Además de tener que lidiar con jueces y fiscales que dictan fallos según las posibilidades financieras de los acusados, y no con apego a la ley ni a la justicia como correspondería, en el país los ciudadanos corren el riesgo de toparse con abogados especialistas en extorsionar a pedido de sus clientes o en función de sus propios intereses. Claro ejemplo de ello son los videos que están circulando en internet que muestran a Jhasmany T., un abogado que, junto con varios otros individuos, agrede y amenaza a dos varones para que paguen sus presuntas deudas.

Por otra parte, ha salido a la luz pública que Jhasmany T. estaría enfrentando al menos dos procesos judiciales. Uno de ellos entablado por sus propios progenitores, a quienes habría obligado a transferirles un inmueble a su favor. El otro fue iniciado por un mecánico al que Jhasmany T. habría obligado a firmar, con amenazas y agresiones de por medio, un documento en el que asegura haber recibido $us 20.000 por la devolución de un anticrético, pese a que tal reembolso nunca habría ocurrido. Para mayor encono, el Ministro de Justicia declaró que al parecer este abogado operaba en contubernio con autoridades del Ministerio Público, de la Policía y, particularmente, de jueces.

Estos hechos ponen nuevamente en relieve la aguda crisis que atraviesa el sistema judicial del país, la cual en los últimos años se habría profundizado al extremo de que hoy en día parte de la ciudadanía la considera como una organización dedicada a “recaudar” dinero antes que a impartir justicia.