Editorial

Violencia sexual

Uno de los problemas más agudos de la sociedad boliviana es la violencia de género y sexual contra mujeres, niñas y niños dentro de los hogares. El caso de Fidel Herrera, en Sucre, se cuenta entre los muchos que suman la agravante de violación de un padre a una hija. Delito que indigna y que por su tenor requiere, más que ningún otro, de una justicia ejemplarizadora.

La Razón

01:00 / 22 de diciembre de 2010

El tema tiene múltiples aristas que los entendidos aconsejan no descuidar para abordarlo de una manera integral. Con características estructurales, caben en él los aspectos cultural, sociológico, jurídico y antropológico, según la visión autorizada de un grupo de reconocidas investigadoras que hace algunos años publicaron el libro Rompiendo silencios: una aproximación a la violencia sexual y al maltrato infantil en Bolivia, gracias al apoyo de la Coordinadora de la Mujer, el Defensor del Pueblo, Unicef, la Embajada Real de Dinamarca y la Unión Europea.

Allí se habla, por ejemplo, de la violencia como mecanismo de regulación del comportamiento, estando éste influido por una sociedad todavía patriarcal y discriminatoria. Y, en ese marco, las principales víctimas son las niñas y los niños. Luego, las mujeres.

Vale preguntarse, como lo hacen Pamela Calla, Rossana Barragán, Cecilia Salazar de la Torre, Teresa Arteaga y Carmen Soliz en su libro, cuál es el papel que están desempeñando la escuela, la justicia, la familia y la comunidad en la protección y garantía de los derechos humanos. Sin duda, hay un vacío, y hasta una desconexión entre estas entidades, que deja abierta las puertas a la violencia y, dentro de ésta, a la más aberrante de todas: la violación.

El caso del ex alcalde Fidel Herrera toca a la sensibilidad de todos no sólo porque se trata de un personaje público, sino por las características de la denuncia presentada por su propia hija, a quien la ex autoridad sucrense habría abusado durante años. Herrera se encuentra en la cárcel y pidió un juicio abreviado luego de reconocer su culpabilidad. La Comisión de DDHH de la Cámara de Diputados tiene una posición contraria a esa solicitud; por último, se ha pronunciado a favor de que el Ministerio Público consulte a la víctima para ver si acepta o no el pedido de Herrera.

Más allá de lo que indique la ley, en el estricto Derecho, se abre un debate sobre el castigo que, a consideración de la víctima y de sus Derechos Humanos, deben recibir los violadores. Este delito es muy grave por las secuelas que deja en sus víctimas, tales como embarazos y traumas; pero además desnuda el abuso de poder del abusador y la evidencia de que el enemigo está dentro de casa, muy rara vez en las calles. Basta de hipocresías, de tabúes y negaciones inconcebibles. Aquí se necesita firmeza para tener una Justicia que haga justicia con las mujeres, niños y niñas.

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