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Economía, justicia y trabajo, tres temas para los candidatos

Tres ámbitos básicos en los que  los candidatos y programas deberían tener propuestas.

La Razón (Edición Impresa) / Iván Bustillos es periodista

00:00 / 29 de enero de 2020

El viernes 24 de enero, día de Alasita en La Paz y en muchas regiones del país, fue especial en el calendario electoral hacia los comicios del 3 de mayo. Hubo cuatro actividades decisivas para el futuro del proceso: uno, hasta ese día a las 24.00 horas debían presentarse al Tribunal Supremo Electoral (TSE) las alianzas políticas que terciarán en la elección; dos, los frentes contendientes, hasta la medianoche también, debían entregar al TSE la “documentación que acredite la elección de candidaturas de acuerdo con las normas estatutarias de cada organización política y la Ley 1266”. 

Ya con el plazo del viernes 24 de enero hasta el lunes 3 de febrero, en tercer lugar, las alianzas políticas tienen que presentar el balance actualizado de su patrimonio y sus estados financieros, “con fecha de corte contable al 24 de enero de 2020”.

Y, la cuarta actividad clave: en el mismo plazo (del 24 al 3), tanto las organizaciones políticas (partidos) como las alianzas deben presentar su “plataforma programática y programa de gobierno”.

Entre el domingo 2 de febrero y lunes 3, además, como ya informaron los medios, las organizaciones políticas y alianzas deberán inscribir a sus candidatos. De modo que, por lo menos en teoría, la siguiente será una semana clave para que los futuros contendientes del 3 de mayo definan tanto a sus candidatos presidenciales como lo que le irán a proponer al país a través de sus programas.

En lo que sigue, va la reflexión de tres ámbitos que precisarán de la visión y propuesta de las diferentes candidaturas y programas que se medirán el próximo 3 de mayo.

Para el economista Horst Grebe, en lo básico, hay que diferenciar las acciones o preocupaciones a corto plazo (que son las respuestas concretas que cada gobierno asume para encarar lo inmediato económico), y las visiones del largo y mediano plazo.

“Lo prioritario es que los líderes políticos debatan sobre el tipo de economía, el tipo de relacionamiento externo, el tipo de organización, de los incentivos, los sistemas de innovación, etcétera”, destaca.

En la respuesta concreta de política económica que tiene cada gobierno, es “un error, dice, colocar por delante las preguntas como si todos los gobiernos tuvieran que reaccionar necesariamente de la misma forma; cada gobierno tiene su contexto, sus restricciones y sus oportunidades; eso es el corto plazo”.

Un error presionarles a decir estos temas de corto plazo. “Lo que se necesita más bien son visiones de largo plazo: qué papel va a jugar la industria, la agricultura en el futuro, cómo se van a organizar los patrones de acumulación”.

El gas, el proyecto del Mutún, el litio son, entre otros, esos temas de largo plazo, insiste el economista.

En esta visión estratégica, además, destaca Grebe, lo primordial es que los candidatos “definan cuáles son sus prioridades, porque hay varias opciones que se tienen en este momento. Hemos salido de una economía fuertemente estatista, y yo creo que sería un grave error tratar de regresar al pasado neoliberal, pero tampoco hay condiciones para mantener ese estatismo, que ha sido un fracaso, como se está viendo en estos meses; tiene que haber una visión mucho más pragmática, una combinación inteligente del Estado y el mercado”.

Un hecho a considerar para el futuro manejo económico, destaca el investigador, es cómo en los 14 años de bonanza, que fueron tales, dice, debido a las condiciones externas, “no se han aprovechado para cambiar la matriz productiva, para cambiar la dependencia de los recursos naturales, para hacer más independiente al aparato económico de los mercados de productos básicos”; este es un tema que debería entrar en la agenda y debate electoral.

Ahora, es tan importante la visión de largo plazo (que no se reduce a visiones e ideas generales) que de eso en gran medida dependen precisamente las respuestas concretas y específicas que los gobiernos dan en la gestión económica cotidiana.

“Nadie puede ser nuevo gobierno y ponerse a corregir únicamente los huecos y tapar los problemas que hereda. (Debe) hacer su diagnóstico y tomar sus decisiones, pero a partir de la visión de largo plazo, que le permita además orientarse cómo hacer la gestión de las variables macroeconómicas, que son precisamente las del corto plazo”.

En cuanto a las relaciones internacionales, en el discurso que dio la presidenta Jeanine Áñez en el Día del Estado Plurinacional, destacó que su intención era establecer una “nueva geopolítica”, el “intercambio productivo” entre nuestro país y el resto del mundo. Al respecto, siendo éste un tema del próximo gobierno, una cuestión del inmediato debate electoral, por tanto, Grebe afirma que ya es ineludible considerar el giro, el “cambio bien marcado que se está haciendo respecto al Alba, Unasur, la propia Celac; hay que ver qué es lo que está ocurriendo en ese ámbito, para después averiguar cómo puede aprovechar mejor Bolivia”.

Bolivia necesita la integración latinoamericana, apunta el economista, “pero no cualquier integración; y eso es una definición estratégica. Lamentablemente la gestión del pasado ha sido muy ideologizada; entonces, hay que aterrizarla en las circunstancias específicas que van a prevalecer en la segunda mitad del 2020; aunque todos los mecanismos de integración en América Latina están en muy mal estado, esa no es una buena noticia para nosotros”.

A propósito del litio, el economista recuerda que habiendo sido firmado un contrato con Alemania, el cual fue “tumbado” por la presión regional, “habría que repensar eso, en qué medida la política la dictan las regiones o el gobierno central”, se pregunta. 

En el ámbito de la justicia, relieva el jurista Iván Lima, hay al menos tres grandes cuestiones pendientes, en torno a las cuales sí o sí deberían tener una visión y propuestas las candidaturas: la reforma del Órgano Judicial, el presupuesto para Justicia y la independencia del Órgano Judicial con respecto a los demás poderes del Estado.

La reforma de la Justicia, señala, es empezar a tener un criterio claro de si dichos cambios se los llevará adelante con las actuales altas autoridades judiciales electas en el anterior gobierno o promover su cambio. Hay que recordar que las actuales autoridades judiciales fueron electas por un tercio del electorado en las últimas elecciones judiciales, de diciembre de 2017.

“Si la reforma la van a hacer en su mandato o van a esperar los cuatro años que aún tienen las actuales autoridades”, refiere Lima.

La segunda gran cuestión es el presupuesto que se destina para la Justicia, el cual es menos del 2%. “Necesitamos por lo menos doblar el presupuesto actual del Poder Judicial; y se precisa que los candidatos nos digan dónde vamos a recortar gastos, de dónde se va sacar ese dinero para mejorar la Justicia”.

Para Lima no se trata solo de aumentar el presupuesto, sino tiene que ver también con el diseño de la financiación del sistema judicial. Uno de los aspectos pendientes en esto es incluir el presupuesto de la Justicia en todos los mecanismos     que impliquen la descentralización y el pacto fiscal y la llamada ‘municipalización’ de la Justicia.

Otra cuestión ineludible en el ámbito judicial, destaca el abogado penalista, es la independencia judicial; los candidatos deben tener una clara idea de qué propondrán para asegurar la independencia de jueces y fiscales con respecto a los otros poderes, especialmente el Ejecutivo.

“Si ha visto, lo que ha ocurrido entre jueces y fiscales es que hemos pasado de jueces y fiscales con camiseta azul a, ahora, camiseta verde, y muy probablemente el 3 de mayo cambien de camiseta nuevamente”, destaca Lima.

Y este ir y venir según los cambios políticos no se resolverá, afirma, sino con la institucionalización del Órgano Judicial. ¿Cómo asegurar una ruta crítica de este proceso? Es una cuestión que los candidatos deberían saber responder, destaca el jurista.

Impulsar el hecho, por ejemplo, de que los fiscales departamentales sean nombrados por un proceso de concurso de méritos y no ser de libre designación, como ocurre hasta ahora, reclama Lima. Dejar que pase, como ocurría hasta hace poco, que un ministro “con un tuit cambie a un juez”.

Finalmente, desde el ámbito social, el investigador en temas laborales Rodolfo Eróstegui apunta a que dos son los grandes temas de debate electoral que tienen que ver con el mundo del trabajo.

Primero. Al margen de los derechos laborales y el costo del trabajo para las empresas, Eróstegui plantea que lo central que deberían debatir los candidatos es “cómo encontrar el equilibrio necesario entre productividad e ingresos del trabajador”; en los últimos 14 años, por ejemplo, el ingreso de los trabajadores ha subido en un 346%, el salario mínimo, cuando la productividad no ha subido ni en 1%, refiere.

El otro gran tema que tiene que ver con el ámbito laboral, destaca el laboralista, es el sistema de pensiones. Hoy día, el mecanismo aplicado en el país “incentiva a permanecer en el trabajo”, esto, naturalmente, por la enorme baja del ingreso como trabajador activo a cuando se es jubilado, de un 100% al 40% o menos.

Esto implicará la reforma de la legislación en materia de jubilación. Y, en su criterio, siendo un ahorro del trabajador (que es quien cotiza), el problema de política económica es la incorporación del empresario a la cotización de la renta de los obreros. En el Chile liberal, da cuenta Eróstegui, se subió la participación privada en la cotización de jubilación, de un 3% a un 6%.

Una tarea adicional que propone Eróstegui para encarar el tema de los derechos laborales es la reforma del Ministerio de Trabajo.

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