Las reglas son claras y fueron publicitadas en febrero de este año antes de que se inicie la gestión escolar: los establecimientos educativos deben respaldar la propiedad de los predios en los que funcionan o, en su defecto, tener un contrato de alquiler o de anticrético por seis años para poder operar. En La Paz hay dos colegios en riesgo de no poder funcionar en 2019 por falta de este requisito.

Se trata del Colegio Internacional del Sur (Colesur), que no tiene el derecho de propiedad sobre el edificio donde funciona desde su creación, décadas atrás. De ahí que la Resolución Administrativa 527/2018 de la Dirección Departamental de Educación (DDE) disponga el cierre definitivo del establecimiento. El segundo centro educativo en riesgo es el colegio Loretto, cuyo predio está en litigio con el Jockey Club desde hace muchos años y, por tanto, no puede respaldar el derecho de propiedad.

Respecto de la situación del Colesur, la Directora Distrital de Educación señaló que se ha activado un plan de contingencia para buscar cupos en otros establecimientos particulares para los 250 estudiantes. El director de este colegio afirma que el cierre es arbitrario porque hay un litigio en curso con los supuestos dueños del predio y cabe esperar que se dicte una sentencia antes de tomar decisiones.

Similar es el argumento de los administradores de la Cooperativa de Educación Colegio Loretto Ltda., quienes afirman que están a la espera de un amparo constitucional para resolver el litigio por la propiedad del terreno, el cual debería solucionarse en enero próximo. De declararse improcedente el amparo, el colegio deberá encontrar un nuevo predio donde se brinden las clases, cumpliendo los requisitos de calidad exigidos por la norma, o cerrar sus puertas. Para la DDE, el caso es igual al del Colesur y deberá ejecutarse un plan de contingencia similar.

No son los únicos colegios en riesgo. Según la Directora Distrital de Educación, de 66 colegios privados de su jurisdicción 10 no tienen toda su documentación en regla. Incluso hay establecimientos con menos de medio centenar de estudiantes regulares, lo cual pone en riesgo su viabilidad económica. Los demás afrontan el problema de no tener una infraestructura adecuada o los papeles que acrediten el derecho a usar el terreno y la edificación.

Ciertamente importa menos el problema de la empresa educativa y su viabilidad que el de las y los estudiantes que resultan afectados por estos problemas. Un colegio es mucho más que la infraestructura donde funciona: tiene una identidad y, sobre todo, una cultura, que con el cierre del establecimiento se pierden, afectando a quienes allí se formaban como bachilleres. Las autoridades en estos casos se limitan a cumplir con una norma, que —bien mirada— protege al estudiantado. Habrá que reclamar a los administradores que no lograron resolver sus problemas a tiempo.