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Comisión de la Verdad; ahora se debate quiénes la conformarán

Las organizaciones de víctimas y familiares de desaparecidos hicieron llegar sus observaciones al Senado, pero esperan que las mismas no retrasen la aprobación de la normativa.

Comisión de la Verdad. Foto: www.diputados.bo

Comisión de la Verdad. Foto: www.diputados.bo

La Razón (Edición Impresa) / Elisa Medrano Cruz / La Paz

12:28 / 19 de diciembre de 2016

Encaminada la constitución de la Comisión de la Verdad, la primera en el país que investigará lo ocurrido en la época de la dictadura, entre el 4 de noviembre de 1964 y el 10 de octubre de 1982, ahora toca definir quiénes la conformarán para garantizar imparcialidad y capacidad profesional, entre otros requisitos; según el proyecto de ley aprobado por la Cámara de Diputados, esa tarea estará en manos del Presidente del Estado, lo que no preocupa a las organizaciones de víctimas y familiares de desaparecidos; lo que sí demandan es que sean ellas y las agrupaciones de derechos humanos las que sugieran los nombres.

Y es que la futura norma no establece quiénes propondrán a estas personalidades, aunque el proyecto inicial presentado por las organizaciones de mártires de la represión y familiares de desaparecidos les daba esa facultad. Otro tema en cuestión está referido a la “reparación integral” que fue cambiaba por “satisfacción”. También intranquiliza que no se establezca “el estricto cumplimiento” de las recomendaciones, tal como fue sugerido. Y de igual manera se observa que no se haya considerado la totalidad de delitos que propusieron.

Es la primera vez que el país tendrá una instancia de estas características, aunque, ya recuperada la democracia en 1982, el expresidente Hernán Siles conformó una Comisión Nacional de Investigación de Ciudadanos Desaparecidos Forzados.  Dicha instancia estableció que durante los gobiernos dictatoriales se produjeron unas 150 de-sapariciones forzadas entre noviembre de 1964 y octubre de 1982; que hubo 50 desaparecidos en Argentina y en Chile. Encontró los restos de 14 personas desparecidas en la dictadura de Hugo Banzer y se estableció que ese régimen fue parte del Plan Cóndor.

Ahora bien, independientemente de que la futura ley faculte al presidente Evo Morales a designar a los cinco integrantes de la Comisión de la Verdad, quienes trabajarán entre dos años y dos años y medio ad honorem, es decir, sin un salario asignado más que el reconocimiento de pasar a la historia como quienes develaron los horrores de la dictadura, la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Mártires por la Liberación Nacional y Social (Asofamd) y la Plataforma de Luchadores Sociales Contra la Impunidad por la Justicia y la Memoria Histórica del Pueblo Boliviano, dos de las organizaciones que elaboraron un proyecto de ley base, coinciden en que deben ser éstas las que los sugieran.

Así lo postula la presidenta de Asofamd, Ruth Llanos: “Vamos a hacer lobby, cabildeo para que los nombres elegidos sean realmente como se había planteado, es decir, personalidades destacadas, idóneas, comprometidas con una sociedad respetuosa de los derechos humanos”.

La secretaria ejecutiva de esa agrupación, Edith Montesinos, apeló a la apertura mostrada por el presidente Morales, quien “a veces escucha a las organizaciones sociales; por ahí también acepta las sugerencias que nosotros vamos a hacer”.

Entretanto, el presidente de la Plataforma de Luchadores Sociales, Julio Llanos, dijo que este punto debe estar claro en la norma, por lo que en las observaciones que se hizo llegar al Senado, su agrupación pide que se cambie la redacción del parágrafo II del artículo 3 para que el nombramiento que haga el Mandatario sea “exclusivamente de los nombres postulados, propuestos por las organizaciones de derechos humanos y por las víctimas”, tal como lo plantearon.

La presidenta de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño, garantizó que las personalidades que el Mandatario “propondrá al país serán personas que van a poner la verdad, la justicia por encima de la impunidad, que generen la confianza en la población de que van a construir de manera responsable, ética y comprometida, con la verdad, su informe final, y eso uno no lo gana a través de un examen técnico, esto uno lo gana con una vida comprometida, con la lucha social, con los derechos humanos, la democracia, etcétera”.

Consultada sobre la posibilidad de que las agrupaciones de derechos humanos, mártires y familiares de desaparecidos sugieran a esas personas, Montaño respondió: “Siempre es posible, en una sociedad democrática como la nuestra, generar opinión en torno a este tipo de temas”.

PERFIL. Llanos dijo que los comisionados deben cumplir los requisitos de idoneidad y compromiso con los derechos humanos porque ello será garantía de su trabajo. Montaño insistió en que el presidente Morales designará a las mejores personas porque “durante toda su vida y toda su historia personal ha sido un defensor de los derechos humanos”. Afirmó que el Jefe del Estado comparte, con las víctimas que defendieron la democracia, la lucha social, por lo que la designación será confiable y no cabe sospecha de parcialidad con los victimarios.

El hecho de que sea el Presidente quien nombre a las cinco personalidades no los hace dependientes de éste, sostuvo Ruth Llanos de Asofamd. Y si bien el artículo 1 del proyecto inicial especificaba que la Comisión es independiente, lo cual fue suprimido en el proyecto aprobado por Diputados, dijo que los miembros de ésta deberán aclarar ese precepto en su reglamento. Empero, no ve riesgos sobre su accionar. “Creemos que va a depender mucho de estas cinco personas, la Comisión y su reglamento, y de la labor que como organizaciones de sociedad civil vamos a realizar para hacer seguimiento a su funcionamiento, a su rendición de cuentas”, expresó.

Y alberga la esperanza de que al no ser una tarea sencilla, es decir, estar sometidos a la presión de escuchar los testimonios, a la prensa y a la sociedad en su conjunto, éstos no aceptarán imposiciones, más bien aseguró que al no recibir remuneración alguna demandarán condiciones para desarrollar su trabajo.

La única dependencia de la Comisión de la Verdad será administrativa, a efectos de rendir cuentas al Ministerio de Justicia sobre el presupuesto que recibirá y así lo prevé la futura normativa en el artículo 4. Y si bien los comisionados no recibirán ninguna retribución económica, sí se dispondrá de recursos para pagar al personal técnico que será contratado para acompañar todo el proceso. El mismo artículo en el parágrafo II precisa que la “Comisión podrá solicitar la contratación de servicios de especialistas en medicina forense, comunicación u otra área específica”.

Por la experiencia en otros países, Ruth Llanos de Asofamd manifestó que será necesario contratar psicólogos, trabajadores sociales, abogados y forenses, entre otros.

La norma garantiza que los comisionados gozarán de inviolabilidad personal y no podrán ser juzgados penalmente por el ejercicio de sus funciones por las acciones asumidas en la investigación.

FINALIDAD. Esta Comisión, según el artículo 2 del proyecto de ley, tendrá, entre otros objetivos, que “investigar y recabar información y documentación que permita establecer indicios de responsabilidad civil y penal de los posibles autores mediatos e inmediatos, intelectuales y materiales, instigadores, cómplices y encubridores en los casos de grave violación de derechos humanos”. Las responsabilidades que vayan a emanar de su labor serán derivadas al Ministerio Público para que se abran los procesos que correspondan.

Entre otros fines sugerirá “el diseño de políticas públicas de prevención y no repetición de violaciones graves a derechos humanos y las medidas de satisfacción a las víctimas”.

Este último objetivo, referido a la satisfacción, preocupa a la Plataforma de Luchadores Sociales. Julio Llanos cuestionó que se haya reemplazado la reparación integral a los mártires, que fue propuesta por ellos.

“La resolución (60147 de Naciones Unidas) dice que se debe hacer conocer la verdad a las víctimas, sancionar a los responsables, dar satisfacción y las garantías de no repetición. Y como está el proyecto solo están tomando una parte de la obligación que tiene el Estado”, señaló.

No obstante, según Ruth Llanos en la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas les explicaron que ese término es mucho más amplio. “Eso no hemos tenido tiempo de revisar (...) Acá decía políticas de reparación, pero van a tener que dar una satisfacción y eso tendrá que discutirse en el reglamento, qué tipo de satisfacción se va a dar”, argumentó.

No lo cree así Julio Llanos y considera que la actual redacción demuestra la falta de voluntad política para cumplir las obligaciones del Estado. ¿Y por qué, según este representante, es importante incorporar el concepto de reparación integral? Porque ello permitirá que no solo la persona afectada pueda ser beneficiada, sino también sus familiares.

“Como ejemplo debe tomarse las reparaciones que se hicieron en Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Brasil, donde han cubierto la deuda que tienen con las víctimas de la violencia política y hoy día gozan de beneficios sociales, de una renta vitalicia, tienen atención médica hasta su tercera generación, atención psicológica, prótesis; aun así la satisfacción no es plena, porque quién va a estar satisfecho de que le hayan quitado a su madre, de que su padre haya de-saparecido”, indicó Julio Llanos.

Igual opinó Victoria López, secretaria general de esa organización, quien afirmó que por más reparación económica que puedan recibir “jamás van a poder subsanar el daño que nos han ocasionado”.

Otro tema en cuestión, según Asofamd, es que las recomendaciones de la Comisión no son de “estricto cumplimiento” como establecía su propuesta; el artículo 13 del proyecto aprobado dice: “Las autoridades y los servidores públicos deberán realizar las acciones necesarias para adoptar las recomendaciones emitidas por la Comisión de la Verdad”. Y su preocupación no es para menos. La presidenta de esa agrupación, Ruth Llanos, recordó que en otros países se hicieron “buenos informes, dieron muy buenas recomendaciones, pero su cumplimiento fue la parte más difícil”. Espera que este punto se incluya en el reglamento.

LÍMITES. Otra de las observaciones está referida al artículo 1, en cuanto a los delitos que serán esclarecidos. Victoria López de la Plataforma informó que propusieron el esclarecimiento de violaciones a los derechos humanos como “persecución política sindical, prisión, detenciones arbitrarias, lesiones e incapacidades calificadas, tortura, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, violencia sexual, exilio, destierro, residenciamiento político, muerte por violencia política y todo hecho de violencia política”. Empero, el proyecto aprobado por Diputados habla de esclarecer “asesinatos, desapariciones forzadas, torturas, detenciones arbitrarias y violencia sexual”.

Precisó que la norma debería considerar todos los hechos que fueron identificados por los mártires y sus familiares, pues su participación en la defensa de la democracia y en la resistencia a la dictadura fue diferente, por lo que el sufrimiento que les ocasionaron también fue distinto.

Esa misma observación la hizo Asofamd. Ruth Llanos expresó que el artículo 1 no debe ser “tan restrictivo” y debe “incluir diversas formas de violaciones graves a los derechos humanos, como la ejecución extrajudicial”. Puso como ejemplo la masacre de la calle Harrington, así como lo ocurrido con los guerrilleros de Teoponte o con las masacres mineras.

Hay otras observaciones, como el hecho de que el proyecto dispone que la desclasificación de archivos de la Policía y las Fuerzas Armadas, entre otros, se hará de acuerdo con reglamentaciones internas de cada entidad, pero Asofamd considera que debe hacerse de manera irrestricta para que ninguna autoridad se ampare en ese precepto para no entregar la documentación requerida.

Según esas organizaciones, Bolivia es el único país en Sudamérica que no conformó una instancia para investigar los hechos de la dictadura. En ese fin  avanzaron Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, Ecuador y Brasil, todos ellos miembros o que colaboraron del Plan Cóndor, una red transnacional que operó en Sudamérica para perseguir a los detractores de los gobiernos militares.

Estas agrupaciones ya remitieron sus observaciones al Senado. Empero, en la Cámara Alta aún no se dio lectura al proyecto remitido por Diputados, por lo que no fue derivado a una comisión, comunicó el senador René Joaquino (MAS). No obstante, explicó que si las observaciones de esas agrupaciones son estructurales y atendibles, pues se incorporarán modificaciones, en cuyo caso el proyecto tendrá que retornar a la Cámara Baja, donde se originó el debate.

Asofamd espera que las observaciones no demoren la aprobación de esa norma, que comenzó a ser trabajada en 2014. “Lo mejor, en nuestros sueños más grandes, hubiera sido que se apruebe tal como estaba la ley que hemos propuesto, pero como la experiencia de otras leyes muestran, la sociedad civil propone y son los legisladores los que discuten y consensúan las distintas posiciones”, consideró Ruth Llanos.

Julio Llanos de la Plataforma asegura que es necesario debatir todos los puntos observados porque “es preferible hacer bien las cosas, aunque nos lleve un tiempo más”.

Y advierte que en caso de que el Senado no considere su solicitud de modificación acudirá a organismos internacionales para que se respeten sus derechos y que la “Comisión de la Verdad realmente dé al pueblo boliviano el derecho de conocer lo que ha ocurrido durante tanto tiempo y por qué se hizo eso”.

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