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Administrar la crisis venezolana en la OEA es un reto para Bolivia

Todavía está pendiente la solución a la crisis en Venezuela y las decisiones asumidas por el Consejo Permanente el 3 de abril, entre las que están la convocatoria a una reunión de cancilleres.

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La Razón (Edición Impresa) / Elisa Medrano Cruz es periodista

00:00 / 16 de abril de 2017

Tras ocho años, Bolivia asumió la presidencia del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) en una coyuntura compleja: su principal aliado, Venezuela, es cuestionado por una parte de los Estados miembro dada la crisis desatada en ese país; y a ello se suma, precisamente derivado del conflicto venezolano, la profundización de la división del organismo, según alertan diplomáticos y expertos en derecho internacional. ¿Cómo encarar este escenario? ¿Qué puede o no hacer el país desde la presidencia del Consejo durante los tres meses en que asume la titularidad?

La situación se exacerbó el lunes 3 de abril, fecha en que un grupo de Estados —que el viernes 31 de marzo habían solicitado una sesión extraordinaria— instaló la junta al margen de Bolivia, que la preside oficialmente desde el 1 de abril y cuyo titular, el embajador boliviano Diego Pary, la había suspendido. Los embajadores presentes (12, a los que luego se sumaron 7, de un total de 20 solicitantes) instalaron la sesión y, pese a los reclamos de Bolivia, Nicaragua y Venezuela, emitieron una resolución declarando que en Venezuela existe una “alteración inconstitucional del orden democrático”, debido a la decisión del Tribunal de Justicia de suspender los poderes de la Asamblea Nacional.

Sesión. El argumento del Gobierno boliviano para suspender el encuentro fue que la convocatoria era inconsulta, que no se entregó la información correspondiente y que necesitaba coordinar la cita. “Bolivia en ningún momento se negó a desarrollar la sesión”, afirmó Pary. Y similar criterio expuso el canciller Fernando Huanacuni: “Bolivia jamás se negó y no se negará a atender una solicitud de los Estados, en aplicación de la normativa vigente”.

Aquí la primera interrogante. ¿Podía el diplomático boliviano suspender la convocatoria? No. Es la respuesta coincidente de los embajadores de carrera Jorge Gumucio (también exvicecanciller) y Marcelo Ostria (expresidente del Consejo Permanente de la OEA entre abril y julio de 2000), así como de los analistas en materia internacional Karen Longaric y Andrés Guzmán.

Gumucio puntualiza que cuando un país preside el Consejo Permanente “siempre se respeta el deseo de la mayor parte de los Estados miembro”, en este caso 20 países, y precisa que este órgano puede “convocar a una reunión, cancelarla o postergarla”. Sin embargo, para suspenderla, Bolivia debió consultar y en función de la posición mayoritaria, decidir. Pero en esas naciones, no había la disposición de postergar el encuentro y por ello decidieron llevarlo adelante, explica a su vez Ostria. Y como la determinación de los países era proseguir, complementa Guzmán, bastaba con que se tenga el quórum respectivo, un tercio de 34 que conforman el bloque, o sea, 12 Estados; y en la sala habían 21.

El artículo 37, inciso b) del Reglamento del Consejo establece que se celebrarán sesiones extraordinarias a pedido de cualquier representante.

Longaric añade que, por esa norma, Pary estaba obligado a instalar la sesión y que en la misma recién podía presentar una moción para postergarla, siempre y cuando tuviera respaldo. “Bajo ningún concepto podía suspenderla sin previa consulta y consenso mayoritario”, sostiene porque ello implica un “desacato a la voluntad mayoritaria de los países miembro”.

El artículo 8, inciso a) sobre las atribuciones del Presidente dice: “Convocará a las sesiones, las abrirá y levantará, dirigirá los debates, concederá el uso de la palabra...”. No establece si puede o no cancelar una cita cuando ya fue agendada.El citado reglamento se refiere a la suspensión o levantamiento de la sesión en el artículo 53, que establece: “Durante la discusión de cualquier asunto, el Presidente o cualquier representante pueden proponer que se suspenda o se levante la sesión”, y precisa que esa propuesta se someterá a votación y se adoptará por dos tercios de los presentes. Según Gumucio, una reunión se cancela cuando no hay opciones de lograr una solución al tema en cuestión, en cuyo caso se debe buscar acuerdos bajo la mesa. Y lo que no puede hacer el país, enfatiza Guzmán, es imponer una decisión, como pretendió el lunes. “Ahí cometió un error porque trató de hacer algo que iba en contra de la voluntad de los demás países”, asevera.Resolución. Bajo ese análisis, ¿es legal la resolución adoptada el 3 de abril y qué debe hacer Bolivia con ella? Sí, es legal, coinciden los expertos, en referencia a la determinación de realizar “las gestiones diplomáticas adicionales para fomentar la normalización de la institucionalidad democrática (en Venezuela)... incluyendo la convocatoria de una reunión de nivel ministerial”. Por ello, también concuerdan en que Pary, que ya asumió la presidencia plena el 5 de abril, debe cumplir ese mandato.

Pero el embajador sostiene lo contrario: “(Fue) un (encuentro del) Consejo Permanente que ha tomado decisiones de manera ilegal, que no tiene ninguna validez y, por tanto, queda totalmente nulo”.

“No se puede retroceder en esta decisión por más que la reunión no haya sido presidida por el embajador titular, esto ya está consagrado, la resolución es válida, salvo que haya una mayoría, que no veo, que esté a favor de retroceder en esta decisión”, afirma Ostria. Según el artículo 59 del reglamento, se requiere de dos tercios de los miembros para que reconsideren sus resoluciones.

Gumucio complementa que Bolivia no puede negarse al pedido de convocar a una Reunión de Cancilleres. No obstante, añade, como el diplomático boliviano ya no es un interlocutor válido a raíz de lo que aconteció el lunes, la cita puede ser agendada por esos Estados o en su caso por el Secretario General.

Consensos. Longaric precisa que el embajador boliviano no puede desconocer las decisiones que adoptó el Consejo. “Eso es un contrasentido. El señor Pary debe acatar los consensos”. Y es que en este organismo internacional, coinciden los expertos, prima el consenso y el respeto a la mayoría. No como en la Organización de Naciones Unidas (ONU) donde cinco países tienen derecho a veto, es decir, a frenar cualquier decisión asumida. “No puede vetar porque no tiene mayor investidura que los demás”, expresa Ostria, criterio con el que concuerda Gumucio.

Como todas las decisiones se toman por consenso, Guzmán dice que Bolivia no puede imponer su posición, por lo que los países pueden seguir actuando al margen de él. “Bolivia no puede imponer, por más que esté en la presidencia, no se trata de decidir, sino de llegar a acuerdos. El estar en la presidencia le da una posición influyente, por lo que puede gestionar y mover las cosas mucho más a su favor, pero sin imponer ni decir ‘esto se hace así’, no es ése el espíritu que tiene el Consejo Permanente”.

No obstante, Bolivia insiste en que la determinación adoptada el 3 de abril no es válida. Y es que para instalarla, los embajadores delegaron la presidencia al representante diplomático hondureño, bajo el alegato de que ni el presidente titular ni el vicepresidente estaban en sala, por lo que la conducción correspondía al más antiguo de los presentes.

¿Qué establece al respecto el reglamento del Consejo? El artículo 6 dice: “En caso de ausencia temporal o de impedimento del presidente, lo sustituirá el vicepresidente, y en caso de ausencia temporal o de impedimento de ambos ejercerá la presidencia el representante titular más antiguo”. Sin embargo, Pary afirma que nada de ello se cumplió porque él sí se encontraba en la sede de la OEA, además —asegura— él es el representante diplomático con más antigüedad.

En este punto, los expertos concuerdan en que la actuación de los diplomáticos siguió procedimientos porque el presidente y el vicepresidente debieron estar en sala. “El problema es estar en la sala de reuniones para presidir”, puntualiza Ostria.

Durante la sesión ordinaria del miércoles 5 de abril, que fue presidida por el jefe de la misión diplomática boliviana en la OEA, el canciller Huanacuni reiteró que la reunión extraordinaria fue instalada de manera ilegal porque faltó un número considerable de países: “Solamente participaron 21 países de 34, al parecer la opinión de los 13 países restantes no cuenta”.

Futuro. No obstante que Bolivia asumió la presidencia, el problema persiste y expone a la OEA en una crisis sin precedentes pues, según los expertos, es evidente su división en función del sistema político imperante en la región, lo que va más allá de la tradicional fragmentación de países de izquierda respecto a los de derecha.

En criterio de Ostria, esa segmentación se expresa en que hay una minoría a favor de Venezuela y una mayoría con una posición más allá de la visión doctrinada y que más bien se mueve por el “respeto a la institucionalidad democrática de cada uno de los países”. Pero lo peor, agrega, es que el problema por el cual se reunió el Consejo Permanente en sesión extraordinaria (es decir la crisis venezolana) aún no fue resuelto, por lo que queda mucha tela que cortar y el peso recae, precisamente, sobre Bolivia.

Gumucio recuerda que en el pasado Venezuela tenía mayor gravitación y podía influir en una buena parte de los Estados. Igual opina Guzmán, quien considera que esa influencia estaba marcada entre los países del Caribe, a través de Petrocaribe.

“La situación se pone complicada para los países que son una minoría muy reducida, pero el principal implicado es Bolivia”, dice Ostria. Citar a la reunión de cancilleres y dar curso o no al mandato de la resolución aprobada a inicios de semana está ahora en sus manos.

Para Huanacuni está claro que “no se necesita una organización que divida a los países y que los confronte”. Lo que se requiere, dijo, es “un diálogo honesto, sincero, respetuoso y transparente, no solo para el público y los medios, sino para entendernos y escucharnos entre los países”.

Bolivia debe llevarse bien por el juicio en La Haya

El analista en materia internacional Andrés Guzmán considera que las autoridades nacionales debieran velar por el interés de Bolivia más que por el de Venezuela, y llevarse bien con todos países que integran la Organización de Estados Americanos (OEA) porque en determinado momento necesitará de ellos en caso de que el juicio por el mar resulte a favor de los bolivianos.

“Los intereses de Bolivia tienen que estar asociados al tema marítimo, a nuestra máxima prioridad de política exterior que es la recuperación del mar y viendo el escenario post Haya, que puede ser que se inicie la negociación con Chile, en ese momento necesitaremos apoyo internacional para encarar esta negociación de la mejor forma posible”, afirma. Guzmán cree que las acciones asumidas, a raíz de la crisis en Venezuela, es decir, suspender una sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA sin previo consenso, van en contra de un futuro escenario de negociación.

“Bolivia se está aislando, está quedando fuera, está decidiendo por la mayoría de los países, pero además está apoyando a un gobierno que claramente ha vulnerado el hilo constitucional y el orden democrático, entonces estamos actuando en contra de lo que deberían ser nuestros intereses, estamos priorizando el interés de Venezuela”, manifiesta. Bajo ese mismo criterio, el embajador de carrera diplomática Marcelo Ostria también considera que Bolivia no debe asumir lo que ocurre con Venezuela como una ofensa particular. “Sería un error, sería autoinfligirse un problema que no corresponde”, asevera. Guzmán coincide en que el país no debe tomar la situación venezolana como si fuese propia.

El Consejo no es un supraorganismo

Jorge Gumucio, embajador de carrera y excanciller

Cuando Bolivia u otro país presiden el Consejo Permanente en la OEA siempre se respeta el deseo de la mayor parte de los Estados miembro y se trata de hacer prevalecer las decisiones internas de cada país. No es un supraorganismo, pero sí se trata de mantener las pautas sobre todo de manejo y los principios de la democracia y las leyes internas de cada país.

Una crisis como ésta  no se había dado

Marcelo Ostria, embajador de carrera diplomática

A Bolivia, por ejemplo, le toca legislar el Consejo Permanente aproximadamente cada ocho años, así que esta es una buena oportunidad, pero no le da una prerrogativa adicional, no es un cargo electivo, es una regla que trata de establecer cierta paridad entre todos los países. Una crisis similar en la OEA no hubo, no hubo decisión de un país de suspender una reunión.

Es labor de la OEA velar por la democracia

Karen Longaric, experta en materia internacional

La OEA es un organismo político por esencia y posee diversas facultades orientadas a procurar la estabilidad política de la región en su conjunto y la de los Estados miembro, cuando fuere necesario. En tal sentido, puede realizar gestiones orientadas a restablecer el orden institucional y democrático cuando hubiese sido subvertido en un país. Es el caso de Venezuela.

Los países vieron que se trata de imponer

Andrés Guzmán, experto en materia internacional

De aquí en más a Bolivia le toca presidir el Consejo y lo va a hacer con una muy mala disposición de los demás países, porque han visto que está tratando de imponer las cosas y no tratando de consensuarlas. Estamos en un órgano eminentemente democrático, en el cual se tiene que respetar la voluntad de las mayorías y los consensos que puedan darse.

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