Editorial

Carga judicial

Además de más recursos y una mayor independencia, hacen falta evaluaciones periódicas en los tribunales.

La Razón (Edición Impresa)

23:48 / 08 de enero de 2019

Según señala un reciente informe del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), en 2018 se registraron 732.435 procesos judiciales en todo el país. De este total, las causas penales representaron el 41,8% (305.957); y las civiles, el 35%; entre otros procesos. Además, el informe aclara que en Bolivia existen 830 juzgados, conformados por 1.004 jueces, de los cuales 104 se dedican al ámbito penal.

Es decir que estos magistrados tenían bajo su responsabilidad en promedio 2.941 procesos penales. Una carga procesal ciertamente excesiva, imposible de resolver en los plazos que establece la ley y con el debido estudio (los jueces tendrían que solucionar 13,3 causas al día, ya que trabajan solo 220 jornadas al año). Y esta recarga judicial previsiblemente incide en el fomento de la corrupción y en la mala calidad de la justicia y en la retardación de los procesos.

Respecto a las causas, los especialistas coinciden en que la falta de recursos es uno de los principales factores detrás de este fenómeno. Y es que el monto que se le asigna al Órgano Judicial no representa ni siquiera el 1% del Presupuesto General de la Nación (PGN). Asimismo, no sobra recordar que este poder del Estado carece de independencia económica, pues para funcionar depende del dinero que le asigna anualmente el Ejecutivo, lo que lo subordina inevitablemente al gobierno de turno.

De allí la importancia de al menos triplicar su presupuesto, para hacer lo propio con el número de jueces y fiscales; a tiempo de mejorar la infraestructura, equipar las salas de audiencia con medios tecnológicos, reforzar los mecanismos de investigación en el Ministerio Público y particularmente los salarios de los magistrados. Adicionalmente, urgen esfuerzos para garantizar su independencia económica, como sucede por ejemplo con la Asamblea Legislativa, que aprueba su presupuesto de manera autónoma. Se trata de condiciones imprescindibles para impulsar la modernización, independencia, eficacia e imparcialidad de la Justicia.  

Esto por un lado, pues por otra parte se sabe que la retardación de justicia devine no solo por la gran cantidad de procesos que deben resolver los juzgados, sino también por la extrema ineficiencia que impera en los tribunales del país. Por ejemplo, según un estudio elaborado por la abogada Pamela Delgadillo con el apoyo del Programa de Investigación Estratégica en Bolivia (PIEB), en 2014 y en 2015 se resolvieron únicamente el 9% y el 13% de los procesos judiciales, respectivamente; porcentaje incluso menor al registrado hace dos décadas, cuando se resolvían en promedio el 20% de los casos.

Por tanto, además de más recursos y una mayor independencia, hacen falta evaluaciones periódicas que midan el trabajo de los jueces en función de las sentencias que dictan mensualmente, lo que permitiría diferenciar a los magistrados probos de aquellos sin interés por la pronta justicia.

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