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El Bolivia cambia no responde a políticas prioritarias

Este mes se cumplen 10 años del programa Bolivia cambia (la Upre, su entidad gestora nació el 4 de abril de 2007); hasta la fecha, mediante este programa presidencial, se ha invertido nada menos que 1.790 millones de dólares. Uno de los rasgos de la gestión es la contratación directa. Para el senador Óscar Ortiz, este es el verdadero talón de  Aquiles del emblemático programa.

Óscar Ortiz

Óscar Ortiz Foto: Ángel Illanes-archivo

La Razón (Edición Impresa) / Iván Bustillos Zamorano es periodista

00:00 / 16 de abril de 2017

Este mes se conmemora una década de la creación de la Unidad de Proyectos Especiales (Upre) —constituida mediante Decreto Supremo 29091, el 4 de abril de 2007—, entidad gestora del programa Bolivia cambia, Evo cumple. 10 años de una de las políticas más emblemáticas del gobierno del presidente Evo Morales, que primero funcionó con recursos de la cooperación externa, principalmente venezolana, y luego se financió con fondos provenientes del Tesoro General de la Nación (TGN). Según el Informe Presidencial del 22 de enero de 2017, hasta esa fecha el programa llegó a realizar 7.245 proyectos por un total de 12.460.504.775 bolivianos, es decir 1.790.302.410 dólares. En febrero, el senador de Unidad Demócrata (UD) Óscar Ortiz publicó un Informe de Fiscalización del Programa entre 2011 y 2015, que sobre todo objeta el modelo de gestión (a su entender “discrecional y arbitrario”, además de poco eficiente).

— Lo primero que se observa en su trabajo es lo pequeño de su muestra: 606 proyectos, cuando en el último informe del Presidente él habló de 7.245 proyectos; lo suyo es más o menos el 8%. ¿Esto no le quita contundencia a su informe?

— Primero, este es un informe de fiscalización; nosotros buscamos un periodo que es de 2011 a 2015, son cinco años; esta fiscalización se la hizo en 2016. Hace pocos días hemos presentado un requerimiento de informe similar para la gestión 2016. Segundo, hay que destacar que aquí hemos recibido información de tres ministerios, y toda la información está basada en las respuestas que nos dieron esos ministerios: de la Presidencia, de Planificación y de Economía. ¿Cuál ha sido el dato, la muestra? Hay un hecho concreto: lo que nos ha informado el Ministerio de la Presidencia en detalle son estos 606 proyectos, que nosotros entendemos son aquellos que ejecutó directamente este ministerio, porque existen otros proyectos que se están haciendo a través de los municipios.

— ¿Por qué este periodo, 2011 a 2015, y no otro?

— Nosotros hemos limitado los periodos. El programa, en el primer periodo del presidente Morales, manejó mucho menos recursos de fuente nacional; cuando vemos el primer año, 2011, solo tenía presupuestado algo así como 213 millones (de bolivianos); y eso llega (ahora) a 3.000 (millones); justamente esa fue una de las cosas que nos llamó la atención: que en este segundo periodo del presidente Morales, de 2010 a 2014 —nosotros estudiamos un año más—, es cuando el programa llega a recibir la mayor cantidad de recursos; por eso es que agarramos estos cinco años. Además, creemos que esto comprueba una de nuestras tesis: que este programa ha sido un instrumento electoral; según los datos, es en los años electorales, principalmente 2014 y 2015, que el programa supera los 3.000 millones de bolivianos.

— Llama la atención la baja ejecución del presupuesto, y en todos los años (ver cuadro).

— Sí. Bolivia cambia es un buen ejemplo de cómo el sistema de contrataciones directas tampoco es la solución. El Presidente siempre dice que para agilizar se hacen contrataciones directas, porque las licitaciones perjudican mucho. Cuando vemos el presupuesto ejecutado, en el conjunto, es muy bajo, casi la mitad de lo que llegaron a recibir de presupuesto. Una entidad que ha recibido decreto tras decreto, prácticamente eximiéndola de los distintos procedimientos del sector público para la administración de recursos, llegó a ejecutar menos del 50%. Eso muestra que este modelo de gestión en el nivel central no es la solución, ni para agilizar ni para la transparencia, que se pierde por completo.

Espere…

— ¿Indagaron la causa de esto?

— Todo esto llama la atención por dos motivos. Primero: los proyectos Bolivia cambia no son aquellos que vayan a solucionar de forma estructural los problemas de pobreza. Nuestra crítica es que hacen cosas que no es que sean malas en sí, promover el deporte no es malo, pero habría que preguntarse si en ciertas comunidades es más necesario un coliseo o un hospital; y aquí enfatizamos: se ha gastado tres veces más en canchas y coliseos que en hospitales; ahora, siendo obras de corto alcance, de fácil construcción, canchas, tinglados de mercado, reparaciones de escuelas, ¿por qué aún tenemos un monto tan alto de proyectos en ejecución?, son proyectos inconclusos. En suma, son más de 842 millones en ejecución; ¿qué son? ¿Obras que no se han terminado, que no se han entregado, que están mal hechas?

— Ahora, siempre se dijo que con esto se hace más operativa la inversión, que la licitación es pesada, que dura varios meses.

— Pero no ha funcionado. No están logrando la eficiencia, la agilidad y no están logrando incidir en resolver los problemas de fondo. Por ejemplo, ¿es correcto que entre los 606 proyectos que nosotros identificamos se hayan destinado 140 millones a sedes sindicales? Son 20 millones de dólares. Aquí lo que debe estar en cuestión es cuál es el orden de prioridades, del Presidente y de su gobierno. Para mí está claro, y eso es la definición de “populismo”, su prioridad es el poder, seguir en el poder a como dé lugar, y eso depende de la popularidad; los recursos públicos, entonces, solo tienen una función: asegurar la popularidad para perpetuar en el poder a quienes gobiernan. Dos ejemplos: de estos 2.700 millones de bolivianos, solo 19 millones fueron a desarrollo productivo, divida y es cero por ciento; es decir, no está en mente el tema del desarrollo productivo, porque esto requiere tiempo. Otro: cuando hubo la discusión del presupuesto, buscamos cuántos proyectos de agua había financiado la Upre, poco más de 12 millones de bolivianos. La crítica de fondo es que ésta es una muestra de cómo se dilapidan recursos públicos, no porque sean cosas malas en sí, sino porque no responden a políticas públicas que prioricen adecuadamente la atención de las verdaderas necesidades de la gente.

— Solo para contrastar lo que dice: en el informe de 2017 del Presidente, de ocho sectores que se financiaron (ver cuadro), los proyectos productivos están en cuarto lugar, después de educación, deporte e infraestructura social. Otra vez: ¿lo pequeño de la muestra no le resta solidez a su informe?

— No, porque está claro que este informe no está evaluando la política del Gobierno en su conjunto, está evaluando el programa Bolivia cambia. No hay que engañarse por el número de proyectos, sino (ver) el monto.

— Presumo que lo primero que le van a cuestionar es eso, lo reducido de su muestra.

— Hasta ahora no han refutado nada porque está basado en sus datos. Le voy a responder con otro caso, el Fondo Indígena; también podríamos decir que se financiaron mil y tantos proyectos, ¿dónde están los resultados? Debemos empezar a evaluar las políticas públicas por resultados. Usted me dice: ‘Hubo 7.000 millones en desarrollo productivo’ (NdE: fueron 1.278 millones), y yo le pregunto: “¿Qué de nuevo estamos produciendo?”.

— Ahora se invirtió en escuelas, canchas, saneamiento básico, proyectos productivos; obras de desarrollo local pequeñas, es cierto, pero acaso importantes en el lugar; no se verán grandes emprendimientos, como cultivo extensivo de quinua, pero tal vez sí son obras que han solucionado problemas urgentes, cotidianos.

— Es que no hay esos proyectos.

— O no se han evaluado…

— No. Lo que tenemos —y este informe trata de ser muy objetivo para que no sea refutado, y por eso no ha sido refutado— son los datos tal cual los exponemos: cinco años, de 2011 a  2015, pero que son una súper muestra, y en detalle 2.700 millones de los 4.500 desembolsados. Eso ya no se puede llamar muestra, es mucho más. No tenemos la información, y estamos insistiendo, de lo que han ejecutado a través de los municipios; no tenemos la ejecución de los otros 2.000 millones porque no nos dieron el detalle; insistimos todo un año.

— En las recomendaciones del informe se demanda una revisión in situ de las obras; esta es una importante cuestión pendiente.

— Envié el informe al Contralor pidiendo una auditoría especial porque todo fue manejado con contratación directa; aquí ponemos hasta los nombres de las empresas, lo que nos proporcionó el Ministerio de la Presidencia. ¿Cuánto realmente podemos estar seguros de que esas empresas le dieron al Estado los mejores precios o la mejor calidad, si no hay competencia, si no hay una transparencia? Obviamente no tenemos las condiciones porque no tenemos el equipo técnico para ir a visitar todos los proyectos y ver cómo están.

— Pero esta es una de las acciones que deberían hacerse…

— Por eso le estamos pidiendo a la Contraloría que lo haga.

— Observan mucho cómo la Upre modifica su presupuesto.

— Pasa que el Ministerio de Economía se ha acostumbrado a aprobar normas del presupuesto en las que pone una serie de artículos por los cuales se relajan todas las normas públicas y para ello sacan decretos. La aprobación del presupuesto es una prerrogativa de la Asamblea, solo se debe hacer por ley. Una gobernación o un municipio, que son producto del voto y tienen gobierno autónomo, no pueden hacer una modificación presupuestaria, deben seguir un trámite ante el nivel central; en cambio, por las disposiciones que han ido aprobando, primero, constantemente dan presupuesto adicional a la Upre, por eso es que comienza con 300 millones y termina con 3.000; y, segundo, hacen modificaciones, presentan un presupuesto y después sacan decretos que a nuestro entender violan la Ley de Administración Presupuestaria y la Constitución, deberían esperar la ley del presupuesto reformulado para hacer cambios.

— Otro tema que el informe insiste es en la transferencia de recursos a lo que llama particulares.

— Es cuestionable, y a medida que fuimos observando este hecho fueron incluyendo en el presupuesto artículos para respaldarse. Es cuestionable la transferencia tan abierta de recursos públicos a particulares; no porque no se pueda hacer, porque se puede apoyar a deportistas bajo ciertas condiciones, pero lo que no es correcto es, por ejemplo, que el Presidente haga transferencia a sindicatos que son de su militancia o afinidad para construir sus sedes sindicales, porque son particulares; eso no necesariamente responde al interés público; son un sector, no son del interés general para lo cual debería trabajar el sector público. Eso es discrecional, porque le dan amplia libertad; y es arbitrario porque depende de la decisión que pueda tomar la autoridad, sin seguir ninguna norma.

Perfil

Nombre: Óscar Miguel Ortiz Antelo

Nació: 28 de septiembre de 1969

Ocupación: Senador del Estado

Vida

Administrador de Empresas en la Universidad Privada de Santa Cruz (UPSA), descolló en la actividad empresarial trabajando en la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo (Cainco). Fue elegido senador por Podemos para la legislatura 2006-2011; fue presidente de la Cámara de Senadores  entre 2008 y 2009. En 2010 fue parte de la Gobernación de Santa Cruz como secretario de Coordinación Institucional. Miembro del Movimiento Demócrata Social, volvió al Senado por Unidad Demócrata para la legislatura 2015-2020.

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