultura electoral, o decide hacerlas por separado, dos o tres semanas después (la subnacional), utilizando la logística de la nacional, lo único que variaría es el material electoral”.

En cualquier caso, es una decisión que la tiene que tomar pronto, porque junto o muy cerca de la convocatoria a las elecciones nacionales debe emitir la de las subnacionales.

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