Animal Político

Incendios, el nuevo factor de poder

A poco más de un mes de las elecciones generales, se suma a los temas clave el chaqueo para la expansión agrícola

La Razón (Edición Impresa) / Iván Bustillos es periodista

00:00 / 18 de septiembre de 2019

Faltan 34 días para las elecciones generales del 20 de octubre y los incendios en el oriente del país aún persisten; en unos días más, el viernes 20, arrancará la difusión de propaganda electoral en medios de comunicación, el periodo más intenso de la campaña. Solo en esos días se verá cuánto la actual crisis ambiental cambió o no el contenido de la propaganda política que sin duda los partidos y alianzas ya están preparando, si le dieron mayor o menor uso político; pero, coinciden nuestros analistas, ya es un hecho de que los incendios de agosto-septiembre tendrán su efecto en el voto de octubre.

Pero, primero, una reflexión sobre lo mediático del hecho. Cuando en años pasados igual hubo incendios y acaso de mayor magnitud, la cientista social Lourdes Montero, remarca que esta es una de las emergencias medioambientales “más mediatizadas” de la historia, peor aún con la irrupción de las redes sociales, “y la sensación que dan de estar ahí, mediante fotos y videos”, con lo cual, insiste, hay que mantener cierta distancia en cuanto a su objetividad: “quienes están allí tienen una visión parcial del hecho; no la visión del bosque sino del árbol, en este sentido, no hay falsas verdades, sino muchas verdades en circulación”. Aquí, cabe el reclamo: faltó una “mejor gestión comunicacional desde el gobierno nacional y el departamental; yo imaginaba, como en un periodo de guerra, tener un informe a las seis de la tarde de un ente único nacional que realmente nos diga qué está pasando”. Primó la rivalidad político- institucional entre el Gobierno central y la Gobernación: “el tratar de protagonizar el liderazgo en la resolución del conflicto no daba certeza de quién estaba a cargo y qué estaba haciendo”. Una muestra de esto acaso sea la doble declaración de “pausa ecológica” que hubo a la fecha: a fines de agosto el gobierno (el anuncio por parte del presidente Evo Morales, el martes 27), y la emisión de una ley departamental, el jueves 5 de septiembre, de “pausa ambiental” por parte de la Gobernación cruceña.

En cuanto al efecto político de los incendios, la pregunta es —apunta el politólogo Marcelo Silva— “si se han quemado votos también”. La desgracia de la Chiquitanía tuvo un “efecto electoral indiscutible”, afirma, “especialmente en los sectores urbanos de clase media, que han desarrollado una conciencia de defensa del medioambiente”.

Y el más perjudicado, coinciden ambos análisis, es el Movimiento Al Socialismo (MAS), tanto por el lado estructural, “no puede eludir su responsabilidad en función de las políticas públicas que han estado gestando en el último tiempo, y una responsabilidad normativa, pues aprobó leyes que de alguna manera han permitido el chaqueo” (Silva), como por la gestión coyuntural: “al MAS se le acusa de una lenta reacción y sobre todo por su negativa de declarar desastre nacional” (Montero).

Cierto, “probablemente [el incendio] tenga algún impacto político”, reconoció el vicepresidente Álvaro García Linera el jueves 12 en un programa televisivo. Pero, en seguida añadió que por lo menos según una última encuesta, “el impacto es bastante atenuado”, dado que la misma fue hecha “en momentos del mayor número de focos de calor que había en la Chiquitanía”. García se refiere a la tercera encuesta de intención de voto presentada por la televisora Unitel el domingo 8 de septiembre, donde Morales tiene 36% de la preferencia, Carlos Mesa (CC) 25% y Óscar Ortiz (21F) 11%. Y, en efecto, la ficha técnica de la consulta indica que su trabajo de campo fue entre el 20 de agosto y el 4 de septiembre. El 14 de agosto, el Senamhi daba cuenta del súbito incremento de 3.000 a 5.000 focos de calor en esos días, y el miércoles 23 el avión Supertanker efectuaba sus primeras descargas de agua para sofocar los incendios.

Ahora, aunque no se haya mencionado mucho, el segundo gran perjudicado, destacan los analistas, es Óscar Ortiz, de Bolivia Dice No (21F), “porque más allá de que en este momento culpe al gobierno, hay una corresponsabilidad en el nivel autonómico, es decir, los Demócratas tienen el control de la Gobernación de Santa Cruz desde hace mucho tiempo, y eso establece con mucha precisión un grado de responsabilidad; pero además Ortiz representa a un sector empresarial agroindustrial que ha visto con muy buenos ojos en el último tiempo la ampliación de las fronteras agrícolas y por supuesto los desmontes” (Silva); pero Ortiz y Demócratas responsables, complementa la analista Montero, “por su posible reacción también tardía, y su poca gestión; los alcaldes [cruceños] están sintiendo que no están recibiendo el apoyo que esperaban desde la Gobernación”.

“No es cierto eso”, afirma el candidato a primer diputado plurinominal por 21F en La Paz, Wilson Santamaría. “En Santa Cruz se lo está explicando oportunamente.

Espere…

La Gobernación a tiempo oportuno ha iniciado sus trabajos de auxilio, rescate, ha declarado desastre departamental; la Asamblea Departamental ha hecho su trabajo, se han trasladado todos los equipos”.

De Comunidad Ciudadana (CC), si bien pudiera pensarse que podría ser la más beneficiada, tampoco fue más allá, según los análisis, porque en el fondo no quiso: “todo parecería sonreír a Mesa, en el sentido de que él podría beneficiarse políticamente de esta desgracia, pero tampoco lo ha hecho y no ha sido lo suficientemente claro y vehemente, yo creo por una razón básica: por no exponer a su candidato, con un pasado muy relacionado a políticas de depredación y deforestación, y también, para no perder el apoyo de ciertos sectores importantísimos, especialmente empresariales”, destaca Silva. Para Montero, se trata de un marginamiento consciente: “CC se ha mantenido bastante al margen, diría yo. El candidato no ha tenido muchas opiniones sobre el tema; y eso que su vicepresidente debe ser uno de los especialistas en la cuestión de tierras más importantes que tenemos en el país, y que podía tener una opinión calificada y mucho más profunda”. Al respecto, cabe recordar que el candidato Pedraza a principios de mes, declaró a un medio colega que el gobierno del MAS lo que hizo fue generar “una deforestación acelerada; la gente que recibió estas tierras las chaqueó y las quemó. En esta época el follaje cae y se convierte en materia combustible, por eso es la peor época para quemar”.

Para el politólogo Silva, en suma lo que pasa es que “las tres candidaturas más importantes han decidido soslayar el tema porque sin duda es un perjuicio, por esto creo que este tema no va a ser, en el ámbito discursivo, en las campañas, el centro de propuestas, de debate o ataque”.

De todos modos es un tema espinoso, ratifica Montero: “Lo que ahorita está detrás de todo esto es una discusión profunda sobre la estructura de la tierra, el uso, aprovechamiento y su distribución. Si bien el incendio es el fenómeno visible y la sequía puede ser atribuida al cambio climático, todos los conflictos internos que la Chiquitanía está viviendo tienen que ver con la disputa por la tierra y sobre la vocación de esa tierra, y si se le ha dado una distribución adecuada”.

Un tema por lo menos delicado, y se entiende la cautela de los partidos, destacan los analistas. “Delicado porque tiene que ver con el “éxito del modelo cruceño, en términos de crecimiento económico y generación de riqueza, incluso en lo relativo a la producción de alimentos que se le atribuye al Oriente...” (Montero).

Y mucho tiene que ver con la ganadería. Acaso lo más emblemático y paradójico de esta complejidad, sea que “justo en los días en que la Chiquitanía ardía, se celebraba la exportación de carne a China”, recuerda la cientista Montero.

En lo relativo a la demanda de que de una vez el gobierno declare el Desastre Nacional como la única forma efectiva de enfrentar la crisis, posición expresada sobre todo por la oposición cívica y de parte de medioambientalistas, la disputa está en el mayor o menor contenido de dicho reclamo. Para el ministro de Minería, César Navarro, el reclamo en cuestión reitera una constante opositora: quedarse en la consigna. “Lo que pasa en la oposición es que desde el 2005 es consigna; ésta se caracteriza simplemente por posicionar y defender consigna; un tema, plantea una consigna, otro tema, otra consigna; en función de la consigna deambula políticamente, lo que demuestra exactamente el límite político e ideológico y la ausencia de alternativas y propuesta por su parte”.

Retruca Santamaría: hay una concepción equivocada de la referida declaratoria, afirma. Hubo desborde en la capacidad de respuesta al incendio por los tres niveles del Estado (municipal, departamental y nacional), insiste. Se hace lo necesario pero no es suficiente; se necesita este paso administrativo, dice, “porque hay gobiernos amigos que directamente han transmitido a la Gobernación de Santa Cruz su deseo de ayudar en varios asuntos, pero mientras el gobierno no habilite este mecanismo, que es muy administrativo, esa ayuda no se va activar”.

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