El cierre del Gobierno federal de EEUU, que ya va por su segundo mes sin visos de solucionarse, ha cobrado un nuevo matiz luego de que el presidente Trump intentase usar nuevamente a los cerca de 700.000 jóvenes que emigraron en su niñez al país del norte sin documentos (conocidos como “dreamers”) para garantizar la construcción del muro en la frontera con México que prometió a sus lectores.

En concreto, el pasado fin de semana Trump ofreció ampliar por tres años el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, impulsado por Obama para evitar la deportación de los dreamers. Además, propuso una medida similar para los cerca de 400.000 inmigrantes afectados por la cancelación de otro amparo migratorio, el Estatus de Protección Temporal (TPS). Como era previsible, al igual como ocurrió con las otras tres veces que el Mandatario intentó usar a los dreamers como moneda de cambio, los demócratas rechazaron su propuesta, por lo que los cerca de 800.000 funcionarios que se han visto afectados por el cierre del Gobierno seguirán sin recibir sus salarios; afectando en mayor o menor medida a los ciudades que dependen del servicio que éstos proporcionan

En cualquier caso, este chantaje pone nuevamente en relieve las deficiencias estructurales de las que adolece el sistema político estadounidense, en tanto se sostiene sobre la base de un modelo cuyo objetivo último no es el de satisfacer las necesidades de la gente, sino maximizar, a como dé lugar, los intereses de los grupos que manejan los hilos del poder.