Animal Político

Balance del trabajo de la asamblea

Entre enero de 2015 y junio de 2018 la Asamblea Legislativa Plurinacional aprobó 409 leyes.

La Razón (Edición Impresa) / Jimena Costa Benavides es diputada nacional

07:00 / 25 de julio de 2018

Estamos en receso, lo que me permite poner en papel el balance del trabajo legislativo, sus resultados y sus costos. Tomando los datos de la página oficial de la Vicepresidencia del Estado, se constata que en el periodo de enero de 2015 a junio de 2018 —desde que soy diputada— se han aprobado 409 leyes, que pueden agruparse del siguiente modo: en primer lugar están las leyes de transferencia o enajenación de terrenos o bienes de una entidad estatal a otra (91), es decir que, por ejemplo, cada vez que un municipio deriva un terreno o un escritorio de metal y una silla giratoria a la Policía Nacional, se requiere una ley nacional. ¡Ese es el grado de descentralización y autonomía que existe!

En segundo lugar, están los contratos de préstamo o financiamiento (71), es decir, las leyes que aprueban el incremento de la deuda externa. Hace un par de meses ya presenté un estudio de los 174 contratos de deuda de los tres periodos de Evo Morales (2006-2018), cuyo monto asciende a $us 12.495.601.956,64, a los que debe sumarse la deuda que heredaron y no fue condonada, además de la deuda interna.

En tercer lugar están las leyes declaratorias de patrimonio cultural (59), patrimonio histórico o prioridad nacional, que en general son “saludos a la bandera”, ya que el Estado no promueve las condiciones mínimas para proteger el patrimonio      —miren nomás la destrucción de la plaza Murillo—, ni incrementa recursos cuando “prioriza” una acción; son más bien leyes que [email protected] [email protected] promueven para “quedar bien” con sus circunscripciones y regiones.

Las demás leyes y en orden de prioridad son: lo que denomino leyes específicas (45) (como la de abrogación del Código del Sistema Penal, la institución de la condecoración Ernesto Guevara de la Serna ‘El Che’, la del fortalecimiento de la lucha contra el contrabando, la de inserción laboral y ayuda económica para personas con discapacidad; la que modifica el monto de la Renta Dignidad, entre otras); acuerdos y convenios internacionales (33); leyes modificatorias de normas ya vigentes (29); contratos de explotación y exploración hidrocarburífera (28); decisiones administrativas (14); contratos mineros (13); leyes vinculadas a las entidades territoriales autónomas (10); vivienda (7); agropecuaria (5); materia electoral (3) y hay una ley en blanco (la Ley 969). El gráfico adjunto muestra el detalle.

Cada sesión en la que se trata una ley para “enajenar” un bien de un municipio a favor de otro, pienso cuánto le cuesta al país cada una de esas leyes; así que decidí hacer el cálculo. Tomé como fuente al SIGEP del Viceministerio de Presupuestos y Contabilidad Fiscal, del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. El cuadro adjunto muestra el presupuesto total de la Asamblea (Bs 1.501.341.496).

Espere…

En este artículo no analizo los proyectos de inversión como el nuevo edificio —será en otra oportunidad—, así que me concentro en el presupuesto para gastos (Bs 955.044.219) —lo que cuesta que 166 diputados y senadores titulares, más sus 166 suplentes y los funcionarios que requieren, “legislen”—, al cual le resto la mitad del presupuesto de gastos de 2018, que aún no se ha ejecutado, lo que deja una cifra final de Bs 814.554.198, que expresa lo que le costaron esas 409 leyes al país. Esto implica que aunque unas sean más importantes que otras, en promedio, cada ley cuesta Bs 1.991.575,06; y si bien no se trata de cantidad sino de calidad, igual resulta que las leyes son muy costosas y, para colmo, existen algunos colegas (oficialistas y opositores) que no vienen a trabajar las tres semanas que debemos estar en La Paz (una semana obligatoriamente se habilita al suplente), y apenas llegan a la sede de gobierno dos o tres días al mes, usando hábilmente las cuatro licencias mensuales que tenemos, presentándolas solo los días en que se sesiona.

Como “rendición de cuentas” ante la ciudadanía de lo que hacemos los asambleístas, las listas de asistencia, licencias, bajas médicas y faltas deben publicarse mensualmente. Así lo vengo exigiendo hace muchos meses. Sería bueno que lo exijan también ustedes. No necesito hacer más comentarios. Las cifras y los resultados de la gestión legislativa hablan por sí mismos.

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