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Bolivia vive una cultura antidemocrática

El autor asegura que la gente ejerce su derecho a la libertad de expresión  cuando expresa posturas opuestas a las decisiones del Gobierno.

Bolivia vive una cultura antidemocrática.

Bolivia vive una cultura antidemocrática.

La Razón (Edición Impresa) / Waldo Albarracín

04:39 / 17 de enero de 2018

La Declaración Universal de Derechos Humanos, proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1948, establece como un derecho humano fundamental que todo individuo tenga derecho a la libertad de opinión y de expresión. Esto incluye el hecho de no ser molestado por emitir opiniones, investigar y recibir información, además del derecho a la difusión de ideas sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión.

Incluso en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, aprobada en 1789, se dispone que ningún ser humano deba ser molestado por razón de sus opiniones ni por sus ideas religiosas siempre que al manifestarlas no se causen trastornos del orden público.

El documento señala que la libre comunicación de los pensamientos y opiniones es uno de los más valiosos derechos del ser humano. Todo ciudadano puede hablar, escribir y publicar libremente, excepto cuando deba responder por el abuso de esta libertad en los casos definidos por la ley.

Este principio, además, está contemplado en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, promulgado en 1966, así como en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, entre otros.

No puede haber libertad de pensamiento sin libertad de expresión, o viceversa, por lo que son derechos que tienen que ver con la libertad del ser humano.

En esa línea, en el periodo en el que se ha violado esta libertad de pensamiento y expresión de manera grosera y contundente eran en las dictaduras militares de René Barrientos, Hugo Banzer, Alberto Natusch Busch, Luis García Meza y otros.

Sin embargo, cuando en octubre de 1982 Bolivia retornó a la democracia producto de que la Constitución Política del Estado (CPE) recuperó su condición de norma suprema la libertad de pensamiento y de expresión entró en vigencia plena por encima de cualquier otra norma.

En esa línea, cuando los jóvenes o ciudadanos en el marco de ese derecho y como una expresión de resistencia, que es una virtud y no un defecto, critican los errores de las autoridades o expresan su oposición a sus decisiones están ejerciendo su derecho a la libertad de expresión y de pensamiento. Ante esto, lo que deben hacer las autoridades es analizar las críticas de la sociedad civil y efectuar correcciones pero si no lo quiere hacer deben respetar su punto de vista debido a que es una expresión que es parte de la democracia.

No obstante, lo que no se puede realizar es censurar o adoptar acciones represivas contra ese ciudadano asumiendo acciones penales u otras, ni criminalizar y menos menospreciar esa forma de pensar ni vincularla con los partidos opositores.

Por tal razón, las autoridades requieren madurez política lo que significa tener la capacidad, la sensibilidad y la tolerancia para escuchar un conjunto de opiniones que pueden emitirse de forma pública y que interpelen la actuación del Gobierno.

Haciendo una evaluación de la situación del país se ve que las autoridades del Ejecutivo y los miembros del partido, influenciados por sus principales líderes, han ingresado en un “peligroso escenario de intolerancia democrática” y de “autoconvencimiento” de que no hay mejor gestión en Bolivia que la de Evo Morales.

Y para ellos la historia del país comienza en 2006 y todo lo anterior no tiene representación y lo desprecian. Por esto no analizan los pros y contras de su gestión y cuando la gente hace conocer que hay asignaturas pendientes no lo ven como una crítica constructiva sino como algo destructivo y lo consideran su enemigo.

En este escenario, se puede ver que estamos viviendo un “peligroso periodo de cultura antidemocrática”, indefensión ciudadana y una exposición de los derechos humanos con un alto grado de vulnerabilidad ya que mientras el pueblo pide democracia las autoridades del Ejecutivo restringen el acceso a ese sistema.

Este fenómeno negativo se consolida con una total ausencia de poderes que es la base de la democracia.

Vivimos una etapa donde no se respeta las normas, como la Constitución, sino las decisiones políticas pese a que el propio Ejecutivo impulsó su aprobación y una muestra de ello es el fallo que habilita a Morales a una nueva repostulación.

Frente a esto, la ciudadanía debe exigir que se restituya los principios democráticos y debe organizarse pacíficamente para demostrar que hay todo un pueblo que no está de acuerdo con la forma de comportamiento del Gobierno porque es el causante del deterioro de la democracia por las decisiones que asume, las cuales ya no están en función del país sino de su perpetración del poder y de que no hay ningún grado de interpelación a ese poder.

  • Waldo Albarracín es rector de la UMSA y activista

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