Animal Político

Entre el Código Penal y el 21F, las agendas de enero

El nuevo año despertó con conflictos sociales irresueltos y una gestión política ‘débil’ para capearlos en la antesala de un periodo electoral.

Salubristas y médicos  protestan poco antes de la llegada de los competidores del Dakar a La Paz. Foto: APG

Salubristas y médicos protestan poco antes de la llegada de los competidores del Dakar a La Paz. Foto: APG

La Razón (Edición Impresa) / Mauricio Quiroz / La Paz

04:22 / 17 de enero de 2018

El mismo 23 de enero, cuando el presidente Evo Morales administre juramento al equipo de ministros que le acompañará por el resto del año, se podrá saber cómo se ha leído en el Palacio Quemado la reciente retahíla de conflictos sociales, marcada por una prolongada huelga de los médicos del país por efecto del rechazo al Código del Sistema Penal. Ese día también se tendrá una aproximación del enfoque político con el que el Gobierno enfrentará la gestión pública en los siguientes meses, un periodo que tendrá los rasgos de ser prematuramente preelectoral, ya con miras a los comicios de diciembre de 2019.

De acuerdo con la evaluación de expertos en el análisis político, el clima se agitó desde el momento en el que el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) habilitó a Morales —y al resto de las autoridades elegidas por voto— como candidato a la reelección sin los límites legales que establece la Carta Magna. La decisión tomó como base el Pacto de San José, un instrumento legal internacional que está avalado por la arquitectura normativa y constitucional del país, aunque en contrapartida también están presentes los resultado del referéndum del 21 de febrero de 2016 (21F), que le negaron al Jefe del Estado la posibilidad de postularse en las elecciones de 2019.

“Más allá de los intereses de cada uno de los actores, lo que sí es innegable es que ante cualquier situación de conflictividad estará presente un escenario contaminado tanto por los sectores que defienden los resultados del 21F como por quienes avalan la decisión del TCP, que aceleró los tiempos políticos y está electoralizando las agendas de política pública prematuramente”, afirmó el experto en temas electorales Armando Ortuño, en una conversación con Animal Político.

El profesional señaló que a partir del fallo del Constitucional, cualquier tema  será susceptible de ser conflictivo y atravesado por las percepciones —positivas y negativas— de una eventual reelección del Presidente, sea sobre las bases legales que reclaman los defensores del 21F o los que proclaman la vigencia del polémico fallo del TCP del 29 de noviembre de 2017 que lo habilita.

“En el caso del conflicto médico y otros, por supuesto, hay un tema de fondo, pero una parte de las discusiones tiene que ver con gente que toma posiciones a favor del Gobierno y otra que está muy en contra, más allá de la naturaleza del tema. En este escenario siempre es difícil discutir el fondo de los temas”, puntualizó Ortuño, luego de sustentar su apreciación con el resultado de las elecciones judiciales del 3 de diciembre, cuando el voto nulo y blanco se impuso sobre los sufragios válidos para elegir.

Después de 11 meses de debate en la Asamblea Legislativa, el Órgano Ejecutivo promulgó, a mediados de diciembre del pasado año, el Código del Sistema Penal que agrupa y centraliza en un solo cuerpo a cerca de 700 artículos. La norma, de acuerdo con la presidenta de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño, tiene la virtud de privilegiar la oralidad en contra de la llamada chicana jurídica que provoca retardación de los estados judiciales. Durante el cabildeo surgieron observaciones de parte de las organizaciones civiles que rechazaron la ampliación de las causales de aborto, del gremio periodístico, que pidió respetar la Ley de Imprenta, y de los médicos, que rechazaron los apartados que sancionan la mala praxis.

A pesar de acuerdos preliminares alcanzados entre los médicos y el Legislativo, la última semana de noviembre comenzó una huelga de este sector que se prolongó durante casi 50 días; el conflicto que comenzó siendo sectorial mutó para convertirse en “nacional y político”, consideró el sociólogo Jorge Komadina en un contacto con este suplemento.

El experto consideró que la gestión gubernamental de estas protestas “no ha sido la más óptima”. “Lo que ahora influye en el conflicto son posturas antagónicas resultantes del fallo del Tribunal Constitucional (...). Estamos ante una polarización”, remarcó, luego de precisar que si bien hay un componente político en la conflictividad de enero, aún no existe un clima electoral desde los partidos políticos. Reconoció, en este marco, que otros actores sociales están inmersos en este escenario antagónico. “De todas maneras, el Código Penal quedará como un problema de futuro y le va a dar a sectores de la oposición y contrarios al Gobierno una plataforma de movilizaciones futuras”, apostilló.

Montaño y el presidente de la Cámara de Senadores, José Alberto Gonzales, gestionaron desde el Legislativo negociaciones con varios sectores, tanto en momentos en los que la normativa se debatía, como cuando estallaron las protestas, a las que se sumaron algunos camioneros del transporte pesado, los cocaleros de los Yungas y las iglesias. El Gobierno, que pidió al Legislativo la derogación de los artículos 205 y 137 del Código Penal luego de 40 días de huelga de los médicos, ofreció al gremio de la prensa una ley interpretativa de manera que se respete la jurisdicción sobre los llamados delitos de imprenta, actualmente vigentes. El sector rechazó la propuesta y pide ajustes mayores.

“Son otros los intereses que guían a la dirigencia médica que, aliada con los sectores de la oposición, intentan llevar adelante una conspiración política y antidemocrática”, afirmó Evo Morales al comenzar la pasada semana, pero para el viernes reconoció la falta de “una socialización” de la nueva normativa que sirvió para unir a varios sectores en protestas sociales dispersas pero articuladas en los tiempos previos a la llegada a La Paz de los competidores del rally Dakar, un evento deportivo que cuenta con un respaldo muy potente de parte del Gobierno.

Dakar. El rally Dakar dejó La Paz  ayer para continuar por Uyuni y luego a Argentina, donde prevé terminar en unos cinco días. Pero, la llegada de la competencia a la ciudad sede de gobierno fue accidentada el jueves. Salubristas y médicos, además de otros activistas, protagonizaron un bloqueo y hubo choques contra la Policía. Pocas horas después, el competidor de cuadriciclos Leonardo Martínez le pidió a Morales “respetar la Constitución” y los resultados del 21F.

“Nos han recomendado que entablemos diálogo con la oposición y explicarles que no es un tema político, es deportivo de imagen del Dakar sin intereses particulares o sectoriales que puedan perjudicar y nos preguntan”, reveló el viceministro de Transportes, Galo Bonifaz.

Gabinete. “Se va a generar a lo largo de este año varios cuestionamientos al Gobierno con relación a todo tipo de temas y de problemas que van a confluir en un discurso antigubernamental, porque se considera que el Ejecutivo rompió la norma constitucional (...). Este es un tema que está sobredeterminando la coyuntura política que ya tuvo una influencia negativa en la elección judicial”, puntualizó Komadina, quien proyectó un grado de conflictividad incluso más allá de 2019.

Tras los fastos del 22 de enero, el día del Estado Plurinacional, se prevé un cambio de ministros. ¿Cómo estará armado el equipo de colaboradores del Palacio Quemado? Armando Ortuño vaticina un equipo mucho más político y no solamente sectorial. De hecho, la idea —sostiene el experto— tiene que ver con un manejo “cuidadoso” de los conflictos de manera que no afecte el desarrollo de eventos como el reciente Dakar.

“La confrontación oficialismo y oposición no se puede resolver y se necesita gente que entienda eso”, añadió luego Ortuño.

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