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Distinguir el error de lo irregular y del fraude

El 31 empezó la auditoría de la elección pasada. Su conclusión será de cumplimiento obligatorio

Otra forma de bloqueo en la ciudad de La Paz.

Otra forma de bloqueo en la ciudad de La Paz. Foto: Álvaro Valero

La Razón (Edición Impresa) / Iván Bustillos es periodista

00:00 / 06 de noviembre de 2019

La auditoría a las elecciones del 20 de octubre, que desde el jueves 31 lleva adelante la Organización de Estados Americanos (OEA), al final tendría que distinguir entre lo que pudieron ser errores (de transcripción, sumas, llenado de casillas, etcétera), irregularidades en determinado paso del sufragio y del cómputo que tengan mayor o menor responsabilidad administrativa o penal, y lo que en estricto sentido podría considerarse como fraude electoral, remarca el politólogo Jorge Richter. Esta es la primera prevención que se debe tomar sobre la auditoría que ya está en curso. Se debe probar dónde está el fraude, dice Richter: “si se habla de fraude, significa que no es una irregularidad o un error en el acta de escrutinio; significa que hay algo, una mecánica diseñada específicamente para que, aplicada de manera constante sobre alguna instancia del proceso electoral, pueda modificar los votos extrayendo a un partido una cantidad de votos, beneficiando a otro partido”.

Y fraude es palabra mayor, pues siendo un delito, lo que correspondería luego no es, como se sugirió, ir a segunda vuelta. Tras encontrar dicha acción delictiva, lo único que tocaría es anular la elección, procesar penalmente a los responsables, renovar por completo al Órgano Electoral y tomar las previsiones técnicas para evitar su reiteración en lo futuro. Sería un daño institucional y ético de proporción, remarca el politólogo: “sería inaudito que una fuerza política haya hecho fraude”.

OPERATIVO. Por esta razón, y en el plano operativo, es de suma importancia el primero de los siete puntos del acuerdo que para llevar adelante la auditoría firmaron el Gobierno y la OEA, pues allí se define el alcance de la acción fiscalizadora. Lo que la OEA llama “análisis de integridad electoral” en lo básico es una “auditoría al cómputo oficial de votos de las elecciones generales del 20 de octubre de 2019, así como la verificación de las actas, aspectos estadísticos, verificación del proceso y cadena de custodia”; todo esto, destaca el documento, “de conformidad con las normas vigentes en el Estado Plurinacional de Bolivia y los términos de este acuerdo”.

Se dice el “cómputo oficial”. Al respecto, Richter llama la atención sobre un hecho clave: el sistema de Transmisión Rápida de Resultados Preliminares (TREP), sobre cuyo silencio y modificación al principio basó la oposición toda su sospecha de fraude, no es un resultado oficial obligatorio. El politólogo recuerda que esto ya fue dispuesto en el artículo 52 del Reglamento para las Elecciones Generales de 2019, aprobado en mayo de 2019, cinco meses antes de las elecciones. Allí se señala que el TREP “es un sistema de información, no vinculante, que permite transparentar el resultado de las elecciones dando a conocer, en el menor tiempo posible, los resultados preliminares de cada una de las mesas…”

“Esto es absolutamente revelador, en el sentido de que el TREP, si queremos ser muy estrictos, no tiene valor legal”, en vista de esto, señala Richter, “es inaceptable que una tendencia política pueda proclamar el resultado de una elección sobre un instrumento que es meramente informativo, hasta, como dice la norma, el escrutinio final”.

El “cómputo oficial”. Al parecer de forma independiente unos de otros, algunos diputados opositores vienen reuniendo las pruebas de un supuesto fraude cometido el 20 de octubre: como no podía ser de otro modo, se trata de las actas y su correspondencia o no con el cómputo final.

DENUNCIAS. El legislador Wilson Santamaría (Unidad Demócrata) anuncia que recién será este martes 5 de noviembre que formalizarían su denuncia contra los vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE), “por fraude, falsedad material, manipulación informática, asociación delictuosa, una serie de delitos que verifican la existencia de alteraciones para beneficiar al MAS”. Tardaron, dice, porque aún están recopilando el material, solo hasta el miércoles 30 de octubre habían reunido “704 casos, pero todavía sigue llegando información”, datos que deben cruzar con las bases de información oficiales  del Órgano Electoral. Lo que entregarán a la Fiscalía es información “en medio magnético al igual que copias físicas de las actas que tenemos gracias a nuestros delegados”.

Aunque en referencia a un solo municipio potosino, Sacaca, el diputado Gonzalo Barrientos (Unidad Demócrata) llamó la atención sobre ciertas irregularidades que para él apenas son solo un botón de muestra del “megafraude” a favor del MAS. Hechos como, dijo: en tres actas de una comunidad, la letra de llenado de las casillas es la misma, una sola persona, lo que va contra la norma, pues tendría que ser parte de tres mesas; en Carcoma, de 517 votos, 514 son para el MAS y allí hay huellas dactilares sin firmas; y el hecho más llamativo: el acta 51542 de la comunidad Sillu Sillu, la cual en un día determinado estaba en el sistema del Órgano Electoral con solo firmas y no huellas dactilares de los jurados, y cuatro días después, aparece con firmas y huellas. “Esto es gravísimo, porque alguien nos está manipulando después que ya hay un acta de cómputo final; están cambiando la información”.

TRIBUNAL. Al respecto, el politólogo Richter, que viene haciendo un seguimiento de los últimos procesos electorales, reclama que hay solo dos instancias para la denuncia de irregularidades o fraude, el mismo Tribunal Electoral y un juez penal (porque es un delito), pero el primer y natural lugar es el Órgano Electoral y, hasta donde se sabe, la oposición no hizo las correspondientes denuncias ante las entidades electorales.

Además, recuerda, siendo el cómputo oficial un acto público, correspondía que los delegados de cada partido “peleen” allí mismo la defensa del voto que consideraran estaba siendo violentado; y no acudir directamente a la denuncia a través de los medios de comunicación o, peor, a través de las redes sociales.

“Todas las observaciones, los delegados las debieron poner en las actas y luego en el Tribunal, y también debieron actuar (proteger el voto ciudadano), y haberse peleado en el momento del cómputo. El problema se dirime en la institucionalidad que corresponde, el TSE en este caso, y no en las calles o en las redes sociales”. Al respecto, el sociólogo Juan Carlos Pinto, que fue director del Sifde (Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático, dependiente del Órgano Electoral) señaló que las denuncias, hasta ahora conocidas, de cualquier modo tienen su explicación.

ANULACIÓN. Pero, como se sabe, las cosas se desbordaron desde el mismo lunes 21, al día siguiente de la elección. Hubo una entreverada evolución del punto de vista de los sectores movilizados; en general, pasaron de la demanda de la segunda vuelta (porque el cómputo final que eliminaba esta posibilidad sería fraudulento) a la anulación de las elecciones con y sin la participación de Evo Morales, hasta, lo último, la renuncia del Presidente. Con respecto al fraude, como se dijo, el problema son las pruebas. Sobre la anulación del acto electoral, el problema está en el “cuerpo del delito”, en el hecho o factor de nulidad que deberían mostrar los denunciantes; como dijo el ministro de Justicia, Héctor Arce Zaconeta: “No existe una razón legal para la nulidad de las elecciones, mucho más cuando se están esperando los resultados de una auditoría”, (red Uno). Además del costo y del nuevo esfuerzo institucional “Aún si esta (nulidad) existiera, el convocar a un nuevo proceso electoral llevaría muchos meses, una nueva inscripción de candidatos, una nueva campaña que cuesta entre 120 y 140 millones de bolivianos, sería un gasto innecesario e injustificado de recursos”, registró el sitio web de La Razón con base en un boletín institucional de Justicia.

Pese a lo caldeado de la situación, y al rechazo del principal candidato opositor (Carlos Mesa) de la auditoría, todos los caminos convergen hacia este acto fiscalizador. El desacuerdo de Mesa ciertamente fue “desmentido” por la propia OEA en su último comunicado: “Estos puntos (los detalles de la auditoría) fueron expresados en conversación telefónica con el expresidente Carlos Mesa, quien había expresado su acuerdo respecto a los mismos”.

Al margen de la contienda política, Richter propone el razonamiento práctico: “Para fines del interés del Estado, el único interés que tiene el Estado boliviano, que tienen los movimientos sociales del MAS y los movimientos ciudadanos de CC, el único interés que hay en este minuto es la revisión de las actas y el conteo de los votos. Hoy por hoy, la preocupación está sobre los resultados, para que esto pueda lograr la desmovilización del país, y ese tiene que ser un acuerdo al más alto nivel entre el candidato del MAS y el candidato de CC”. 

HIPÓTESIS. Hay dos hipótesis, dice, “la vía de exacerbar los ánimos para buscar la renuncia del Presidente, la anulación de la elección bajo alguna figura, no se sabe cuál, bajo un acuerdo político, seguramente; y la auditoría. Y desde el análisis político, estoy en condiciones de decir que se va a imponer la auditoría. Porque la otra es insostenible, porque el 2019 no es el 2003; el 2003 Sánchez de Lozada estaba solo, no lo defendía nadie; hoy día Evo Morales tiene una capacidad de movilización, con cultura de movilización mayor que la de los sectores sociales movilizados”.

Además, sea Evo Morales el futuro presidente o sea Carlos Mesa el próximo mandatario —¿por qué no? pues cabe que la segunda vuelta sea el resultado de la auditoría— hay la necesidad de aclarar las cosas ahora. Con la auditoría, “le quitamos el manto de la sospecha, del fraude, de la trampa a nuestro proceso electoral;  para el que sea presidente el siguiente periodo tenga la legitimidad de los votos y pueda gobernar sin inestabilidad”. Cualquier gobierno que nace con el estigma del fraude no tiene futuro, concluye el politólogo.

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