Editorial

Contrabando de autos

Los contrabandistas de coches se jactan de haber creado un mercado impenetrable para los militares.

La Razón (Edición Impresa)

23:55 / 04 de junio de 2019

Hasta hace unos años, Challapata, una localidad orureña cercana a la frontera con Chile, era considerada el mercado más importante de automóviles de segunda mano internados de contrabando en el país. La acción de la Aduana logró cambiar esa situación; sin embargo, no acabó con el ilícito negocio, que ahora se produce en Pampa Colorada, un pequeño pueblo en el norte de Potosí.

Se trata de una localidad de aproximadamente 200 habitantes ubicada sobre la Diagonal Jaime Mendoza, cerca de Macha y Pocoata, a 425 kilómetros de La Paz y a unas siete horas de viaje desde Oruro. Los miércoles y sábados, el letargo propio de los pueblos rurales cede el paso en aquella población a una vibrante feria, donde centenares de personas ofertan miles de automóviles internados de contrabando desde Chile.

Para llegar a Pampa Colorada, según el relato de un periodista de La Razón que se trasladó hasta aquel lugar, uno debe viajar en algún coche también ilegal conducido por alguien conocido de los comerciantes. Allí los contrabandistas y vendedores de autos se jactan de haber creado un mercado impenetrable para los militares, encargados de la lucha contra el contrabando desde hace tiempo.

Además de comportamientos temerarios y peligrosos arsenales, los contrabandistas han desarrollado extensas redes de apoyo en todos los pueblos fronterizos; lo cual significa que el delito ha pasado a tener “carta de ciudadanía” y que el respeto a las leyes es, más bien, la excepción. Por ello, los pocos policías destinados a Pampa Colorada prefieren hacer “la vista gorda” frente a la ilícita feria que se desarrolla dos veces por semana, y aseguran que es responsabilidad de las Fuerzas Armadas combatir este mercado.

Por otro lado, los contrabandistas de automóviles no solo vulneran la prohibición de internar mercadería sin pasar por los respectivos controles aduaneros, sino también la de internar vehículos con más de cinco años de antigüedad. De ahí que en La Paz y en muchas otras ciudades los coches dedicados al servicio de trufi se renuevan en cuestión de pocos meses sin tener que acudir a las casas importadoras de automóviles.

Naturalmente, junto con la venta de vehículos indocumentados también se ha activado el mercado negro de combustibles, pues según la norma no se puede cargar gasolina o diésel a coches ilegales. Una vez más, la ley no es más que una declaración sin fuerza para estas personas, acostumbradas a hacer grandes negocios en los confines del país y a presumir sus fortunas en las ciudades capitales.

Es difícil señalar qué debe hacerse, a sabiendas de que son cotidianos los enfrentamientos, a menudo armados, entre contrabandistas y militares, pero ciertamente lo menos deseable es celebrar como indicador de buena salud de la economía el que sigan circulando coches indocumentados, o que prosperen los negocios asociados al contrabando.

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