Editorial

Rigor comunicacional

Hechos de esta naturaleza ponen en relieve la importancia de mejorar la comunicación institucional del Estado.

00:56 / 23 de febrero de 2018

Actores políticos de la oposición y del oficialismo, así como de la sociedad civil en general, concuerdan en la necesidad de reforzar la comunicación entre el Estado y los ciudadanos, desde todos los niveles gubernamentales, más aún en una época en la que los datos falsos y/o distorsionados pueden llegar a la mayoría de los hogares con una velocidad nunca antes vista.  

Y es que además de las noticias falsas concebidas y difundidas para generar pánico y confusión entre la gente, también se suele transmitir información gubernamental errónea y/o incompleta, susceptible no solo de desinformar, sino también incluso de alimentar temores en ciertos ámbitos sensibles de la sociedad.

A modo de ejemplo, cabe recordar que las declaraciones oficiales iniciales sobre la primera explosión registrada el sábado de Carnaval en Oruro, la cual causó ocho muertos y 50 heridos, apuntaron al presunto estallido de una garrafa de gas licuado. Estas declaraciones generaron preocupación y desconcierto en muchas familias que usan este combustible para cocinar y/o calentar sus hogares. Sin embargo, luego de que se registrase una segunda explosión dos días después, y a medida que las pesquisas revelaron resultados preliminares, las autoridades formularon una nueva hipótesis, que ahora apunta a la instalación deliberada de explosivos por motivos que siguen siendo investigados.

De igual manera, en las redes sociales empezaron a circular comentarios de actores políticos conocidos atribuyendo la autoría de estos atentados ora a la oposición, supuestamente para desestabilizar al Gobierno; ora al oficialismo, para infundir temor entre la ciudadanía de cara a la manifestación en defensa de los resultados del 21F. Afirmaciones que, como bien señalaron el resto de los usuarios, estaban fuera de lugar, por decir lo menos.

Otro ejemplo de desinformación y sus efectos fue aquel que experimentaron las primeras sospechosas de la desaparición de Jesús Cañisaire y Carla Bellott. Una de ellas fue Joselyn Q. V., de 23 años, quien fue aprehendida en Oruro luego de que alguien insertase el chip de Cañisaire en un teléfono que estaba registrado a su nombre, pero que se lo habían robado a su prima en octubre de 2017. Si bien después de varias semanas se libró de toda culpa a Joselyn, ella estuvo detenida varios días y su nombre se filtró a la prensa como presunta cómplice de la desaparición de la pareja. A raíz de ello, esta joven y su familia fueron amedrentadas por propios y extraños, y su dignidad fue mellada.

Hechos de esta naturaleza ponen en relieve la necesidad de mejorar la comunicación institucional del Estado, evitando declaraciones de prensa apresuradas, así como la difusión de información basada en conjeturas antes que en hechos e investigaciones concretas; máxime tomando en cuenta que además de restar credibilidad a las instituciones estatales, este tipo de desinformación contribuye a generar temores y falsas expectativas en la población, que a la postre pueden afectar la realidad y la vida de las personas.

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